Alertas por falsas reclamaciones de tierras

Hace dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos presentó el balance del programa de restitución de tierras, política bandera del gobierno. “Cerca de 100.000 hectáreas han regresado a sus legítimos dueños, beneficiando a unas 3.000 familias”, dijo el jefe de Estado.

Más allá de reconocer que se trata de un programa complejo, que toca intereses muy poderosos y que tiene muchos enemigos, hay que decir que el avance presentado es demasiado pequeño frente a las expectativas que se habían creado. En 2011, cuando se lanzó el programa, se habló de por lo menos dos millones de hectáreas a restituir, en el transcurso de cuatro años. Es decir, va el 5 % de esa meta.

Aunque un importante logro es que hoy un proceso de restitución toma poco menos de un año –cuando antes tardaba hasta una y dos décadas–, el mismo gobierno reconoce que hay que ponerle acelerador para que esta política de reparación a las víctimas del conflicto armado no se quede en un sueño y pase a la realidad.

Pero no solo hay que ponerle mayor ritmo, sino también corregir graves  deficiencias que en la marcha ha tenido el modelo. Una de las más preocupantes es que han aparecido mafias y avivatos que se quieren aprovechar de la restitución. Si bien la Ley de Restitución contempló un nuevo tipo penal para castigar –con 8 años de cárcel– a los falsos reclamantes de tierras, esto no ha impedido que algunos intenten meterle ‘goles’ al Estado. El programa no solo ha tenido que luchar contra grandes despojadores, como grupos armados y sus testaferros, y que han dejado a más de 30 líderes asesinados en los últimos años, sino también contra falsas víctimas.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ha alertado sobre varios casos. Según el funcionario, las autoridades investigan 150 denuncias en este sentido, pero se teme que hayan más de 200 procesos de posibles falsos reclamantes. “Hay una gran cantidad de campesinos que son campesinos y hay otras que son falsas víctimas”, dijo.

Prácticamente se ha montado un negocio, en el que incluso hay abogados involucrados que asesoran a campesinos para que inicien procesos y así obtener un porcentaje del valor de los precios como pago. Dentro de los casos que se han detectado hay personas que vendieron voluntariamente sus predios, pero que ahora se arrepintieron o ven la oportunidad de obtener una mayor ganancia.

Como la Unidad de Restitución es el primer filtro antes de que los procesos de reclamación lleguen a los jueces y magistrados, allí es donde muchos piensan que se deben afinar los controles para que no aparezcan los oportunistas.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, afirma que los propietarios con tierras adquiridas de buena fe no tienen por qué temerle a la restitución, pues el Estado les brinda garantías.

¿Despojadores o víctimas?

Hay varias denuncias sobre falsas restituciones que afectan a campesinos y a reconocidas empresas que están a punto de tener colgado el rótulo de despojadores, cuando alegan que son compradores de buena fe.

En uno de estos casos, está involucrada la empresa Argos que entre 2005-2010 compró por 4.000 millones de pesos, 2.000 hectáreas para un proyecto forestal en San Onofre, Sucre. Muchas de esas tierras fueron adquiridas a una familia de gran tradición en Sincelejo, que vendió voluntariamente, e incluso les ayudó a negociar otros predios con propietarios cercanos.

La sorpresa para la compañía llegó cuando aparecieron 42 solicitudes de restitución, relacionadas con las tierras que la cementera ocupa hoy. Los reclamantes sostienen que para el 2005 había violencia en la zona. Sin embargo, Argos alega que antes de empezar a comprar tierras en San Onofre consultaron al Ejército Nacional y otras entidades del Estado para saber si era seguro operar en el territorio. Un argumento de la cementera es que la familia que les vendió también negoció predios con otras personas, a las que hoy no les reclama, lo que les hace suponer que quieren sacar una tajada grande por tratarse de una importante multinacional.

Argos ha invertido 25.000 millones de pesos en estas tierras, en un proyecto en el que también participa Finagro y fondos de pensiones. Este caso está en manos de un juez agrario y pasará al tribunal de tierras de Cartagena.

En Santander y Norte de Santander, campesinos y pequeños empresarios también viven su propio drama. En 2007, Raúl Cruz, un pequeño empresario, compró 10 hectáreas en la vereda La Rampachela de El Zulia, Norte de Santander, pero el año pasado perdió su tierra.

El Tribunal Superior de Cúcuta ordenó quitarle el predio y su proyecto productivo y entregarlo a José del Carmen Rivera, un campesino de la zona, quien reclamó ser el dueño, pues lo había adquirido a través del antiguo Incora. En la investigación se encontraron inconsistencias, pues Rivera se declaró desplazado por el EPL en 1996, pero en una carta que le envió al Incora en 1998 pidió permiso para vender el predio, argumentando problemas de salud.

La abogada que representaba a la Unidad de Restitución de Tierras advirtió a los magistrados, a cargo del caso, que tenía serias dudas de que el reclamante fuera una verdadera víctima. Por su parte, el Banco Agrario que se vio perjudicado por esta restitución, pues le había hecho un préstamo a Raúl Cruz, señaló en una carta que en los “procesos de restitución de tierras se están cometiendo flagrantes violaciones a los derechos de los opositores”.

Este caso de Zulia llama la atención, porque contrario a la decisión del Tribunal, la Fiscalía imputó cargos y acusó a José del Carmen Rivera por falso testimonio, fraude procesal y porque el único testigo que presentó se retractó de su testimonio.

En Sabana de Torres, Santander, se presentó otro proceso. En el 2013 Martha Isabel Leguízamo se enteró que Ilia María Berbesi reclamaba su parcela, aduciendo que en 1990 los hombres del paramilitar Camilo Morantes le mataron un hijo de crianza, por lo que se vio presionada vender el terreno de 36 hectáreas por 14 millones de pesos.

Su versión contrasta con una certificación de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, donde se asegura que el grupo paramilitar llegó a la zona en octubre de 1994, es decir, cuatro años después. Además, se verificó que la venta del predio se realizó en 1993. A pesar de que este terreno ha pasado por tres manos, antes de llegar a las de Martha Leguízamo, el Tribunal Superior de Cúcuta decidió devolverle la parcela a la reclamante Berbesi, a quien la Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal, falso testimonio y estafa.

También en Zulia, Norte de Santander, Daniel Augusto Palencia y Nubia Stella García, dos campesinos de la zona, recuperaron en mayo de 2013 un predio de 11 hectáreas, porque supuestamente fueron desplazados por los Urabeños.

Los reclamantes dijeron ante la Unidad de Tierras que en marzo de 2007 integrantes de este grupo criminal llegaron a su casa, amenazaron a su familia y los obligaron a vender la propiedad a la familia Briceño por solo 33 millones de pesos.

Sin embargo, en un contrato que conoció esta revista se constata que la compraventa se hizo por 72 millones de pesos y fue firmada siete meses antes de que la bacrim supuestamente ordenara vender la tierra. Los recibos de pago dan cuenta del monto cancelado en 2007 por los Briceño.
Estos líos de presuntos falsos reclamantes han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia que ya ordenó en un caso revocar una restitución. Ocurrió en Ambalema, Tolima, donde se comprobó que no hubo despojo, que la venta del predio fue voluntaria y que el precio que se pagó fue justo.

Lo que a muchos les preocupa ahora es que la ley de tierras –que es importante y necesaria para el país– termine perdiendo legitimidad y credibilidad porque, como suele suceder en Colombia, resulten oportunistas pescando en río revuelto.