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REPORTAJE

“Acá en Tierralta no asesinan si no es con permiso de las Autodefensas”

El país quedó conmocionado con las imágenes que muestran el profundo lamento de uno de los hijos de la mujer recién ocurrió el asesinato. La familia de María del Pilar había huido del Cauca a causa de la pobreza y la violencia.

22 de junio de 2019

La vida en Tierralta no es sencilla y no solo por la pobreza. Este municipio del sur de Córdoba,  parte del antiguo epicentro del paramilitarismo, no conoce qué es la paz, a pesar del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, una década después, el acuerdo de paz con las Farc. Y el panorama parece empeorar cada vez más.

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Allí en la mañana de este viernes, a sangre fría, ante dos de sus hijos, fue asesinada al frente de su vivienda en Tierralta (Córdoba) María del Pilar Hurtado. Ella laboraba en un aserradero de piezas de madera para fabricar guacales para transportar papayas, pero, al igual que su pareja, también se dedicó a la recolección de elementos para reciclar.

Sus hijos eran cuatro, todos varones, un pequeño de 5 años, otro de 14 y dos mellizos de 12 años. De estos últimos, uno es el que aparece en el video que conmocionó al país y donde exterioriza su profundo e impotente lamento ante el cuerpo inerte de su mamá, asesinada instantes antes por dos pistoleros en moto. 

Sus hijos eran cuatro, todos varones, un pequeño de 5 años, otro de 14 y dos mellizos de 12 años. De estos últimos, uno es el que aparece en el video que conmocionó al país

La familia de María del Pilar llegó a Córdoba desde Puerto Tejada (Cauca) hace unos cuatro años huyendo de las complejas condiciones de pobreza y orden público que allí vivieron. Rossy Pérez, integrante de la Mesa departamental de víctimas del Cauca, dice que María del Pilar sí ejerció algún liderazgo en su municipio y debió huir de las amenazas de las pandillas que allí operan.

Su compañero, Manuel Berrío, es oriundo de Tierralta y por ello terminaron allí. Arribaron al sector La Esperanza, del barrio Nueve de agosto, una antigua invasión que fue legalizada en junio 2017 y considerada hasta entonces, por sus 46 hectáreas y sus 17.000 habitantes, las más grande de Latinoamérica.

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Según una crónica del diario ‘El Colombiano‘ de 2013, ese lugar “se convirtió en el barrio de los desplazados, las viudas y los huérfanos de los últimos 20 años de violencia de la guerrilla y los paramilitares, de los venteros ambulantes, de las chanceras y hasta de los damnificados de las olas invernales que destruyeron fincas y cosechas”.

Manuel es padre del menor de los niños, pese a que no tiene sus apellidos. Al mayor, de otro papá, le sucede igual. Los mellizos, de diferente progenitor, sí los llevan. Los tres más grandes ayudaban con las labores reciclaje y por ello fueron objeto de un trabajo de “fortalecimiento familiar” por parte del ICBF, que los halló en situación de trabajo infantil.

Los tres más grandes ayudaban con las labores reciclaje y por ello fueron objeto de un trabajo de “fortalecimiento familiar” por parte del ICBF, que los halló en situación de trabajo infantil

Otra amenaza

El sur de Córdoba y los municipios antioqueños con los que limita conforman la subregión del Bajo Cauca, en torno del nudo de Paramillo, zona que históricamente ha sido estratégica para el narcotráfico por los crecientes cultivos de hoja de coca, la localización de laboratorios para procesar pasta base de coca y la cercanía con los puertos de la costa Caribe para enviarla al exterior.

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Según el informe de 2017 (último disponible)  de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc), en esa zona hubo un incremento del 58 % al pasar de 15.617 hectáreas a 24.640. “Córdoba fue el departamento de mayor crecimiento con un 79 % frente a lo reportado en 2016”, señala el reporte.

Desde 2016 han sido reportados como asesinados 31 líderes sociales en Córdoba, doce de ellos en Tierralta. Hace siete meses la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para esta región del sur de Córdoba. El informe advirtió sobre la reconfiguración de grupos armados ilegales y dio cuenta de hostigamientos contra la población civil. A pesar de que esas alertas llegan al Ministerio del Interior y es obligación del Gobierno tomar medidas, en la región sienten que no sirvió para nada.

La ley la impone en la zona la banda criminal encabezada por Dairo Úsuga (Otoniel), el Clan del Golfo, que en la zona se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), nombre con el que busca darse un barniz político para lo que, para el gobierno, es una enorme operación de narcotráfico que busca mantener el control territorial de las zonas clave para su negocio ilícito. Sin embargo, la organización es heredera del poder paramilitar que ejercieron los hermanos Castaño.

La ley la impone en la zona la banda criminal encabezada por Dairo Úsuga (Otoniel), el Clan del Golfo, que en la zona se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), nombre con el que busca darse un barniz político

Los municipios del sur de Córdoba, sobre todo San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, han atestiguado una cruenta guerra entre las AGC y una de sus escisiones, los Caparrapos, quienes presuntamente secundados por clanes de la droga mexicanos, han intentado imponerse. Ello ha significado una serie de asesinatos selectivos. Incluso, se han vuelto prácticas como masacres y descuartizamiento de víctimas.

“Hasta ahora los Caparrapos no han logrado entrar a Tierralta”, señaló a SEMANA el director de la Fundación Cordoberxia, Andrés Chica, misma organización que denunció el asesinato de María del Pilar como víctima de las Agc, quien habría aparecido en un listado de amenazados por esa estructura criminal contra presuntos invasores de terrenos en el municipio.

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“El panfleto de amenaza no fue solo un papel, es una acción de muerte contundente” dijo un comunicado de Cordoberxia publicado la mañana del viernes, pocos minutos después del crimen contra la mujer. En esa amenaza la nombraban supuestamente “la gorda hpta mujer del chatarrero”.

Fuentes que presenciaron la declaración de Manuel ante la Fiscalía contaron a este medio que él habría dicho que María del Pilar no estaba dentro de la lista de un panfleto de las AGC. La misma María del Pilar había indagado pues le pareció extraño, ya que a Manuel no lo conocen en el barrio como chatarrero. Él se dedica al reciclaje de cartón y plástico. Sin embargo —agregó— ella sí había marcado un lote que está en disputa por parte de algunos desplazados del municipio. Será la Fiscalía la que investigue todos estos hechos para dar con el paradero de los asesinos de María del Pilar.

La misma María del Pilar había indagado pues le pareció extraño, pues a Manuel no lo conocen en el barrio como chatarrero. Él se dedica al reciclaje de cartón y plástico

Alcaldía responde

Apresuradamente, la Alcaldía de Tierralta, a través de la Secretaría de Gobierno, expidió un comunicado que da cuenta de una reunión entre el secretario de ese despacho, Willington Ortiz Naranjo, la personería municipal María Alexandra Ferraro y el defensor comunitario Víctor López Mestra. Por la Policía asistieron el comandante del distrito, mayor David Quintero Ibarra, y el intendente Amed Díaz, jefe de la Sijín local. Manuel también aparece en el listado.

El encuentro fue “para desvirtuar las afirmaciones supuestas en redes sociales por la Asociación Cordoberxia, donde de manera irresponsable afirma que la señora María del Pilar Hurtado Montaño es una lideresa social y estaba referenciada en un panfleto amenazante que circuló en días anteriores”.

El encuentro fue "para desvirtuar las afirmaciones supuestas en redes sociales por la Asociación Cordoberxia, donde de manera irresponsable afirma que la señora María del Pilar Hurtado Montaño es una lideresa social"

La Defensoría del Pueblo declaró en su perfil de Twitter que la “información de la Alcaldía de Tierralta donde se desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar Hurtado y menciona a @DefensoriaCol como institución que respalda esa afirmación, no corresponde a la realidad pues no estuvimos presentes en la declaración”.

“No sé de dónde sale la aseveración de que ella es una líder social porque en el comunicado no se dice eso. No sabemos cómo alguien quiso vender la noticia así”, replicó el directivo de Cordoberxia. Confirmó que María del Pilar en la primera semana de junio “estuvo involucrada en la toma de un predio” y se preguntó: “¿será que para la alcaldía es menos o más ser un líder que un reciclador?”.

Narró también que hubo un primer terreno que fue invadido, que después de un diálogo fue desocupado. Un segundo lote, “que sería propiedad el padre del alcalde de Tierralta”, Fabio Otero Avilés, fue entonces ocupado. “Allí es que entran las amenazas. En las noches pasaban hombres armados cerca de la invasión haciendo tiros, cerca de donde estaba la Policía. Finalmente el Esmad es el que hace la desocupación del lote”.

Tras estas amenazas, aseguró Chica, ya dos personas de las que han ocupado estos lotes en desuso han sido asesinadas, una fue herida y otras tres personas fueron desplazadas.

Sobre las evidencias sobre si las Agc cometieron el crimen, el integrante de la asociación señala que “acá en Tierralta no asesinan si no es con permiso de las Autodefensas. Hay una dominación completa del Clan del Golfo”.

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El alcalde Otero Avilés pidió que “no se politizara el asesinato de María del Pilar”. Aceptó en rueda de prensa hace cerca de un mes hubo al menos cinco invasiones en el municipio y que uno de los terrenos es de su padre, pero que fue desocupado tras dialogar con los líderes. Anunció, también, acciones judiciales contra quienes señalaron en este caso a su familia.

El alcalde Otero Avilés pidió que “no se politizara el asesinato de María del Pilar”. Aceptó en rueda de prensa hace cerca de un mes hubo al menos cinco invasiones en el municipio y que uno de los terrenos es de su padre

Incluso hubo un contrapunteo. “Andres Chica, líder de DDHH, busca enlodarme en asesinato de la Sra María del Pilar, para buscar beneficios políticos en favor de sus intereses. Que tristeza (sic)”, trinó el mandatario local en su perfil.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, dijo en una denuncia pública que “hacemos responsable al alcalde Fabio Otero Avilés por la realización de cualquier acto que agreda la vida e integridad del defensor Andrés Chica o su familia”.

La gobernadora de Cordoba, Sandra Devia, señaló a la salida de un consejo de seguridad en el que se ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por los autores del crimen que María del Pilar, que ella “no se encontraba en el panfleto en el que se denunciaron las supuestas amenazas a ciudadanos de Tierralta, sin embargo, todo ciudadano merece la protección del Estado, y en este caso rechazamos crimen por su condición de madre y de mujer”.

Retaliación

El comandante de la Policia de Córdoba, coronel Jairo Baquero, secundó esa versión y señaló que los amenazados el listado fueron identificados y se les otorgó medidas de protección. “La persona asesinada el día de ayer no está en este listado, creemos nosotros que esta no es la consecuencia de su muerte, tenemos cuatro hipótesis delictivas adicionales”, dijo.

Camilo Montaño, familiar de María del Pilar dijo que en este momento la discusión no es si ella era víctima de amenazas o si ejercía algún tipo de liderazgo en Córdoba, porque “eso significaría que si no lo es dejarán de investigar”. Antes de la medianoche del sábado esperaban el cuerpo de María de Pilar.

De su entorno cercano tampoco reportaron amenazas, pero sí hubo un episodio diciente. El hijo mayor, de 14 años, quien tiene una madurez tal que parece de mayor edad, dijo recordar claramente que su madre lo sentó y habló con él largamente días antes de su violenta muerte acerca de cómo deberían funcionar las cosas en el hogar en el caso que ella faltara.

¿Y los niños?

La directora general del Icbf, Juliana Pungiluppi, anunció este sábado desde Tierralta Córdoba que los cuatro hijos de María del Pilar Hurtado, la mujer asesinada el viernes en la mañana en esa localidad, serán reubicados de manera provisional con su familia extensa materna en Puerto Tejada.
 
Según la institución, desde el momento que se conoció el hecho, se designó un equipo de profesionales del Centro Zonal Tierralta para realizar las valoraciones y verificar los derechos de los cuatro hermanos.

"Hicimos énfasis en que deben estar muy unidos, acompañarse, y apoyarse”, expresó la directora del Icbf, quien comprobó en la mañana del sábado que los menores —pese a ser de padres diferentes— son muy unidos.

“Hablé con los cuatro niños toda la mañana y están tranquilos con la decisión de ser reubicados con su tía materna. En Puerto Tejada viven otras tías maternas y su abuela. Hicimos énfasis en que deben estar muy unidos, acompañarse, y apoyarse”, expresó la directora del Icbf, quien comprobó en la mañana del sábado que los menores —pese a ser de padres diferentes— son muy unidos.

Serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que ocurrió realmente en este caso. Lo cierto es que el miedo y el horror permanecen en el sur de Córdoba y el estado sigue fracasando en hacer presencia en ese olvidado rincón del país.