Así están matando a los líderes rurales en Colombia

Se llamaba Bernardo Cuero Bravo. Era víctima de desplazamiento forzado, delegado por la organización AFRODES a la Mesa de Participación de Víctimas de Atlántico y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo.

En la noche del pasado miércoles 7 de junio, Cuero fue ultimado con arma de fuego por dos sicarios mientras veía el partido de Millonarios vs. Atlético Nacional. Según la Defensoría del Pueblo, él fue la víctima más reciente de un músculo criminal que sigue amenazando y segando la vida de líderes sociales. Como Cuero, actualmente al menos 500 líderes sociales corren peligro real por su ejercicio comunitario, de acuerdo con cifras de la misma entidad.

AFRODES le pidió explicaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues a Bernardo Cuero se le retiró un esquema de seguridad previamente asignado en razón de las constantes amenazas contra su vida. ¿Cuál es el diagnóstico de este de fenómeno?

¿Cómo y quiénes están matando la los líderes sociales?

“Nadie va a iniciar una pausada conversación democrática con una pistola en la sien”, esa es una de las repercusiones prácticas que se desprenden del reporte semestral ‘Dinámicas de asesinato de líderes rurales’ del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agropecuaria, presentado esta misma semana en la Universidad del Rosario.
El informe, a la luz de los resultados, pretende brindar insumos a las autoridades para acabar con los asesinatos de líderes rurales, cuya definición se entiende como “dirigentes y/o dignatarios de organizaciones o asociaciones agrarias, campesinas, comunidades rurales y grupos étnicos indígenas o afrocolombianos”, como fue el caso de Cuero Bravo.
Con datos desde 2005 hasta 2015, pero con la perspectiva que ofrece el futuro inmediato de la Colombia del postconflicto, el documento subraya los ‘efectos secundarios’ para una sociedad en la que se asesina a un líder social. Entre ellos, por ejemplo, está la radicalización política, la salida de la democracia e incluso el aumento de la corrupción.

La primera gran conclusión que arrojó la investigación, y tal vez la más evidente, es que los atentados a líderes rurales no ceden en Colombia, por el contrario, están aumentando. Esto a pesar de que se han dado procesos de desmovilización de grupos armados e incluso un acuerdo de paz. Desde el 2005 han sido identificados 500 eventos victimizantes a líderes sociales. Las organizaciones más afectadas por este tipo de crimen son las Juntas de Acción Comunal (JAC), con 109 casos, y por tipo de víctima, en específico, se distribuye así:

Sobre los perpetradores de este tipo de crimen hay un serio vacío. En el 58% de los asesinatos se cataloga como desconocido al victimario; el 14% de ellos se les atribuye a bandas criminales; 10% a grupos paramilitares; 9% a las FARC; 5% al ELN y un 1% al Ejército.
Es un fenómeno concentrado, pues el 55% de los crímenes ha ocurrido en solo cinco departamentos: los más afectados son Antioquia con 87 casos, Cauca con 83, Valle del Cauca con 38, Córdoba con 36 y Nariño con 35. Y por municipios se ubica primero Apartadó (Antioquia) con 18 casos, Caloto (Cauca) con 15 casos, Tierralta (Córdoba) con 15 casos, Buenaventura (Valle del Cauca) con 13 casos y Tumaco (Nariño) con 11 casos.

¿Es un fenómeno sistemático?

Año de ocurrencia

Dentro del mismo informe se deja un debate abierto, en el plano semántico y de derecho, sobre si debe llamársele “sistemático” a este flagelo. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de la Vicepresidencia, y el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez han rechazado esa denominación, lo que parece un hecho tras la investigación es que, por la reiteración, la metodología y el principio de “seguir un sistema organizado”, el asesinato de líderes sociales en Colombia cumple con más de la mitad de los requisitos para considerarse “sistemático”. Estas características son coincidentes con buena parte de la definición de la Corte Penal Internacional y del mismo Derecho Internacional Humanitario.

¿Por dónde empezar?

El reporte del Observatorio, datos en mano, le recomienda al gobierno aceptar de una vez por todas que el asesinato ha sido sistemático. Además, propone acciones más efectivas para monitorizar el problema, diferentes a la de la mera seguridad, como por ejemplo: discutir las cifras en la Comisión de Paz del Congreso de la República, realizar alianzas público-privadas para que se conozca y debata la magnitud del problema a escala nacional y propender por terminar con el estigma del liderazgo social.

Un paso adelante fue la creación de la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de la Nación, que vio la luz con el decreto 898 del 29 de mayo pasado. Su objetivo es desmantelar las organizaciones y conductas criminales “responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. La meta crucial es es que esta unidad tenga garantizadas su operación y financiación, resalta el reporte semestral.

Pueden consultar el reporte semestral completo en este enlace

Por: Andrés G. Borges
@palabraseca

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