La equivocación por la que el Estado debe pagar

El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por encarcelar injustamente a un hombre que pagó por error 10 años de prisión, luego de ser señalado como uno de los autores materiales de la muerte del director del El Espectador Guillermo Cano. 

 

Se trata de Pablo Enrique Zamora, a quien deberán pagarle 1.000 millones de pesos. Una suma que no es de poca monta y que entra a hacer parte de los miles de millones de pesos que el Estado debe desembolsar anualmente derivado de sentencias judiciales por actuaciones judiciales erróneas. 

 

El entonces director del diario El Espectador Guillermo Cano fue asesinado por orden del capo Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986, a pocas cuadras de la sede del periódico.

 

Seis meses después, las autoridades capturaron a los supuestos autores materiales del crimen. Dentro de ellos se encontraba Zamora, quien al parecer conducía la motocicleta utilizada para disparar contra el periodista. 

 

Posteriormente fue condenado a 16 años de cárcel. Tras 10 años en prisión, la Corte Suprema lo absolvió y bajo el argumento que no tenía nada que ver con el crimen perpetrado por el cartel de Medellín.

 

Según el Consejo de Estado, las autoridades judiciales en ese momento se dejaron llevar por la necesidad de mostrar resultados contra los homicidas y, por ese error, el Estado hoy debe la millonaria suma a la familia de quien fue condenado sin mayores pruebas.

 

El alto tribunal le exige a la Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla donde se forman los jueces, preparar mejor a los funcionarios judiciales para que no se dejen presionar por el afán de mostrar resultados.