"No tenemos por qué pagar 62.000 millones por el carruaje de Ordóñez"

Alejandro Ordóñez ya completa 57 días desde cuando dejó de ser el procurador general de la Nación. Sin embargo, si cualquier colombiano hoy llega a cruzárselo en la calle, podría pensar que sigue siendo el jefe del Ministerio Público. A donde llega, lo hace con la custodia de por lo menos 48 escoltas. Su caravana no baja de 16 vehículos de alta gama y blindaje completo y cuatro motos. Dos agentes de Policía permanecen 24 horas en su casa en Bogotá.

Hace casi dos meses Ordóñez dejó de ser funcionario, pero está lejos de ser un ciudadano más. Sigue gozando de algunos de los privilegios exclusivos del procurador general y los tendrá por lo menos hasta el 2020.

Según reveló Caracol Radio, el 9 de agosto del 2013, ocho meses después de su reelección como procurador, Ordóñez modificó una resolución de la Procuraduría para que exfuncionarios de la entidad conservaran, por cuatro años, el esquema de seguridad que el Estado les había otorgado.

La resolución fue la 327, en la se establece que “los exservidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”.

La modificación que hizo Ordóñez es la que hoy le permite seguir bajo el robusto esquema de seguridad que tuvo en sus días de procurador y que hoy, según versiones periodísticas, lo reparte entre todo su núcleo familiar. ¿Gasto justificado o derroche?

Para Angélica Lozano (representante a la Cámara, Alianza Verde), además de derroche es un abuso de poder y un acto de corrupción. “Es algo típico de quien utilizó la Procuraduría para perseguir. Ordóñez, en su delirio de grandeza, manejó como una finca la entidad que debe perseguir la corrupción”.

Que Ordóñez mantenga las mismas consideraciones como si fuera aún procurador es para Lozano un auténtico escándalo. Más aún cuando la representante señala que, desde el 2009 hasta el día en que se declaró irregular su reelección, la seguridad de Ordóñez le ha significado al Estado la suma de $ 41.150.600.000, y calculando hasta el 2020, año hasta el que se extenderá este esquema de protección, serán $ 62.000.000.000.

La representante Lozano le exige a Ordóñez que devuelva el dinero. “Se mecateó en cositas 62.000.000.000 para mantener sus ínfulas de reyezuelo”. Pero también anunció le anunció a Semana.com que presentará una solicitud al contralor general, Edgardo Maya Villazón.

Por eso, si cualquier ciudadano desprevenido se encuentra con la caravana de 16 vehículos y la custodia de 48 escoltas, probablemente no sea la del presidente de la República, se puede tratar del exprocurador Alejandro Ordóñez.