Anatomía de los paros

El lunes 19 de agosto lo más probable es que el país amanezca con marchas de protesta y bloqueos de vías en distintos puntos de su territorio. Ese día festivo fue señalado por varias organizaciones sociales hace varios meses como la hora cero de un paro con envergadura nacional. 

Esta nueva convocatoria social se suma a otros dos malestares activos en los últimos dos meses: los campesinos de la región del Catatumbo y los mineros informales en el norte antioqueño. Si bien diseminados por el país y en sincronía para este lunes, estos brotes de descontento ciudadano no son iguales ni buscan lo mismo. 

El paro nacional o 19A como lo llaman algunos de sus promotores, surgió como una movilización de sectores agrarios, encabezados por los cafeteros. Al cierre de esta edición, la protesta se perfilaba como una manifestación variopinta que incluía no solo sectores del campo sino también camioneros, trabajadores de la salud, estudiantes y las tres centrales obreras.

 A pesar del esfuerzo del gobierno en las últimas semanas para desactivar la convocatoria, el fin de semana festivo arrancaba con una circular del Ministerio del Interior a alcaldes y gobernadores para que, siguiendo directrices de la Ley de Seguridad Ciudadana, mantengan el orden y eviten los bloqueos. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, anticipó la semana pasada que “no vamos a sentarnos a negociar nada en medio de un paro”. 

Por más de dos meses los campesinos de la zona nortesantanderana del Catatumbo, agrupados en la Asociación de Campesinos (Ascamcat), han protestado contra el gobierno y por 56 días taponaron la vía que de Tibú conduce a Cúcuta. Graves disturbios se presentaron mientras comisión tras comisión presidencial no lograba levantar las protestas. Señalamientos del gobierno sobre infiltración de las Farc dentro del movimiento de labriegos subió la temperatura de los enfrentamientos que produjeron varias víctimas. 

Las tensiones entre gobierno y manifestantes desembocaron hace 15 días en un acuerdo entre ambas partes para levantar el bloqueo e instalar una mesa de negociación. Mientras los campesinos buscan convertir esa región en una zona de reserva campesina y piden suspender las erradicaciones de cultivos ilícitos, una comisión de alto nivel de Bogotá les ofrece un paquete de inversiones sociales y en infraestructura. 

Aunque el viernes pasado se cumplió una semana de diálogos, no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo sobre los 16 puntos de discusión –diez peticiones campesinas y seis del gobierno–. No obstante, se supo que se estaba contemplando que 350 familias cocaleras, damnificadas por las campañas de erradicación, recibieran subsidios por unos 4 millones de pesos y también más de 100.000 millones de pesos en proyectos productivos agrícolas. La agenda de negociación fue planteada inicialmente para un mes y aún quedan en la agenda temas difíciles como la declaratoria de zona de reserva campesina. 

El otro paro vigente es el decretado por los mineros artesanales hace casi un mes. Tras infructuosas conversaciones con representantes del gobierno, más de 200.000 personas asociadas a la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) salieron a protestar en distintos puntos de una decena de departamentos. El mapa del descontento se replicaba en las áreas del país donde los fenómenos de la explotación minera informal e ilegal están más avanzados: desde Chocó hasta Guainía y desde el norte de Antioquia hasta Caldas y Risaralda.

Los reclamos de los mineros se concentraban en la expedición por parte del gobierno del decreto 2235 de 2012 que le autoriza a la fuerza pública incautar  la maquinaria pesada empleada para las explotaciones ilícitas. El pliego de 15 peticiones de los manifestantes incluía también reivindicaciones sociales y económicas y protocolos que diferencien los informales de los cercanos a las bandas criminales. 

Para el gobierno la norma en el ojo de las protestas es considerada un punto no negociable ya que es instrumental en la lucha del Estado contra los grupos al margen de la ley como guerrilla y bandas criminales y su financiación por medio de la minería ilegal. 

Si bien las manifestaciones siguieron el libreto marcado por los campesinos de Catatumbo (bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública), el gobierno logró llegar a acuerdos con grupos de manifestantes en varias regiones del país.

Hoy el descontento se mantiene en la zona del norte de Antioquia. A pesar de haberse sentado en varias ocasiones los representantes del gobierno con los mineros de esa zona, los diálogos se levantaron al final de la semana pasada sin resultados positivos. 

Esas dos protestas sirvieron de telón de fondo para la convocatoria del paro nacional agrario del 19 de agosto. En el corazón de la misma está el malestar de un grupo de dirigentes cafeteros que se quejan de que el gobierno incumplió acuerdos anteriores. 

En el primer semestre de este año los productores de café desplegaron una intensa protesta ante las dificultades que experimentan por los precios bajos del grano, entre otros factores. Para levantar ese paro, los cafeteros firmaron un acuerdo en el cual el gobierno se comprometió a ayudarles con alrededor de 800.000 millones de pesos. 

Sin embargo, los cafeteros insisten en que siguen trabajando a pérdida y reclaman más ayuda. No es una situación fácil para el gobierno, pues todos los sectores del agro también reclaman subsidios ante la amenaza del libre comercio que está llegando por la vía de los TLC. 

A este reclamo se sumaron otras organizaciones de las Dignidades como la de los cacaoteros y paperos y convocaron este paro agrario en “defensa de la producción nacional”. Los esfuerzos gubernamentales para desactivar la hora cero de la protesta se han concentrado en los cafeteros no solo porque ya demostraron su poderosa capacidad de movilización sino también porque en torno a sus reclamos se han articulado los demás sectores. No obstante, al cierre la movilización seguía en pie.

Uno de los grupos que se sumó al llamado agrario es el de la Asociación Colombia de Camioneros (ACC). En constante pugna con el gobierno por los fletes y los combustibles, este gremio ha ido a paro en varias ocasiones en años recientes. Para este gremio, el gobierno incumplió diez de los 13 acuerdos conseguidos en marzo pasado para levantar la última de las protestas. Dado que en sus manifestaciones los conductores estacionan sus vehículos en medio de las vías, el impacto de su presencia en el paro del 19 de agosto es uno de los que más preocupa. 

Además de los sectores bajo los movimientos de Dignidades, otras coaliciones de grupos agrarios saldrán también a las calles. Una de ellas es la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) que a las peticiones de precios de cafeteros y cacaoteros suman reclamos más estructurales de acceso a la propiedad de la tierra, apoyos a los mineros tradicionales y a las zonas de reserva y otras formas de ‘territorialidad campesina’. Por último, los trabajadores del sector salud anunciaron que los hospitales paralizarán sus actividades y solo atenderán casos de urgencia.

 

Aunque a primera vista el paro del 19 de agosto luzca como una manifestación sincronizada de protesta social contra el gobierno, lo cierto es que es una conjunción de muchos movimientos con múltiples peticiones sectoriales, reclamos legítimos y presiones indebidas. 

De hecho, al cierre de esta edición, un sector regional de los camioneros se negó al cese de actividades mientras el equipo político de gobierno trataba de desmontar a dirigentes cafeteros del Huila. Sin camioneros ni cafeteros se mitigaría el impacto de la movilización. Todo, atizado por el ambiente preelectoral donde los políticos pescan en río revuelto y buscan capitalizar para sus campañas los reclamos sociales y gremiales. 

En esa constelación de distintos intereses radica tanto la fortaleza de la Casa de Nariño para negociar y mostrar su autoridad como la vulnerabilidad de sentirse presionado y ahogarse en tanto ruido.