Proyecto declararía a las ‘bacrim’ actores del conflicto

Si como todo el país espera, se llega a firmar el fin del conflicto en la Mesa de negociaciones de La Habana y se desmoviliza la guerrilla de las FARC, el siguiente desafío para el Estado, en materia de seguridad, será la desarticulación de las llamadas bandas criminales (bacrim), organizaciones delincuenciales herederas del paramilitarismo, que mantienen control en ciertas zonas del país alrededor del negocio ilegal del narcotráfico.
 
Hoy, la lucha contra las llamadas (bacrim) es liderada por la Policía Nacional. Pero ante un eventual escenario sin guerrillas, en el Congreso se está abriendo paso, incluso desde la pasada legislatura, un proyecto que pretende habilitar a las Fuerzas Armadas para enfrentar a estas organizaciones.
 
El proyecto fue presentado hace un año por el entonces senador Juan Lozano. Según él, la lucha contra las ‘bacrim’ no puede ser exclusiva de la Policía, o ser un asunto de seguridad ciudadana. “Las ‘bacrim’ son un problema de Estado. Se debe habilitar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para que les puedan enfrentar, desarticular y derrotar”.
 
Aunque el proyecto nació en la entraña del uribismo, el Gobierno fue tan receptivo, que decidió respaldarlo. Según Juan Lozano, el propio presidente Juan Manuel Santos, en una reunión con el Partido de La U celebrada el 14 de agosto del 2013, se comprometió a impulsarlo. De hecho, con el seguimiento del propio ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la iniciativa fue aprobada por el Senado y ahora inicia su recta definitiva en la Cámara de Representantes.
 
Este martes está previsto que se dé el tercer debate. Y aunque el proyecto ha tenido el respaldo de la Unidad Nacional y del uribismo, el representante Alirio Uribe (Polo) presentó ponencia negativa y pidió su hundimiento. Su principal argumento es que al habilitar a las Fuerzas Armadas a combatirlos, bajo la lupa del Derecho Internacional Humanitario, podría convertir las bandas herederas del paramilitarismo como un actor del conflicto armado interno.
 
En la ponencia, Uribe asegura que facultar a las Fuerzas Militares para combatir las ‘bacrim’ “resulta desproporcionada” frente a la finalidad que se persigue. “Si bien la finalidad es legítima, estas facultades no van a conducir a que se acabe con el crimen organizado ejercido por las bacrim, lo que se va a permitir es la prolongación de nuestro conflicto armado, en tanto las acciones bélicas seguirían siendo una constante, ya no solo para combatir a las guerrillas, sino ahora frente a un nuevo actor. En la medida en que estos grupos no se pueden llevar a un proceso de paz, ni a una desmovilización porque no se trata de opositores del régimen constitucional vigente, lo que el Estado debe hacer es someterlos a la justicia”.
 
El representante del Polo además asegura que este proyecto aleja a las Fuerzas Militares de su deber de defender la soberanía y el orden constitucional y distorsiona el carácter de las bandas criminales, pues, a su juicio, les da un tratamiento que las vincula al conflicto armado que no corresponde con la realidad.
 
“Al caracterizar las bacrim como un grupo armado organizado se desprende la posibilidad de conducir operaciones militares ofensivas en el marco del DIH, que incluyen la posibilidad de neutralizar objetivos militares (es decir ampliando el nivel y tipo de fuerza autorizado); sin embargo, si toda la criminalidad común asociada al narcotráfico en el país es caracterizada como una manifestación del conflicto armado interno, se crean incentivos perversos: mientras más militarizado el grupo, más probabilidades tendrá de ser tratado como un interlocutor político y por esa vía se crearía un efecto de “puerta giratoria”, y por consiguiente de impunidad, para la criminalidad”, se lee en la ponencia.
 
A propósito, Uribe cree que esas son las pretensiones de varias bacrim, que buscan a veces incluso uniformarse y producir “manuales” de operaciones, con el fin de entrar en un proceso de negociación con el Gobierno que les permitan desmovilizarse y adquirir beneficios jurídicos. “Este es el caso del ERPAC, las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Comandos al Sur de los Rastrojos. Es importante tener presente que esta estrategia es funcional a sus intereses económicos al buscar legitimidad política para sus acciones delincuenciales”.
 
Pero no son los únicos reparos que hace al proyecto. El artículo 4 señala que la investigación y el juzgamiento de las conductas sancionables atribuidas a los miembros de la fuerza pública, realizadas en cumplimiento de cualquier tipo de operación destinada a combatir los grupos criminales, armados y organizados, se aplicarán -por mandato expreso de esta ley- las normas del Derecho Internacional Humanitario. Para Uribe esto habilitaría a la Justicia Penal Militar a conocer de violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho internacional Humanitario, cuando deben ser juzgadas por la justicia ordinaria. “Este proyecto abre el camino para ello”, asegura Uribe.
 
Además el congresista del  Polo advierte que habilitar a las Fuerzas Armadas a combatir las bandas criminales podría suponer riesgos añadidos a la población civil. “las bacrim permanentemente se encuentran entre la población civil, sin portar armas de largo alcance y sin indumentaria militar permanente, situación problemática para la identificación y la individualización, aunque realizan acciones de tipo militar”.
 
Uribe asegura que no está en contra de combatir las bandas criminales, pero también que habilitar a las Fuerzas Armadas no es el camino. Para él, la fórmula es fortalecer la Policía y la Fiscalía.
 
El proyecto del exsenador Juan Lozano puede ser uno de los pocos que unan a uribistas y santistas y serán ellos quienes deberán analizar las observaciones del Polo, que, entre otras, lo que pide es que no se prolonguen nuevas formas de conflicto interno.