Andrés Felipe Arias: culpable por Agro Ingreso Seguro

El largo camino judicial del exministro Andrés Felipe Arias por el famoso caso de Agro Ingreso Seguro terminó este jueves. 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció que el funcionario es culpable por la entrega irregular de subsidios a grandes hacendados, lo que en su momento se conoció como el caso de Agro Ingreso Seguro, es decir, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.

En las próximas semanas, los magistrados darán a conocer los años a los que será condenado el exfuncionario. Se cree que su pena podría ser de 16 años. Arias estuvo recluido durante dos años en un fuerte militar en el norte de Bogotá y, seguramente, ese tiempo se le sumará a la pena que deberá purgar. Desde su salida de prisión, el exministro se ha dedicado a asuntos académicos, especialmente en la Universidad Sergio Arboleda.

Además, está la dura inhabilidad que la Procuraduría General de la Nación profirió en el 2011 contra Arias, que le impide ocupar cargos públicos durante 16 años. 

El exministro, que durante la etapa de juicio asistió cumplidamente a las extenuantes audiencias donde Fiscalía, Procuraduría y defensa exponían sus puntos, no se presentó a la Corte en el momento del fallo final.

El abogado defensor, Jorge Aníbal Gómez Gallego, aseguró que la Corte desestimó todas las pruebas presentadas a favor del exministro.

Con la decisión del Alto Tribunal se culmina uno de los emblemáticos casos de corrupción durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que el Ministerio de Agricultura destinó recursos a acaudaladas familias y reconocidas empresas de la costa caribe para supuestos proyectos de riego y drenaje, cuando el dinero presuntamente debió ser destinado a campesinos. 

Se trató de dos convenios firmados entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), esta última entidad estudiaba los proyectos de los hacendados que eran presentados a la cartera ministerial. Como en su momento lo determinó la Fiscalía, la Corte estuvo de acuerdo con que estos convenios presentaron irregularidades.

A lo largo del proceso estuvo involucrada la exreina Valerie Domínguez, quien recibió un millonario subsidio, pero que en su caso había sido legal, según un juez. En el caso se investigó a familia de su exnovio Juan Manuel Dávila Jimeno, que negoció con la Fiscalía la obtención irregular de cerca de 2.400 millones de pesos, recursos del programa Agro Ingreso Seguro.

La Fiscalía también procesó a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura como el viceministro, Juan Camilo Salazar Rueda; el secretario general, Juan David Ortega Arroyave, y la directora de comercio y financiamiento, Camila Reyes del Toro. Otros que terminaron enredados fueron los propios funcionarios del IICA.