Andrés Felipe Arias perdió su batalla

Este viernes, Andrés Felipe Arias llegó extraditado a Colombia para cumplir su sentencia de 17 años de cárcel y para pagar 30.000 millones de pesos de multa. Arias arribó el viernes a Bogotá en un vuelo chárter proveniente de Estados Unidos, a las 8:20 de la mañana. El exministro venía escoltado por un grupo de marshalls. El Gobierno Duque dispuso todo para que ningún fotógrafo registrara la llegada a la capital.

Su caso se ha convertido en una de las mayores controversias jurídico-políticas del país en los últimos años. Sobre el exministro de Agricultura hay dos opiniones. Por un lado, unos lo consideran inocente y piensan que su condena resultó del choque de trenes que tuvo lugar hace diez años entre el entonces presidente Álvaro Uribe y las Cortes. Otros estiman que sí hubo irregularidades en el manejo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), pero que una condena de 17 años resulta excesiva.

Solo hay unanimidad sobre esto último. Culpable o inocente, un carcelazo de casi dos décadas por los hechos que le endilgaron al exministro suena desproporcionado. Ante buena parte de la opinión pública, Arias es culpable de haber montado un carrusel de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y aportantes a su campaña presidencial. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no tiene nada que ver con estos hechos. Esta gira alrededor de los cargos de celebración irregular de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

No todo el mundo está de acuerdo con que los hechos demostrados constituyen un delito. Al contrario de lo que muchos creen, AIS no era un programa para favorecer a los campesinos más pobres. Lo crearon en 2006 Uribe y el propio Arias, con aprobación del Congreso, con el objetivo de preparar a los agricultores colombianos, grandes, medianos y pequeños, para competir a nivel internacional en los tratados de libre comercio.

Le recomendamos:  Una ley que permita la segunda instancia, la única esperanza de Arias

Por lo tanto, los subsidios que recibieron los grandes agricultores, aunque desataron amplias polémicas en la prensa, no constituían delito. El problema comenzó cuando una docena de terratenientes decidieron fragmentar sus predios para obtener más subsidios de los permitidos a un solo predio. Ese fue el caso de las familias Dávila, Vives, Lacouture y otros clanes, que subdividieron sus tierras e hicieron todo tipo de piruetas para lograr subsidios del orden de 26.400 millones, según dijo en su momento la entonces fiscal Viviane Morales. La exreina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, acabó convertida en el símbolo de ese escándalo porque su nombre apareció como propietaria de uno de esos terrenos.

Esa docena de familias y los 26.000 millones de pesos generaron una gran indignación nacional y se convirtieron en uno de los mayores escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, en términos generales, AIS funcionó. El programa total ejecutó 1,4 billones de pesos, y el 11 por ciento de esos recursos (158.000 millones) correspondió al módulo de distritos de riego, donde se presentaron los fraccionamientos ilegales. El monto de esos goles fue apenas el 3,5 por ciento del total de los recursos invertidos. Y, aun así, en esos casos está probado que el dinero recibido sí se invirtió en el riego de los cultivos. El otro 96,5 se ejecutó sin tacha y cumplió los objetivos trazados. El programa benefició a 316.000 familias campesinas, la mayoría de bajos recursos, y alcanzó a impactar cultivos en más de 1 millón de hectáreas.

Para Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, la sentencia de Arias es una injusticia.

Por todo eso, causó desconcierto la magnitud de la condena del exministro. Hasta sus detractores han considerado injustos 17 años y 30.000 millones de pesos de multa sin que se haya robado un peso. Más sorprendente aún, si se tiene en cuenta que los protagonistas de esas estafas, los que fraccionaron los predios, fueron condenados a penas menores y muchos ni siquiera pasaron un solo día en la cárcel. 

La Corte Suprema de Justicia condenó a Arias, en primer lugar, por celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos. Este tema está estrechamente vinculado al IICA, un organismo de la OEA al cual el ministro le delegó el manejo del programa Agro Ingreso Seguro. El eje de la controversia es semántico. Si actividades como el riego y el drenaje de cultivos encajan en la categoría de “ciencia y tecnología”, no habría problema. Sobre esto existen toda clase de opiniones. Los que creen que no hay relación entre esas dos labores, y los que las consideran inseparables. Estos últimos argumentan que los israelíes han podido desarrollar cultivos en el desierto, justamente gracias a los avances tecnológicos en el riego.

Iván Duque coincide con Uribe en que la sentencia de Arias solo es explicable como un desquite político contra el uribismo.

Si el riego era una actividad tecnológica podía contratarse directamente con el IICA, como efectivamente hizo Arias. Si no lo era, tenía que convocar una licitación, y por no hacerlo, surgieron los cargos en su contra. Independientemente del aspecto semántico, el hecho es que todos los ministros anteriores a Arias, incluso los que lo sucedieron como Juan Camilo Restrepo, contrataron con esa entidad del mismo modo y a nadie le pareció ilegal.

A Arias lo condenaron, además, por peculado por apropiación a favor de terceros. En plata blanca significa que el entonces ministro, sabiendo que el fraccionamiento era ilegal, lo autorizó para beneficiar a personajes con los cuales quería congraciarse. Esto puede o no ser verdad, pero resulta difícil demostrarlo. En todo caso, a los terratenientes que resolvieron el problema al devolver la plata les fue mejor que a los demás, que recibieron condenas a dos años excarcelables.

Como gran paradoja, en la opinión pública existe la sensación general de que Arias resultó condenado por un cruce de favores de subsidios a cambio de aportes financieros en beneficio de su campaña. Sin embargo, nada de esto aparece mencionado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de los beneficiarios por el programa AIS le hicieron aportes menores a su campaña. Pero como se trataba del candidato de Álvaro Uribe lo mismo hicieron prácticamente todos los finqueros uribistas que no recibieron subsidios.  

Le puede interesar: El silencio de Duque frente a la extradición de Andrés Felipe Arias

Teniendo en cuenta que Arias no se embolsilló un solo peso y que hizo lo que habían hecho sus antecesores, para muchos la condena al exministro resulta injusta. Los 17 años impactan más si se comparan con la suerte de otros condenados por escándalos mucho más graves como el carrusel de Bogotá (alrededor de siete años); el del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno (cuatro años); o Roberto Prieto, que tendrá que pagar un carcelazo de cinco años.

¿Arias está atrapado sin salida?

Contabilizado el tiempo que estuvo detenido en la Escuela de Caballería de Bogotá y los lapsos que pasó en prisiones de Estados Unidos, el exministro ha purgado ya casi seis años de su condena. Así que le faltarían otros tres para acceder a la libertad condicional por beneficios de trabajo y estudio en prisión.

Ahora a Arias le resta esperar a que algunas de las cartas que tiene en juego le funcionen para aliviar su situación judicial. Por una parte, su abogado, Víctor Mosquera, formuló una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la sentencia, pues el exministro no tuvo el derecho universal a la doble instancia, es decir, a que un segundo juez revise el fallo.

Hace poco menos de un año, y tras una reforma legal, la corte creó las salas especiales de Instrucción y Juzgamiento, con lo cual ahora los aforados tienen garantizada la doble instancia, tal como lo demandó Naciones Unidas. El problema es que la figura opera hacia adelante, no para atrás. Con ese argumento, la Sala Civil de la corte ya negó la tutela de Arias. Estos magistrados concluyeron que no podían atribuirse la facultad de revocar fallos en los que hay cosa juzgada. Además, como la Sala Penal –la que profirió la condena– es la última instancia, se requeriría un superior jerárquico, que no existe, para que revise los fallos emitidos.

Viviane Morales, como fiscal general, acusó y envió a prisión a Arias. Hoy, paradójicamente, es embajadora de Duque en Francia.

La tutela del exministro ahora está en apelación en la Sala Laboral, y si la rechazan, Arias aún podría presentarla para revisión de la Corte Constitucional. El exministro tiene mayores expectativas en este tribunal. Hace apenas unas semanas los magistrados constitucionalistas fallaron una tutela en la que le ordenan al Congreso legislar para rediseñar la arquitectura judicial del país, de tal forma que se garantice efectivamente la doble instancia para todas las personas, incluyendo los altos dignatarios juzgados por la Corte Suprema de Justicia sin un segundo árbitro.

El exministro también abriga otra gran expectativa: que su partido, el Centro Democrático, logre sacar avante en la próxima legislatura un proyecto de ley que le abra paso a la doble instancia retroactiva. En los pasillos del Capitolio la llaman la ‘Ley Arias’. “Que todo colombiano que haya sido sujeto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en única instancia tenga derecho a la segunda instancia, porque hacia adelante eso se está dando y lo que se necesita es que tenga efecto retroactivo”, explicó el expresidente Uribe, primer abanderado de la iniciativa.

El proyecto, por supuesto, tendrá el apoyo del Gobierno. Y la llegada de Arias en condición de extraditado hará que la iniciativa más que nunca se vuelva prioridad en la agenda política. Pero la ley deberá superar no pocos escollos. Según el representante Juan David Vélez, ponente del proyecto, no más de 250 sentencias emitidas por la Corte Suprema revivirían para ser revisadas, de ser aprobada la ley. La cifra en sí misma no es menor, y se hace más compleja al tener en cuenta que se trata de reabrir la historia judicial del país frente a casos altamente complejos como el proceso 8000, la Yidispolítica y cada uno de los 70 congresistas condenados en la parapolítica.

También hay que tener en cuenta que otros condenados en única instancia van a solicitar que se les aplique la ‘Ley Arias’. Por ejemplo, personas no aforadas que han sido absueltas inicialmente, pero que luego un tribunal superior condenó en segunda instancia. Se calcula que allí revivirían otros 500 casos. Tampoco hay idea de cuánto puede significar en demandas contra el Estado la posibilidad de que revivan centenares de expedientes. El proyecto del Centro Democrático tiene el desafío de resolver esos dilemas, además de señalar cuál instancia se encargaría de revisar las sentencias.

La esposa de Arias, Catalina Serrano, ha sido la más aguerrida defensora del exministro. Ha estado junto a él en Colombia y en Estados Unidos donde finalmente fracasó su intento por obtener asilo.

Aun resolviendo esos escollos y suponiendo que el partido de gobierno logre el consenso político para triunfar en el Congreso, una vez la ley se convierta en realidad podría terminar en la Corte Constitucional, vía demanda. Y allí bien podría hundirse de haber sido concebida con errores de forma o de fondo. Por toda esa complejidad e incertidumbre, no sería descartable que Arias consiga primero la libertad condicional luego de otros tres años de cárcel.

Como el Centro Democrático y otros sectores consideran injusto el caso Andrés Felipe Arias, es previsible que el Gobierno haga lo posible por ayudarlo dentro del marco de la ley. Ese margen, sin embargo, tiene límites. Por haberse fugado, el juez de ejecución de penas no puede concederle la casa por cárcel. Sin embargo, las condiciones y el lugar de reclusión dependen directamente del Inpec, órgano sobre el que manda el presidente Iván Duque. Eso significa que es muy probable que Arias no vaya a una cárcel, sino a una guarnición militar como el Centro de Estudios Superiores de la Policía o que regrese a la Escuela de Caballería del Cantón Norte de Bogotá, donde ya estuvo dos años detenido.