Diana Castañeda: Crónica de otra muerte anunciada

En una reacción desesperada Diana Ximena puso sus manos intentando evitar el filo que la podría llevar a la muerte. Pero los golpes del puñal se repitieron en el cuello, en el pecho y en el abdomen. En total, 95 veces. La brutalidad con la que era apuñaleada solo le dejó una opción: aguantar la respiración y hacerse la muerta por unos segundos.

Ni siquiera la patada en el rostro que uno de los agresores le propinó para cerciorarse que estaba muerta lo sacó del engaño. Al final los dos jóvenes mordieron el anzuelo y se marcharon no sin antes quitarle un iPhone, 15.000 pesos y una cadena de plata. Ese era el botín que, según la hipótesis más fuerte, causó la salvajada.

Diana hizo un enorme esfuerzo para levantarse y con las manos taponó la sangre que brotaba del cuello. Estaba en un espacio abierto, a la salida del pueblo. Se acercó a las casas. Tocó varias puertas, pero la gente gritaba al verla. Al final una señora se apiadó, con una toalla contuvo la hemorragia y la llevó al hospital.

Mientras los médicos luchaban por salvarle la vida, Diana pidió papel y lápiz y escribió lo que ella creía serían sus últimas palabras. “Camilo Ramírez y Santiago... por ese teléfono me querían matar. Yo pedí auxilio, una señora me ayudó. Me dejaron tirada”. (Ver facsímil).

Contra todos los pronósticos, después de cinco semanas en la clínica y 75 días de incapacidad, Diana Ximena sobrevivió a las 95 puñaladas que, según escribió ella misma, le propinaron dos de sus amigos. El dictamen de Medicina Legal confirmó que Diana fue atendida de urgencias con “riesgo de muerte inminente, con sevicia que compromete órganos vitales”. Hasta los médicos decían que “sobrevivió de milagro”. Durante el tiempo de su convalecencia solo habló a través de cinco cuadernos donde escribía su hazaña con la muerte.

El caso tuvo lugar el 21 de marzo de este año en Ansermanuevo, un pueblo de 15.000 habitantes, tristemente célebre porque fue centro de operaciones del extinto cartel del norte del Valle. A pesar de su denuncia, los atacantes nunca fueron arrestados. Y en cambio el cuerpo de Diana fue hallado descuartizado, hace dos semanas, dentro de un costal. 

Diana Castañeda Lozano tenía 21 años y era estudiante universitaria. Primero hizo dos semestres de Administración de Empresas y Trabajo Social y luego se cambió a Pedagogía Infantil, de hecho hacía prácticas en un jardín infantil de su pueblo. La flaca, como le decían sus amigas, era callada y fuerte como un roble. Amante del reguetón y adicta al celular y las redes sociales.

Su pesadilla arrancó el 21 de marzo pasado cuando Camilo Ramírez, amigo suyo de hace tres años, la citó junto a Santiago Betancur, otro amigo en común, para que probaran un blond (marihuana creepy) que les habían regalado. La cita se concretó por Facebook para las 7:20 p.m. en un paraje oscuro que frecuentaban conocido como la Loma del Parapente, que no es otra cosa que un potrero donde aterrizan paracaidistas. 

La propia Diana dijo a la Fiscalía que ellos eran solo amigos “no fui novia de ninguno de los dos, ni tuve relaciones sexuales. A veces fumaba marihuana con ellos”.

Esa noche en el potrero sus dos amigos, que no superan los 20 años, intentaron degollarla, “Santiago me tapó la boca y empezó a cortarme la garganta y Camilo comenzó a chuzarme el pecho, las manos, el vientre”. Aún no es claro si el robo fue el único móvil del ataque. Lo que sí parece claro es que ellos tenían planeada una maldad.

En las fotos que Santiago tiene en Facebook se observa su particular gusto por la marihuana. Y en la denuncia que Diana hizo ante la Fiscalía el 15 de mayo pasado, aportó el pantallazo del chat que tuvo con Camilo un día antes del ataque.

El pasado 8 de septiembre, Diana desapareció de la casa donde vivía con una tía. Y el martes 15 de octubre las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer dentro de un costal, a orillas del río Cauca en Marsella, Risaralda. Aunque aún no hay un dictamen oficial que diga que se trata de ella, en el costal estaba su ropa, celular y señales de un feto de cuatro meses de gestación.

Estaba en embarazo. El padre de ese bebé era Enrique Aguirre, un vecino exmilitar que perdió su pierna derecha en una mina antipersona. “Ella me contó en agosto del embarazo; decidimos tenerlo y le dijimos a su mamá”, contó el exmilitar a esta revista.

¿Su muerte está conectada con el ataque del que fue víctima seis meses atrás? Por lo pronto las autoridades han quedado mal paradas en este caso. Solo ordenaron el arresto de los dos jóvenes de las 95 puñaladas, dos semanas después de que Diana desapareció y cinco meses después de que ella puso la denuncia. 

Santiago fue capturado el 26 de septiembre y Camilo se entregó el miércoles 23 de octubre. A los dos la Fiscalía les imputó homicidio agravado en grado de tentativa y hurto calificado. Ninguno aceptó cargos y enfrentarán el juicio desde prisión. Las órdenes de captura se expidieron con las mismas pruebas que Diana aportó cuando hizo la denuncia en mayo. ¿Por qué esas pruebas sirvieron ahora y no meses atrás?

En ese mismo mayo, tanto la Fiscalía como Medicina Legal enviaron sendas cartas pidiendo medidas de protección para Diana, ante el riesgo que corría por denunciar a sus atacantes. Pero tampoco pasó nada. Camilo y Santiago son familiares de supuestos jefes de una temida banda local conocida como los Motato, que sirve a los Urabeños y que recientemente fue golpeada por la Sijín en una infiltración en la que cayó hasta un concejal. Esos parientes son alias el Zarco y alias Chatarra. El primero se encuentra preso y el segundo fue asesinado recientemente.

A eso se le suman las llamadas intimidantes que le han hecho a la familia de Diana en las que piden que se retire la denuncia contra los dos jóvenes. Pero ellos, aunque quisieran, no pueden hacerlo, porque en esa clase de delitos las denuncias son irrenunciables. Además, en su versión a la Fiscalía, Diana contó que familiares de Camilo se acercaron a ofrecerle dinero para que desistiera del proceso. “Que cómo íbamos a arreglar”, contó ella que le dijeron.

El coronel Néstor Ospina, comandante de Policía en el norte del Valle, explicó que la solicitud de protección está siendo investigada. “Lo que puedo decir es que hasta el momento en mi Distrito no tengo ningún oficio radicado con esa solicitud por parte de la Fiscalía. Eso no quiere decir que no exista”. Mientras que fuentes cercanas al caso explicaron que la excesiva carga laboral de la Fiscalía 22 (maneja 650 expedientes por año) y la falta de datos precisos de la identidad de los victimarios “impidieron que esas capturas se hicieran más rápido”.

En resumen esta historia refleja la tragedia del país: una joven a la que por robarle el celular la apuñalan, ella señala a los culpables, las autoridades por negligencia o por exceso de trabajo no atienden el caso y luego aparece descuartizada.