La mujer que reveló el horror del Palacio

Le decían la ‘Fiscal de Hierro’. No era un calificativo improvisado. Se lo había ganado a pulso como una de las más aguerridas funcionarias judiciales. Se le medía a todo, sin importar el proceso que le asignaran a su despacho.

Con su tesón y muchísimas horas de investigación, Ángela María Buitrago logró poner contra la pared a varios militares por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por las Fuerzas Militares, luego de que había sido asaltado a sangre y fuego por la guerrilla del M-19.

Eso le generó aplausos y también enemigos. Pero ella seguía empeñada en que esa verdad, la de lo ocurrido con esas 11 personas, debía ser conocida por el país. Fue a brigadas del Ejército donde hizo hallazgos sorprendentes; estuvo en cementerios olvidados donde supuestamente estaban enterradas esas personas; revisó libros, cientos de fotografías y más de 1.500 horas de video de la época. Luego de eso, llamó a rendir testimonio a decenas de protagonistas de esa hora oscura de la historia nacional.

De hecho, fue quien en el expediente vinculó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega (condenado a 30 años) y a otros oficiales como Edilberto Sánchez Rubiano, Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero como responsables de los desaparecidos.

Y cuando estaba a punto de dar a luz su riguroso trabajo el entonces fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, la echó. El alto funcionario no tuvo el valor siquiera de decírselo de frente. Sino que pidió las renuncias protocolarias a todos los fiscales delegados ante la Corte como un acto más de rutina burocrática pero aceptó la de Ángela María. Pocos podían creerlo. Ella se fue del búnker y siguió una exitosa carrera en el litigio y como docente de Derecho Penal y Probatorio en prestigiosas universidades.

Su nombre ahora vuelve a la escena, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por esos desaparecidos, además de darles un jalón de orejas a las autoridades por no avanzar en la búsqueda de la verdad de ese episodio.

Ángela María no quiere hablar más de ese asunto. Pero en una corta charla con Semana.com dio una explosiva noticia. Aseguró que si bien Plazas Vega tiene una condena por la desaparición de dos personas del Palacio, el administrador de la cafetería, Carlos Alberto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco, tiene también otro proceso en curso por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celís, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León; así como de dos visitantes del Palacio: Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

Estos procesos están a cargo de un fiscal delegado ante la Corte, donde Plazas Vega tiene una medida de aseguramiento. El oficial lucha en la Corte Suprema para que revisen su caso y tumben la condena que tiene en este momento. Pero si eso llegara a ocurrir, podría continuar tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra por los otros nueve desaparecidos.

Esa es la importancia del trabajo silencioso y jamás reconocido de Ángela María Buitrago. La funcionaria que hizo su bachillerato en el colegio Calasanz Femenino y estudió derecho en la Universidad Externado, donde se especializó en Derecho Penal y Probatorio. Llegó a la Fiscalía en el 2005, durante la administración del fiscal general Mario Iguarán y se encontró con los más complicados procesos que sacó adelante sin pensar en las consecuencias que eso le traería.

Así, por ejemplo, llevó tras las rejas al gobernador de Meta Edilberto Castro, al exdirector de la Fiscalía de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, al exdirector del DAS Jorge Noguera y a unos cuantos políticos comprometidos con paramilitares.

Pero el del Palacio de Justicia, uno de los tantos expedientes que allí reposaban, se convirtió en su objetivo principal. En esa investigación logró determinar con exactitud, a través de imágenes de viejos videos, las identidades de personas que salieron del Palacio de Justicia y que, de manera extraña, aparecieron muertas dentro de la propia edificación o en la morgue de Bogotá.

Fue ella quien construyó judicialmente el emblemático caso de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado a quien su esposa, Ana María Bidegain, y un grupo de sus amigos cercanos, entre los que se encontraba el periodista Germán Castro Caycedo, identificaron cuando salía con vida del Palacio, saltando en su pie derecho y bajo custodia militar. La misma Bidegain hoy la recordó en entrevistas radiales y se lamenta de que la exfiscal no siguiera con el caso.

Con la misma precisión con la que enseña derecho probatorio, Ángela María entró en las guarniciones militares para investigar decenas de documentos que se hallaban casi tirados en el piso, sobre la retoma del Palacio. También ordenó una inspección judicial a la casa y a la oficina del excoronel Alfonso Plazas Vega, quien como director de la Escuela de Caballería lideró la retoma.

Allí aparecieron los rastros de acciones militares dirigidas por él que se convirtieron en prueba reina para desentrañar los detalles de los horrendos días del Palacio.

Esas y otras acciones judiciales fueron desarrolladas por su despacho. Pero todo eso prácticamente se paralizó con su salida. Ella sigue en el litigio y tranquila de continuar en la academia. Mientras ella calla sobre lo que se le pregunta del Palacio de Justicia, en la Fiscalía anuncian nuevas medidas y posibles capturas a otros responsables de las desapariciones. Su trabajo ahora empieza a ser reconocido por la historia.