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Con la reelección de ordóñez los godos aseguraron respaldo y vocería para su agenda | Foto: DANIEL REINA ROMERO/SEMANA

POLÍTICA

Alejandro Ordóñez: reelección controvertida

El segundo período del procurador general Alejandro Ordóñez se caracterizará por la continuidad en la lucha contra la corrupción y la defensa a ultranza de valores conservadores. Pero existen interrogantes sobre los derechos de las minorías, el proceso de paz y su relación con el gobierno.

1 de diciembre de 2012

La jornada del pasado martes en el Senado se podría haber llamado "crónica de una reelección anunciada". Siguiendo todo pronóstico, Alejandro Ordóñez, quien desde enero había anunciado su deseo de aspirar y quien lideró una aguda campaña política para asegurar su victoria, fue reelegido como procurador con 80 votos de 93 posibles. Fue un triunfo contundente que se logró con el apoyo de la Unidad Nacional, en especial de las bancadas mayoritarias: La U, los conservadores y el Partido Liberal.

La magistrada María Mercedes López, ternada por el presidente Juan Manuel Santos, quien por un breve lapso puso en jaque la elección al presentar su renuncia a última hora, sacó cinco votos y, por su parte, Orlando Gallo, candidato del Consejo de Estado, sacó dos votos. Sin sorpresas ni demoras, Ordóñez "no fue elegido, fue ungido por el Congreso", según una fuente de SEMANA que estuvo presente y confirmó el enorme poder político que maneja Ordóñez. Como en otras ocasiones, la presión de las redes sociales, contrarias a la reelección de Ordóñez, no hizo mella en la decisión de los legisladores colombianos y las voces de protesta apenas quedaron registradas en Twitter y Facebook. Desde el martes quedó claro que hay procurador para rato.

"Ustedes saben a quién han elegido, no seré infiel a mis deberes constitucionales", afirmó a los congresistas, después de agradecerle a Dios, a su familia y a los funcionarios de la Procuraduría. Y en efecto, Ordóñez nunca ha escondido sus creencias religiosas, políticas e ideológicas, aunque en más de una ocasión hayan generado polémica. En su discurso también quedó claro que en los próximos cuatro años sus actuaciones serán coherentes. "Me comprometo frente a ustedes a seguir ejerciendo con el mismo talante, el mismo carácter y la misma independencia", dijo en el recinto del Senado. Por esto mismo es probable que sus declaraciones sigan produciendo urticaria en algunos sectores y aplausos en otros. También se da por descontado que dé continuidad a su lucha contra la corrupción y que siga siendo implacable con las normas sin distinción ni color político. Por ejemplo, en su primer periodo logró 800 acciones preventivas y no le tembló la mano para destituir a 18 congresistas y 14 gobernadores.

Gozará de amplia independencia frente al gobierno, pues no fue ternado por el presidente Santos, y es muy probable que conserve una cercana relación con la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la contralora Sandra Morelli, su aliada en la lucha contra los corruptos. También se da por descontado que mantendrá su férrea oposición a temas de la 'agenda liberal' como la eutanasia, el aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo, aunque implique choques con la Corte Constitucional, el Partido Liberal y sectores de la academia. En otras palabras, Ordóñez seguirá construyendo su legado con mano fuerte y se consolidará como un peso pesado -amado y odiado- de la política nacional.

Sin embargo, también es cierto que la coyuntura colombiana ha cambiado. Aunque sale empoderado de su elección, la campaña para lograrla reveló una astucia política, un don de manzanilla y un toque clientelista que pocos reconocían en Ordóñez. Varias investigaciones y denuncias de portales como La Silla Vacía y académicos como Rodrigo Uprimny han dejado al descubierto que más de un congresista y magistrado tiene cuotas burocráticas en la Procuraduría, en especial en las oficinas regionales. También es cierto que si bien la presión de las redes sociales no fue suficiente para tumbarlo, si le hizo mella a su prestigio. Cadenas como ChaoOrdóñez y Procura revelaron una desazón de sectores progresistas frente a su gestión. Tampoco le fue muy bien en su enfrentamiento con la Corte Constitucional, que probó que se había extralimitado en sus funciones y lo obligó a emitir una rectificación en el tema del aborto. Por esto, con un prestigio mermado, en su nuevo periodo deberá redoblar sus argumentos cada vez que tome una decisión y deberá cuidarse en otorgar garantías a quienes no piensen igual que él y de apartar sus creencias personales de sus decisiones. Si esto no sucede, su credibilidad como funcionario público será controvertida cada vez más.

Otro tema que inevitablemente tendrá que afrontar en este nuevo periodo desde el Ministerio Público es el proceso de paz. No es un secreto para nadie que Ordóñez no es un convencido del mismo. En su discurso en el Senado dijo que la paz no puede ser a cualquier precio y se declaró "escéptico pero no hostil" al diálogo de La Habana. Al ser la paz la mayor apuesta política del gobierno Santos, no hay duda de que Ordóñez estudiará la Mesa con lupa y no hay por qué descartar algún enfrentamiento en el desarrollo de las negociaciones. Después del rifirrafe por la postulación de Ordóñez, aún no es claro en qué términos se encuentra la relación entre el Ejecutivo y el procurador. Lo único que es cierto es que el jefe del Ministerio Público no le debe nada a nadie y puede actuar con total independencia frente al gobierno. Y por último, Ordóñez, por convicción, enfilará sus energías contra las iniciativas de espíritu liberal que se discuten actualmente en el Congreso y que serán el grueso de la agenda de la legislatura que comenzará el próximo año en marzo. Proyectos que van lento pero seguro como la eutanasia y el matrimonio para parejas del mismo sexo tendrán un duro opositor.

Pero más allá de sus retos y promesas, pocos han caído en cuenta que la reelección del procurador también significó un cambio en las placas tectónicas de la política colombiana. Al ser refrendado el mandato de Ordóñez, el conservatismo -que venía de capa caída- aseguró el respaldo de un vocero político de talla nacional que defienda sus causas y encarne sus ideales. En medio de un gobierno de talante liberal como el de Santos, los conservadores se sentían como el "patito feo y sin identificación ideológica con el gobierno", según Efraín Cepeda, presidente de la colectividad. Con Ordóñez al mando de una de las entidades más poderosas del Estado, un nuevo magistrado conservador en la Corte Constitucional y ministros de pura cepa conservadora como Juan Gabriel Uribe en Ambiente, Mauricio Cárdenas, encargado de la chequera de Hacienda, y Juan Camilo Restrepo en Agricultura, los godos se sienten bien representados. "En él tenemos un personaje de talla nacional, una cabeza visible que habla nuestro mismo idioma", afirma Cepeda.

También es cierto el dicho de Álvaro Gómez, quien alguna vez afirmó que en Colombia hay más conservatismo que Partido Conservador, lo que puede asegurar un mayor apoyo a las causas de Ordóñez y un creciente respaldo popular hacia él. "Los temas en los que él insiste le importan al pueblo colombiano", dice una fuente cercana al procurador. Según la más reciente entrega de Colombia Opina, de Napoleón Franco para la Gran Alianza SEMANA-RCN, aunque solo el 20 por ciento pensaba que el procurador debía ser reelegido, las banderas que él defiende gozan de amplia aceptación. Por ejemplo, 66 por ciento de los encuestados está en desacuerdo con el matrimonio de las parejas del mismo sexo, 76 por ciento no aprueba el aborto, 52 por ciento desaprueba la eutanasia y 78 por ciento se declara en desacuerdo con legalizar la droga. En este sentido es indudable que si bien Ordóñez no es bien recibido por la vanguardia del país, sus planteamientos sí hacen eco en el sentir popular. Es la misma conservatización del país que se vivió durante los años del presidente Uribe y que sin duda hace parte de la conciencia colectiva de un país mayoritariamente católico.

Ordóñez, quien no esconde su fe, tendrá que demostrar que es independiente, que otorga garantías y, más que nada, que entiende los límites de su designación como jefe del Ministerio Público.