La fórmula de Leyva para ponerle tatequieto a la corrupción

Reficar, Saludcoop, Cafesalud, las regalías, la alimentación infantil, el cartel de la hemofilia, las coimas de Odebrecht, la sed de La Guajira o los múltiples elefantes blancos saturan el diario de los colombianos demuestran que la corrupción puede estar en uno los momentos de mayor auge de su historia. No es un mal de tiempos modernos, pero su perpetuidad en la historia parece haberla dejado sin antídoto. A la vieja fórmula del zar anticorrupción y la Secretaría de Transparencia, se suma un remedio que promete atacar la enfermedad de raíz: una Jurisdicción Excepcional Transitoria que se encargará exclusivamente de resolver estos casos.

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Mientras a las autoridades se les hace agua la posibilidad de atajar el fenómeno y en la pista de carrera por la Casa de Nariño ondea la bandera de la lucha contra la corrupción, en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) del acuerdo de paz se discute este miércoles la propuesta que presentó el conservador Álvaro Leyva para que se introduzca en la constitución "la lucha contra la corrupción como un fin del Estado".

El fenómeno no fue ajeno a la paz. Más de veintidós veces aparece mencionada la palabra en el acuerdo final que suscribieron el Gobierno y las FARC en La Habana. Incluso, entre las últimas disposiciones del documento, donde se expone el calendario de implementación normativa si contempla en el inciso "K" que en un lapso de doce meses se tramite una  "ley y/o norma para la adopción de medidas para combatir la corrupción".

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Según expone el líder conservador arquitecto de la propuesta, "se consagró la obligación para las partes de ocuparse del tema preparando para la aprobación del Congreso, un conjunto de normas dirigidas a ponerle pronta solución a ese devastador mal".

Entre otras cosas, la propuesta contempla la inclusión de un artículo transitorio que crea una Jurisdicción Excepcional Anticorrupción -en órbita de la justicia ordinaria- que operará por un lapso de quince años prorrogables a diez más.

Un modelo de recompensas y protección para quienes denuncien hechos irregulares, una cláusula anticorrupción en los contratos públicos y la creación de una Unidad Nacional de Prevención son algunas las propuestas que se delinean no sólo como parte de una política punitiva sino también educativa que "consiga superar la cultura de la corrupción". Esto, en aras de cumplir los tratados que ha suscrito Colombia, por ejemplo, con las Naciones Unidas, pero que nunca se han puesto en marcha.

Dé o no vía libre, de la decisión que se tome en la Csivi empezará a depender que se cree una Unidad de Investigación de los Delitos de Corrupción como parte de la Fiscalía. Quien asuma el timón de la nueva dependencia saldrá de una terna que se le presentará al jefe del ente investigador, en este caso, Néstor Humberto Martínez.

"Siempre se dirá que cualquier creación de una nueva entidad pública o una iniciativa del orden que recoge este proyecto crea burocracia costosa o innecesaria. Pero, ¿qué más prueba de la necesidad de especializar un aparato estatal para combatir la corrupción que el fracaso que ha demostrado la organización actual de la justicia nacional?", se pregunta el hombre que fue clave en la negociación y que ahora asesora el aterrizaje de lo que se pactó.

Entre las proposiciones que recoge el Acto Legislativo hay uno que prometer convertirse en centro de debate. ¿La razón? también se contempla que la ley obligue al contralor, el procurador, al fiscal, y a las cabezas de las entidades del gobierno a dar a conocer sus vinculaciones comerciales y profesionales de los últimos cinco años.

El escándalo del momento, que amenaza con convertirse en un tsunami judicial, político y económico, el de Odebrecht, ha servido para demostrar que la corrupción es ambidiestra. Y en la picota puso la necesidad de idear un mecanismo que destierre el fenómeno para que meterle la mano al bolsillo de los contribuyentesno sea la única forma de subsanar los huecos por los recursos que se están escurriendo.

A toma marcha avanza la implementación de los acuerdos que pactaron el Gobierno y las FARC. Este miércoles cuando el Congreso termina de activar el Acto Legislativo que le da vida a la Jurisdicción Especial de Paz que investigará y jusgará a las FARC, agentes de Estado y terceros, comienza por otra vía el trámite normativo de los temas que se pactaron en La Habana pero que aún están por diseñarse como una salida al laberinto en el que se convirtió la corrupción.