Asesinan al primer miembro de las FARC

Si hay un sentimiento que se asomó todo el tiempo en La Habana fue el temor de esa guerrilla a que los exterminen como ocurrió en su época con la Unión Patriótica. Una pesadilla que para algunos vuelve a tocar las puertas del posconflicto con el asesinato del primer insurgente tras la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón. 

Luis Alberto Ortiz Cabezas es el nombre del joven guerrillero que fue asesinado la semana pasada en zona rural de Tumaco (Nariño). "‘Pepe‘, miembro activo de la organización y beneficiario de la ley de amnistía e indulto, fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte", informó el comando de la zona veredal Ariel Aldana.

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Aunque los miembros del secretariado y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en principio guardaron silencio al respecto, el contenido de la denuncia fue confirmado por miembros de las FARC en ese punto de concentración. De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se presentaron el pasado 16 de abril sobre las ocho de la noche en la vereda la Guayacana, corregimiento de Llorente.

Semana.com conoció que ese mismo día se presentaron diez homicidios en el municipio y uno de ellos correspondería al que señala las FARC en zona rural de Tumaco. Un detalle que se pasó por alto en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este lunes tras la oleada criminal del fin de semana y un episodio que tuvo lugar que en mismo punto donde se han presentado los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad por los trabajo de erradicación forzada.

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Ortiz Cabezas usó la llave del indulto para recuperar su libertad y se encontró de frente con la muerte. Quince días después de haber salido de la cárcel de Vista Hermosa (Cali) fue asesinado en su casa mientras visitaba a sus familiares. "Este hecho criminal, que se suma a otros homicidios, causados según personas de la comunidad por un hombre apodado ‘Renol‘ quien pertenece a un grupo armado que hace presencia en la zona", se lee en el comunicado.

Horas después de que se conoció la noticia, el Estado Mayor Central de las FARC confirmó la noticia y aseguró que "estos hechos demuestran la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad a la vida y a la integridad de las personas, que  son, en últimas, de exclusiva responsabilidad del Estado. ¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de Garantías de Seguridad establecidos en el Acuerdo Final?".

Blindar los territorios y la implementación de conflictos recicladas, como advierte en su libro María Teresa Ronderos, es más difícil si se tiene en cuenta que Tumaco registra el mayor número de hectáreas de coca sembradas en el país y una de las mayores zonas de cristalizaderos o laboratorios de clorhidrato de cocaína. Allí sus habitantes se han cruzado con casi todos los grupos armados ilegales que ha visto nacer el país.

Dado que infortunadamente la historia del país ha sido de fracasos en materia de garantías de seguridad, este brote de violencia lanza una alerta y vuelve a poner sobre la mesa la complejidad que tuvo en su momento la concertación del punto que terminó dejando por fuera de la comisión a las FARC tras la renegociación del acuerdo.

Aunque los hechos son materia de investigación, lo que muchos sienten es que empieza a pasar factura la lentitud y descordinación con la que se viene llevando a cabo la implementación. La Comisión de Garantías, encabezada por el propio presidente de la república, que hace unas semanas se instaló en Popayán y que tiene como fin idear todo un plan para evitar que episodios como del guerrillero Ortiz Cabezas se repitan, no se reúne hace más de un mes.

Si por un lado llueve, por el otro no escampa porque de la tarea de nombrar a la persona que asumirá la unidad especial de investigación contra el crimen organizado, que tendrá que funcionar a la manera de un bloque de búsqueda, tampoco se sabe nada.

A este caso se suma el asesinato líderes sociales en el país. Pese a que desde marzo, cuando la problemática escaló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sólo se ha presentado un caso, desde la firma en noviembre han muerto 31 personas que tienen algún vínculo con la puesta en marcha del acuerdo. Aunque el gobierno desde distintos escenarios ha alzado la voz para advertir que no hay un patrón común, una conexión que apunte a un plan de exterminio, los cálculos y miedos de quienes están en terreno apuntan a otra cosa.