Benedetti, en el ojo del huracán

Que el senador Armando Benedetti esté en problemas no es noticia. Su talante vehemente y provocador y su discurso franco y nada conciliador lo mantienen en el foco de los medios, lo cual le da visibilidad pero también le genera rechazos. Es uno de los senadores más públicos, y a la vez de los más controvertidos. Esta semana peleó con su colega de la Alianza Verde Claudia López, quien tampoco se distingue por su lenguaje moderado. Se dijeron de todo.

Pero la batalla que en verdad le preocupa al senador Benedetti, en estos momentos, es con la justicia. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias ante la Corte Suprema para que indague si tiene algún vínculo con el fraude ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba.

La investigación se abrió luego de que el fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías, Alfredo Parada Ayala, pidió examinar los testimonios de Jaime Enor Agámez Pineda, abogado fallecido, y Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado recluido en la cárcel de Montería y acusado de ser uno de los cerebros del desfalco. En su declaración ante la Fiscalía, Burgos del Toro acusa a Benedetti de pedir 20 por ciento del dinero que le robaron al magisterio.

Según la Fiscalía, mediante resoluciones ilegales varios docentes, abogados y funcionarios judiciales adelantaron procesos ejecutivos laborales, por los cuales embargaron las cuentas de la Fiduciaria La Previsora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que fueran reconocidas millonarias pensiones vitalicias de jubilación a favor de decenas de maestros que resultaron suplantados. Una de las principales implicadas es la juez civil de Lorica, Isabel Montes Oyola, prófuga de la justicia, quien a sabiendas de que esas resoluciones no provenían de la fiduciaria, libraba los procedimientos ejecutivos, por medio de los cuales embargaba las cuentas de ahorro y crédito.

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Según Burgos del Toro, Benedetti recibió por medio de varios funcionarios 2.000 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Prestaciones. Por esa razón, la corte investigará al senador por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Benedetti niega los cargos. En entrevista con SEMANA, aseguró que el desfalco fue realizado por una asociación criminal entre docentes, abogados y jueces municipales en la que no era necesario que participara un senador. Dijo, además, que nunca se reunió con personas involucradas en este caso y que acudirá a la corte cuando sea requerido, con varias certificaciones que demuestran que jamás recibió un ingreso relacionado con el desfalco. “Estoy tranquilo. Es obvio que estas acusaciones tienen intereses políticos detrás y mi vinculación en el caso es solo para volverlo más taquillero. Me están compulsando copias apenas con una entrevista, y no con una declaración juramentada”, dijo el senador.

Sin embargo, el fiscal Martínez Neira concedió esta misma semana un principio de oportunidad a favor de Burgos del Toro –pieza clave del proceso–, para que siga fungiendo como testigo para colaborar con información sobre los involucrados en el caso, a cambio de suspender la acción penal en su contra por un año.

Benedetti es luchador y, para algunos, hasta camorrero. No obstante. Esta pelea –más allá de la dimensión penal– no le llega a en un buen momento. Es una de las figuras más visibles de La U, y la campaña para 2018 está encendiendo motores. Además, ha sido uno de los grandes defensores del proceso de paz y es uno de los alfiles más eficaces del presidente Juan Manuel Santos en el Congreso. Justo ahora que la paz se trasladó de La Habana al Capitolio, su misión es fundamental. Y estar contra las cuerdas no es un buen escenario.