Alto riesgo

La semana pasada Colombia demostró con lujo de detalles por qué es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El 18 de enero un grupo de entre 50 y 60 hombres de las autodefensas se encontró en territorio panameño con Robert Young Pelton, Megan Smaker y Mark Wedeven, tres expedicionarios que estaban haciendo una travesía por la selva del Darién hacia Colombia para el canal Discovery Channel. El trío de extranjeros fue 'acogido' y 'protegido' por un destacamento de los paramilitares, mientras que otro grupo de autodefensas siguió su incursión en Panamá y atacó los poblados indígenas de Paya y Púcuro, donde asesinaron a cuatro autoridades de la comunidad. A mediados de la semana los documentalistas fueron entregados sanos y salvos en Unguía, Colombia, a una delegación de autoridades religiosas. Mientras una aventura periodística terminaba otra comenzaba.

El martes, al otro extremo del país, la periodista Ruth Morris y el fotógrafo Scott Dalton, quienes hacían un trabajo freelance para el periódico Los Angeles Times, fueron retenidos por miembros del frente Domingo Laín, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cerca del municipio de Tame, en Arauca. Un vocero de esta organización dijo a través de su emisora clandestina que "dichos señores ingresaron sin permiso del ELN a la zona y por tal motivo, en un retén de control y registro, fueron retenidos". Hasta el cierre de esta edición no se tenía noticia de su paradero ni habían sido liberados. Sin embargo se daba por descontado su regreso tal y como lo anunciaron los guerrilleros: "Estamos dispuestos a garantizarles la vida y seguridad a estos periodistas norteamericanos (...); en su debido momento se dejarán en libertad cuando las condiciones políticas y militares así lo ameriten".

Estos dos secuestros acabaron con un tabú. Es la primera vez que los grupos armados se meten con corresponsales extranjeros. Hasta ahora éstos eran intocables. Aunque en el primer caso los paramilitares argumentaron que se los habían llevado por su propio bien, para impedir que los secuestrara la guerrilla o evitar que fueran heridos en algún combate, el episodio no deja de tener muy mala presentación. Eso para no hablar de lo de Arauca, donde la retención del equipo de Los Angeles Times evidencia el temor de la guerrilla a la infiltración en su territorio de paramilitares o del recién llegado contingente de 70 soldados estadounidenses. La Alianza de Prensa Internacional de Colombia (API) manifestó en un comunicado, en el que exigían la liberación de sus colegas, que "su cautiverio no sólo impide que ellos puedan cumplir con su deber de explicar los problemas de Colombia al mundo, sino que esto incluso aleja al país y a la comunidad internacional de la búsqueda de las soluciones para estos mismos problemas".

El asunto de los corresponsales acaparó la atención nacional y mundial. Por eso pasó a un segundo plano la declaración de la comisión internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que estuvo de visita en el país y manifestó su preocupación por la impunidad que existe en los casos de asesinatos de periodistas. Para la muestra basta recordar el crimen de Orlando Sierra, el subdirector de La Patria. Hace un año Sierra fue noticia porque Luis Fernando Soto, un novel sicario de 21 años sin anotaciones judiciales en la capital caldense, le disparó a quemarropa dos tiros en la cabeza. Las balas destrozaron en segundos el cerebro de Sierra. Borraron del mapa en un abrir y cerrar de ojos su memoria de elefante. Su genio para escribir. Su sentido crítico y los potenciales análisis que se convertirían en futuras columnas. Dos días después el subdirector de La Patria falleció. Fue el primero de tres periodistas que fueron asesinados el año pasado, según el informe anual de 2002 de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), para evitar que siguieran realizando su trabajo informativo. Los otros dos fueron Efraín Varela, director y propietario de la emisora Meridiano 70 en Arauca, y Mario Prada Díaz, fundador y director del periódico Horizonte Sabanero, que circulaba en el municipio santandereano de Sabana de Torres.

En el caso de Sierra un golpe de suerte permitió la captura de su asesino minutos después de haber cometido el homicidio. Este hecho, más la resonancia que tuvo el crimen en todo el país, hizo pensar a los deudos y a los amigos del periodista que podía ser resuelto en poco tiempo. Y sí, pero a medias. El asesino confesó el crimen, dijo que el motivo había sido una venganza personal y fue sentenciado a 19 años y seis meses de prisión. Como se acogió a sentencia anticipada estará sólo 10 tras las rejas. Ahí paró la cosa. Un testigo vinculó a Francisco Antonio Quintero, alias 'Tilín', y a Luis Arley Ortiz, alias 'Pereque', al proceso. El primero está detenido en la cárcel de Bellavista por otro asesinato y el segundo se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía intenta establecer si ambos fueron intermediarios en el asesinato y, de ser así, determinar quiénes fueron los autores intelectuales del mismo. La verdad es que quienes conocen el caso de cerca no son optimistas con que esto se pueda lograr.

Estos tres crímenes, sumados a los 75 casos de amenazas, los 12 secuestros, los 10 atentados, las tres agresiones, recopilados e investigados por la Flip (ver cuadros) en 2002, confirman los riesgos del trabajo periodístico y las continuas violaciones a la libertad de prensa en el país. Para la Fundación es evidente que la situación nacional no es de por sí la más favorable para ejercer este oficio y que informar sobre el conflicto armado o de temas de corrupción aumenta las posibilidades de riesgo de los periodistas. Se genera un clima de intimidación generalizado que, a su juicio, tiene consecuencias concretas muy serias, como consignaron en su informe: "Sobre muchos reporteros pende la posibilidad de una amenaza a la hora de escribir una noticia y eso crea un ambiente en el que informar da miedo. Todo se traduce en autocensura y ésta a su vez en desinformación". Esto es grave, no sólo porque cercena la libertad de expresión sino porque también priva a los ciudadanos del derecho fundamental de ser informados, uno de los pilares de cualquier sociedad que se quiera seguir llamando democrática. Y la impunidad del caso de Sierra y de tantos otros no ayuda.