Con la economía, Uribe abre otro frente de batalla

En este momento de agitación política, pocas cosas se ven más difíciles que lograr un acuerdo con Álvaro Uribe. Después de la victoria del No en el plebiscito, se considera que el expresidente tiene la sartén por el mango, al menos en lo que respecta al proceso de paz.

Sin embargo, el pasado puente festivo el líder de la seguridad democrática dejó ver que también quiere activar otro frente: el de los números. En un comunicado de prensa aseguró que es necesario “modificar los acuerdos para evitar riesgo de incumplir a las FARC o afectar competitividad de la economía y del sector privado”.

Esta nueva pata de la discusión uribista no da mucho de qué hablar por ahora, pero sí lo hará en el futuro cercano. El expresidente lanzó sus advertencias justo en el momento en el que el Gobierno se alista a presentar su Reforma Tributaria en el Congreso y días antes de se apruebe el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2017.

Se anticipa que la discusión que vendrá en las próximas semanas en ambos temas será durísima. Y por el tono del mensaje de Uribe, se da por descontado que él también quiere ser uno de los protagonistas en ese debate.

De la cárcel al predial

Durante los últimos días, en el país hubo gran expectativa de cuáles serían las propuestas de Uribe para ajustar los acuerdos de la Habana. Se sabía que el tema más álgido para él y para el Centro Democrático era la justicia. Y en efecto, así fue.

El expresidente rechazó la Jurisdicción para la Paz y sugirió crear cortes para la paz adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, con la Corte Suprema como órgano de cierre y con una unidad elite en la Fiscalía encargada de hacer la investigación.

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Este se considera uno de los puntos insolubles entre los del Sí y los del No. Iván Márquez en una reciente entrevista con Daniel Coronell dejó claro que no están dispuestos a aceptar la propuesta de Uribe.

“Tenemos en cuenta que el No no es homogéneo, no es el señor Uribe”, dijo. Reiteró lo que para las FARC siempre ha sido un punto de honor: que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede ser sólo para los guerrilleros, sino para todos los actores de la guerra: Ejército, Policía y la cúpula política como ministros, medios de comunicación y empresarios que han contribuido a la violencia.

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El tema económico, hasta el momento nunca había entrado a esas “líneas rojas” en la nueva negociación. Pero el senador podría estar a punto de poner ese punto en la agenda.

Los números de Uribe

Según su comunicado, el gasto público adicional por los acuerdos con la guerrilla representaría “algo cercano a un punto del PIB” por año. Una cifra considerable, para él, si se tiene en cuenta que según el DANE Colombia tiene un PIB de 134.931 billones de pesos (cifra del reporte del III trimestre del 2016).

Uribe no es el único vocero del Centro Democrático que se ha lanzado a hacer esas advertencias. En el mismo sentido se pronunció el senador Iván Duque en una entrevista a Semana.com. “En el Gobierno nadie ha dicho cuánto cuestan los acuerdos y de dónde saldrán las fuentes para financiarlo. El Acto legislativo creaba una obligación a los Planes de Desarrollo futuros para otorgar los recursos que permitieran la implementación y eso limita la función aprobatoria presupuestal del Congreso y la autonomía de las próximas administraciones”, dijo.

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Para Uribe hay cosas que “espantan” la inversión. Entre ellas se encuentran los acuerdos con las FARC, que, según él, “traen más impuestos, más organismos del Estado, más de 20 nuevos casos de consultas a las comunidades”.

El expresidente también aseguró que se encuentra preocupado por el futuro del campo si se dejan los acuerdos tal como se acordaron en La Habana, pues el uso de la tierra no es libre. Por eso su propuesta gira en torno a que "el Estado garantizará que el uso económico de la tierra rural sea determinado por el libre mercado, dentro de las limitaciones de una legislación ambiental actualizada. No obstante, mediante incentivos y beneficios podrá estimular determinados usos de la tierra en función de las prioridades establecidas en los planes departamentales, regionales o nacionales, y de las orientaciones macroeconómicas del país".

Uribe hizo hincapié en la importancia de proteger a los propietarios de tierras baldías “cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa". Y habló de las zonas de reserva campesina, las cuales, según lo pactado en La Habana, dejan de ser discrecionales para el Estado. “Su inclusión en los acuerdos y la obligación de regularlas con la comunidad las hace imperativas”, aseguró.

En su comunicado tocó innumerables puntos que tienen graves repercusiones económicas. Según él, por ejemplo, el acuerdo no debería incluir compromisos de impuestos prediales o de avalúos catastrales.

"El Gobierno deberá priorizar el reto de la necesaria actualización catastral en la cobertura, ligada al proceso de registro, dos aspectos fundamentales para la formalización de la propiedad. En cuanto a la valoración del actual levantamiento catastral rural, por el contrario, los predios caracterizados han presentado un incremento sustancial, de 32 billones de pesos en el 2002, a 157 billones en el 2015, que ha incidido en el también incremento exagerado del impuesto predial".