ALTA TENSION

Para el viernes de la semana pasada el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, y los
integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares, encabezados por el general Fernando Tapias, tenían
programada una inspección a la Base Naval de Coveñas con el objeto de evaluar las acciones
contrainsurgentes en el norte del país. Sin embargo, y a pesar de que la visita de los altos mandos a
la Base Naval había sido confirmada, ninguno de ellos se hizo presente. Cuando los periodistas
indagaron por las razones para la cancelación del viaje no obtuvieron respuestas concretas. Pocas
horas después se sabrían los motivos por los cuales tanto el ministro Lloreda como los altos
mandos militares no viajaron a la Costa Atlántica. La razón no fue otra que la decisión del presidente
Andrés Pastrana de llamar a calificar servicios a dos de los más efectivos, pero a la vez
controvertidos, generales del Ejército. Se trata de Rito Alejo del Río y Fernando Millán, quienes
estaban desde hace algún tiempo en el ojo del huracán por supuestas relaciones con grupos de
justicia privada, según algunos organismos de control. La intempestiva decisión del gobierno de sacar a
los dos oficiales cayó como un baldado de agua fría dentro del estamento castrense, que por estos
días se encontraba bastante motivado por los duros golpes propinados en los últimos meses a las
organizaciones subversivas. Un alto oficial del Ejército le dijo a SEMANA que el Presidente de un solo
plumazo había acabado con la motivación de la tropa. Aunque cuestionados por un sector de la
opinión pública, tanto Del Río como Millán gozaban dentro del Ejército de un gran respeto puesto que
se habían convertido en símbolos de la lucha contra la subversión. Los salientes¿Quiénes son estos
dos oficiales que originaron la tormenta del viernes pasado en la que tuvo que intervenir el propio
Ministro de Defensa para calmar los ánimos de un sector de la alta oficialidad que hasta último
momento mostró su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo?
Los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán a lo largo de su carrera fueron considerados de la
línea dura del Ejército, de los que combatieron de frente a la subversión y por ello se ganaron el
calificativo de troperos. Ambos estuvieron al mando de tropas en las zonas más conflictivas del país.
Rito Alejo fue comandante de la XVI Brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Cuando el
alto oficial llegó a esta zona del país la guerra entre paramilitares y guerrilla tenía en un fuego
cruzado a la población civil y las masacres se habían convertido en pan de cada día. El trabajo
desarrollado por el general permitió que a la vuelta de un año el Urabá recobrara su tranquilidad. Eso
valió para que los pobladores lo bautizaran 'El pacificador de Urabá'. Pero su gestión fue muy
criticada por la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien lo acusó de ser un promotor
de grupos paramilitares, que actuaron por su propia ley y desencadenaron una ola de matanzas y de
terror contra todas aquellas personas a quienes consideraban auxiliares de la guerrilla.Los
señalamientos de Cuartas terminaron en la Procuraduría General de la Nación, donde se dio curso a
una investigación disciplinaria para establecer si el general Rito Alejo del Río se había hecho el de la
vista gorda con los grupos paramilitares. Fueron los propios habitantes del Urabá antioqueño
quienes firmaron un memorial de desagravios para respaldar las actuaciones de quien consideraban
su salvador, los que actuaron como defensores de Rito Alejo. En medio de la polémica y de las
acusaciones el general Del Río fue nombrado comandante de la XIII Brigada con sede en Bogotá.
Cuando desempeñaba ese cargo fue llamado, en abril del año pasado, por la Fiscalía General para que
rindiera una versión libre sobre sus supuestos nexos con los grupos paramilitares. En ese entonces el
coronel retirado Carlos Velásquez, quien se
había desempeñado en Urabá como subalterno del general Del Río, acusó ante la alta comandancia a
su ex jefe de promover los grupos paramilitares mientras estuvo al frente de la Brigada en Urabá.
Pero no solamente Del Río estaba en la mira de los organismos de control colombianos. Las
organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Americas Watch, también lo señalaron
de promover fuerzas oscuras para combatir a la subversión. Por esa razón, cuando en octubre de 1998
el gobierno de Andrés Pastrana realizó los cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares, muchos
creyeron que había llegado el final de la carrera de Rito Alejo del Río. Sin embargo no ocurrió así. El
general fue llamado a dirigir la oficina de operaciones del Ejército, cargo que le permitió mantener un
bajo perfil ante los medios de comunicación pero que en el interior del Ejército era de gran importancia
por su cercanía con la tropa. El oficial estuvo ahí hasta el viernes pasado cuando el Presidente lo
llamó a calificar servicios.
El caso del general Millán es muy parecido al de su colega Del Río. La Fiscalía General de la Nación
abrió una investigación contra este oficial por su presunta participación en la conformación de un
grupo paramilitar que habría causado varias muertes en el municipio de Lebrija (Santander) entre
marzo y noviembre de 1997.

Sin embargo en noviembre de 1998 el Consejo de la Judicatura decidió que la investigación contra
Millán no podía seguir en manos de la Fiscalía y que debía pasar a la justicia penal militar. Esta
determinación generó un fuerte enfrentamiento entre el ente acusador y los altos mandos militares.
Según las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Millán habría
ayudado a crear una Convivir que posteriormente terminó convirtiéndose en una organización
delictiva. Esa Convivir fue bautizada con el nombre de 'Las Coronas' y se organizó bajo una estructura
militar que tenía el mando del sargento retirado Miguel Cañón.
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron la captura de nueve de los integrantes de ese grupo
paramilitar y varios de ellos declararon bajo juramento que el general Millán los apoyaba y les asignaba
trabajos específicos contra la subversión y la delincuencia común. Por esa razón la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a indagatoria al general Millán. No obstante, el Ejército alegó
que los supuestos delitos cometidos Millán habían sido en servicio y por esa razón la investigación
le correspondía a la justicia penal militar. En ese tire y afloje jurídico el Consejo de la Judicatura
terminó por entregarle el proceso a los militares para que investigaran a Millán.El general Millán pasó de
ser comandante de la V Brigada con sede en Bucaramanga a un cargo de bajo perfil y fue asignado
como jefe del Departamento de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. En enero
de este año fue relevado de su cargo para ser nombrado como director de la Escuela Superior de
Guerra.Estos dos oficiales, que siempre estuvieron en la línea dura del combate, terminaron
metidos en oficinas administrativas como una estrategia para bajarle la temperatura a las
acusaciones que había contra ellos como presuntos patrocinadores de grupos paramilitares. No
sólo un problema de 'timing'
Por estas razones para nadie era un secreto que en cualquier momento estos dos oficiales, a pesar de
tener en sus hojas de vida grandes reconocimientos en su lucha contra la subversión, tenían que salir
más tarde que temprano del estamento militar. Las presiones ejercidas por el gobierno de
Washington y las organizaciones de derechos humanos eran cada día más intensas y se hacían ya
casi imposible mantenerlos dentro de las filas militares.
El gobierno de Andrés Pastrana también tenía claro este tema. Desde comienzos de este año se
preveía que en cualquier momento los generales Del Río y Millán serían llamados a calificar servicios.
Lo que nadie esperaba era que esa decisión se cumpliera 24 horas después de las declaraciones del
jefe máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, quien le señaló a un grupo de congresistas y al
alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, que había llegado la hora de rodear al Presidente
porque estaba muy solo en el tema de la paz.Marulanda, que nunca llegó a la cita con el Presidente el
7 de enero, volvió a poner sobre el tapete el tema paramilitar y las supuestas relaciones con algunos
oficiales del Ejército colombiano.Al igual que el desmonte de las Convivir, hace algunos días, el retiro
de Rito Alejo del Río y de Fernando Millán fue interpretado por los propios militares y por la opinión
pública como el cumplimiento de una exigencia de las Farc a Andrés Pastrana. Pero también hay
quienes afirman que más que una exigencia de las Farc fue un ofrecimiento por parte del alto
comisionado, Víctor G. Ricardo. Una vez más la estrategia del gobierno falló. No sólo no calculó el
timing, sino que generó un alto malestar entre la cúpula del Ejército, que ha sido incondicional
con el Presidente frente al proceso de paz. Los generales, que han aprendido en estos meses a
apretar los dientes y a aceptar las decisiones del Ejecutivo para no torpedear el proceso, el viernes
pasado estaban desconcertados por la manera como manejó el tema el jefe de Estado.En medio de
esa indignación silenciosa los comandantes de
brigadas también
expresaron su inconformidad y preguntaron a la alta oficialidad _no sin evidente ironía_ si también ellos
estarían en riguroso turno para ser llamados a calificar servicios si así lo exigiera el comandante de
las Farc. Como símbolo de esa protesta los oficiales estuvieron hasta la media noche del viernes
pasado acompañando en sus casas a los generales Del Río y Millán.Las voces de inconformidad
también se dejaron escuchar cuando los militares conocieron que esta semana llegará a Colombia
Harold Koc, subsecretario para Derechos Humanos del gobierno de Washington. Si se tiene en
cuenta que uno de los temas de la agenda del funcionario estadounidense será el del paramilitarismo y
su relación con algunos mandos militares, hay quienes piensan que el mejor trofeo que tiene el
gobierno para ofrecerle es la cabeza de los generales. Pero las tensas relaciones entre el gobierno y
la alta oficialidad podrían llegar a su máximo punto en los próximos días cuando 'Tirofijo' y el
secretariado exijan el despeje de Cartagena del Chairá. Las Farc pretender convertir esa zona
estratégica del país, donde están los principales cultivos de cocaína, en un plan piloto para la
erradicación del cultivo manejado por sus propias filas de combatientes. Esa podría ser la gota que
rebose la copa en las relaciones entre gobierno y militares.

El caso Uscátegui
Cuando estaban en plena rueda de prensa el ministro Lloreda y el general Tapias explicando las
razones por las cuales el gobierno había pedido la baja de los generales Del Río y Millán la alta
oficialidad del Ejército se llevó otra sorpresa. El general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de
la II División del Ejército, resultó sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la
Nación. El Ministerio Público había iniciado una investigación por una presunta omisión del alto oficial
en julio de 1997 en la localidad de Mapiripán (Meta). En esa ocasión siete personas resultaron
muertas y más de 40 desaparecieron en manos de grupos de autodefensa. Desde entonces la
Procuraduría tomó el caso para establecer la posible responsabilidad del general Uscátegui.
Pero más allá de la sanción impuesta por la Procuraduría, la indignación de los altos oficiales se debía
a que la decisión la conocieron a través de los medios de comunicación y no por una notificación
oficial por parte del Ministerio Público.
Para un sector de la oficialidad lo ocurrido el viernes pasado no es una simple coincidencia. Hay
quienes piensan que de lo que se trata es de un golpe bajo a las Fuerzas Militares en un momento
en que, como nunca antes en el pasado, se empiezan a propinar acciones certeras contra la
subversión.