Derroche de seguridad: el caso Alejandro Ordóñez

La semana pasada tuvo lugar un miniescándalo que puede traer consecuencias de largo alcance a corto plazo. Se trata de la revelación, en forma detallada, de cómo ha sido el esquema de seguridad del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Cuando ejercía el cargo, ese esquema estaba constituido por 73 personas y 14 vehículos. Estos elementos se dividían así. La Policía le ponía 43 agentes y 2 carros, y la división de seguridad de la Procuraduría le asignó 30 escoltas y 12 carros. A todo esto habría que sumar un esquema adicional con el que el Ejército hasta hoy vigila su domicilio, pero cuyos detalles permanecen por el momento en reserva.

Con Ordóñez retirado del cargo, hoy la cifra ha cambiado. SEMANA pudo establecer que en la actualidad el exprocurador cuenta con 19 escoltas y 9 carros, lo cual es una exageración y un costo enorme para los contribuyentes. De los vehículos solo uno es de la Policía, mientras que la Procuraduría provee los otros ocho: cuatro para él, uno para su esposa y los otros tres para sus tres hijas.

El viernes, en entrevista con La W, Ordóñez explicó el asunto diciendo que él no impone por “caprichos” personales el número de personas y vehículos de su esquema, sino que este surge de una resolución interna de la Procuraduría.

Ordóñez contó que, cuando llegó al ente de control, encontró una resolución de Jaime Bernal Cuéllar del año 2000 que establecía que el procurador saliente podía mantener durante un año 75 por ciento de su esquema, y luego extenderlo por el tiempo requerido. Como podía prorrogarse indefinidamente, algunos exfuncionarios, según él, contaban con esquemas hasta por siete años.

Ordóñez decidió cambiar la situación y expidió en 2013 una nueva resolución que condicionó los esquemas a lo que dicten los estudios de seguridad. Por esta razón, según él, la estructura de protección de un exprocurador, que antes no tenía un límite de tiempo, hoy lo tendría por cuatro años, siempre y cuando fuera considerado necesario.

El exprocurador también sostuvo que prácticamente todos sus antecesores mantuvieron “por varios años” el esquema que les fue asignado. SEMANA pudo establecer que los procuradores Carlos Gustavo Arrieta, Jaime Bernal Cuéllar y Edgardo Maya lo mantuvieron entre cuatro y siete años después de haber salido del ente, pero con cierta moderación.

Independientemente de quién fue el responsable del esquema de seguridad de Alejandro Ordóñez, lo que quedó claro es que es un absurdo. La Procuraduría es responsable del control disciplinario de los funcionarios públicos. No persigue a guerrilleros, ni a narcotraficantes, ni a bacrim, ni a ninguna organización que ponga en peligro inminente su seguridad personal. Tener a 73 personas y 14 vehículos con un costo para el contribuyente de más de 60.000 millones de pesos por el tiempo dura un procurador en el cargo, en el caso de Ordóñez ocho años, es desproporcionado. Tampoco se justifica que la esposa y las hijas del exprocurador requieran de protección como si fueran altas funcionarias del Estado.

El hecho de que estos excesos se hayan hecho públicos ha puesto sobre el tapete un tema que Colombia deberá tratar en un futuro no muy lejano: la exageración y la falta de justificación de centenares de esquemas de seguridad de personas que no la necesitan. La revelación de este escandaloso episodio podría servir para ponerle lógica a una situación que pudo haber tenido justificación en el pasado, pero que con el inminente fin de los conflictos armados va a tener que ser revisada. Las personas con riesgos reales tienen todo el derecho a una protección efectiva del Estado. Pero hay que acabar con el hábito de que una vez retirados del cargo, esta se prolonga indefinidamente.