Ordóñez: “Los críticos no son enemigos de la paz”

Aunque la temperatura ha bajado en la confrontación entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe alrededor del proceso de paz, el procurador Alejandro Ordóñez, en una carta que le envió a David Barguil, presidente del Partido Conservador, insiste en la necesidad de hacer un “gran pacto por la paz” y adelantar una discusión en la sociedad en torno a los acuerdos de paz que alcancen el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

En la carta, que es una respuesta a la misiva que el dirigente conservador le envió el pasado 23 de octubre, en la que le pidió al procurador liderar esa discusión nacional, Ordóñez conminó a los partidos políticos, como representantes de la sociedad, a que lideren ese diálogo ciudadano.

Pero más allá de eso, Ordóñez hace un a defensa de aquellos que exponen sus argumentos e inquietudes en torno al proceso, y también las dudas que en particular le genera el actual proceso de paz.

“Contribuir a la paz no implica dejar de lado los principios, las convicciones y la firmeza de las posturas políticas. Contribuir a la paz no implica callar lo que en los acuerdos cause inquietud y ello no puede convertir a nadie en enemigo de la paz”, dice el jefe del Ministerio Público.

Con ello, el procurador dice que a pesar de que se hayan firmado acuerdos en tres puntos de la agenda entre el Gobierno y las FARC, estos son parciales y no son verdades absolutas.

“Conforme al principio que rige la negociación con la guerrilla, consistente en que "nada está acordado, hasta que todo esté acordado", los acuerdos parciales son borradores sobre los que la sociedad puede y tiene el derecho a influir. No se deben deslegitimar o invalidar per se, tampoco consagrarlos como verdades reveladas que no se pueden cuestionar u objetar”.

En la carta, el procurador también enumera múltiples interrogantes que, dice, deben ser materia de discusión ciudadana. “Vendrán otros temas que requieren el más alto grado de consenso posible. ¿Qué mecanismo de refrendación es el más adecuado? ¿Cómo asegurar que la llamada ‘paz territorial’ institucionalice el Estado en el territorio y no a las FARC en el territorio? ¿Cómo cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas?”

Ordóñez se pregunta además: “¿Cuál debe ser la duración de las penas privativas de la libertad? ¿Qué límites imponer para la participación en política a perpetradores de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que respecto a los condenados por narcotráfico? ¿Cómo evitar que la guerrilla convierta el proceso en una gigantesca operación de lavado de activos?”

“Todos asuntos frente a los cuales no basta el acuerdo de los ‘plenipotenciarios’ del Gobierno y las FARC; se requiere, insisto, la mayor coincidencia posible de las más diversas voluntades, en el marco de un pacto para la paz”, puntualiza el procurador general, que dice que sin esa discusión nacional se podrá firmar el acuerdo con las FARC, “pero no se logrará la reconciliación entre todos los colombianos”.

Por eso asegura que solo dicho pacto “será el que garantice a las FARC que lo que se acuerde se cumpla y asegure a la sociedad colombiana y al mundo que la paz duradera y estable es el producto del respeto por los derechos de las víctimas, de que en vez de impunidad exista rigurosa administración de justicia para castigar las atrocidades, al igual que el acuerdo concrete la disolución definitiva de la guerrilla como aparato armado y criminal, esto es, consiga su desarticulación, la total desmovilización de sus integrantes, así como la entrega o destrucción de las armas”.

Vea la carta:

"Doctor
David Barguil Assis
Presidente
Partido Conservador Colombiano 

E.S.D.

Respetado señor presidente:

En nombre del Partido Conservador acierta usted en interpretar el espíritu del planteamiento hecho el pasado 23 de octubre en Valledupar. Colombia necesita un Pacto para la Paz entre todos los sectores sociales y políticos para avanzar hacia la paz sin impunidad.

Se trata de construir entre todos un espacio de diálogo nacional, como lo señala en su carta, donde se puedan discutir con profundidad y respeto las diferentes posiciones que surgen alrededor de las conversaciones de La Habana. Contribuir a la paz no implica dejar de lado los principios, las convicciones y la firmeza de las posturas políticas. Contribuir a la paz no implica callar lo que en los acuerdos cause inquietud y ello no puede convertir a nadie en enemigo de la paz.

En representación de los intereses de la sociedad, misión encargada por la Constitución a la Procuraduría General de la Nación, consideramos que es indispensable propiciar una amplia deliberación ciudadana sobre los acuerdos parciales alcanzados entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana. Se trata de que se expresen todos los criterios, sin discriminación alguna, sobre el contenido y alcance de los mismos.

Conforme al principio que rige la negociación con la guerrilla, consistente en que "nada está acordado, hasta que todo esté acordado", los acuerdos parciales son borradores sobre los que la sociedad puede y tiene el derecho a influir. No se deben deslegitimar o invalidar per se, tampoco consagrarlos como verdades reveladas que no se pueden cuestionar u objetar.

A los partidos políticos como representantes del conjunto de la nación les corresponde promover el conocimiento de los acuerdos y suscitar las más amplias discusiones.

Vendrán otros temas que requieren el más alto grado de consenso posible. ¿Qué mecanismo de refrendación es el más adecuado? ¿Cómo asegurar que la llamada "Paz Territorial" institucionalice el Estado en el territorio y no a las FARC en el territorio? ¿Cómo cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas? ¿Cuál debe ser la duración de las penas privativas de la libertad? ¿Qué límites imponer para la participación en política a perpetradores de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que respecto a los condenados por narcotráfico? ¿Cómo evitar que la guerrilla convierta el proceso en una gigantesca operación de lavado de activos? Todos asuntos frente a los cuales no basta el acuerdo de los "plenipotenciarios" del Gobierno y las FARC, se requiere, insisto, la mayor coincidencia posible de las más diversas voluntades, en el marco de un Pacto para la Paz.

¿Cómo no vamos a ser capaces de que los más fuertes críticos del proceso y sus más acérrimos defensores discutan? ¿De que los ciudadanos de las más disímiles opiniones, con partido o sin partido, puedan sentarse a debatir? ¿De qué las víctimas hagan sus reclamos y de que los victimarios las reconozcan? Sin eso se podrá firmar el acuerdo con las FARC, pero no se logrará la reconciliación entre todos los colombianos.

Debatir los acuerdos con respeto, sin dogmatismos, con rigurosidad y con más razón que pasión, puede ser el punto de partida de un proceso que nos conduzca a partidarios y críticos del proceso de paz a reconocer en la diferencia coincidencias y, a partir de ello, conseguir un Pacto para la Paz.

Será ese Pacto el que garantice a las FARC que lo que se acuerde se cumpla y asegure a la sociedad colombiana y al mundo que la paz duradera y estable es el producto del respeto por los derechos de las víctimas, de que en vez de impunidad exista rigurosa administración de justicia para castigar las atrocidades, al igual que el Acuerdo concrete la disolución definitiva de la guerrilla como aparato armado y criminal, esto es, consiga su desarticulación, la total desmovilización de sus integrantes, así como la entrega o destrucción de las armas.

A eso quiere contribuir la Procuraduría. Tarea que solo es posible con el liderazgo de quienes son los representantes del pueblo y tienen la responsabilidad de conducir al país desde el ejecutivo y el legislativo.

Le agradezco mucho su comunicación y espero tener la oportunidad de compartir personalmente en los próximos días estas apreciaciones".