Siguen asesinando civiles en Tumaco, ¿qué está pasando?

El discurso de la paz se hace agua en Tumaco. La fórmula de la que echó mano el Gobierno para poner orden en el municipio con más coca en el país se agota, mientras los civiles siguen poniendo los muertos. Hace 15 días fueron masacrados seis campesinos en la vereda El Tandil y esta semana se conoció el asesinato de dos indígenas awá y un líder afro, también en zonas rurales. 

La última víctima

A José Jair Cortés lo mataron a tiros en la vereda Restrepo este martes. Tenía 41 años y de su tierra lo sacaron hace un mes por creer en la sustitución y resistirse a dar la batalla contra la erradicación forzada. Objetivo militar, fueron las dos palabras que lo desterraron de Tiestería. Era un líder social, vocal del Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera. Con el cargo, llegaron las amenazas y un chaleco antibalas, un celular y un auxilio de transporte proveídos por la Unidad Nacional de Protección. El peligro estaba ahí, todos lo veían venir pero nadie hizo nada.

Aunque en estos tiempos se habla de paz, Jair llegó a la cabecera de Tumaco huyendo de la violencia. Se opuso como toda la junta de gobierno del Consejo a participar del plantón contra la Policía Antinarcóticos que terminó en la masacre de seis personas en El Tandil. Mientras que la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) argumenta que quienes participaron lo hicieron voluntariamente, también se ha dicho que algunos fueron presionados por un narco puro conocido como Cachi y por Guacho, un disidente de las Farc.

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Su historia también es el relato de una crimen anunciado. Por varios días se mantuvo al margen de los caminos que conducen a su territorio, pero este sábado no se aguantó y regresó a visitar a su familia. "Motivado por la desesperación, se encontraba en territorio visitando a su esposa, quien tiene un delicado estado de salud", detalla el Consejo Comunitario en un comunicado.

Con su muerte, ya van cinco miembros de junta de Gobierno y cerca de diez líderes veredales asesinados. Francisco Hurtado, Armenio Cortés Landázuri, Patrocinio Sevillano y Gilmer Genaro García son los nombres de algunos de ellos. Ni antes, durante y después de la negociación con las Farc en Tumaco se ha respirado calma.

"Todas las tragedias recientes indican que al gobierno le quedó grande la implementación del acuerdo de paz. Lo que explica que en esta coyuntura se hayan consolidado grupos armados ilegales y haya aumentado el asesinato de campesinos, homicidio de líderes, cultivos de coca, violencia intraurbana e inoperatividad de todos los programas del posconflicto", dice la comunidad. 

El Gobierno está perdiendo la carrera contra la violencia. El hueco que dejó la guerrilla más vieja de Latinoamérica no ha sido copado por la institucionalidad sino por actores armados que se pelean las 20.000 hectáreas de coca que hay en el municipio y las rutas del narcotráfico privilegiadas por la ubicación geográfica: junto al Pacífico, en medio de la selva y en la frontera con Ecuador. En Tumaco sienten que sus problemas están sobrediagnosticados y las soluciones se embolatan entre reuniones y concertaciones.

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El gobierno reaccionó a la crisis reciente con la presencia del vicepresidente Óscar Naranjo, que por más de una semana despachó desde el municipio, y puso la cara por la institucionalidad. Pero la verdad es que su gestión no hizo que pararan los asesinatos relacionados con la coca. Y menos su presencia solucionó el tema de fondo.

La punta de lanza de la estrategia del gobierno sigue siendo la erradicación forzosa de la coca (por cada 9 hectáreas arrancadas a la brava, solo una es sustituida por otros cultivos). Pero las demandas de la comunidad van por otra vía: piden carreteras para sacar productos distintos a la hoja, alternativas económicas para abandonar la siembra por las buenas y, sobre todo, una intervención contundente para ponerle freno al accionar de los grupos armados ilegales que, desde el alto al fuego definitivo de las Farc, se han multiplicado en la zona. Allí se habla de las disidencias comandadas por Guacho, de grupos de narcos puros como los de Cachi y Contador (un criminal del Clan del Golfo) y hasta de grupos paramilitares como la Nueva Generación.

Por su parte, la Procuraduría hizo un llamado para que el Estado se anticipe a las "dinámicas de los criminales ineresados en perpetuar los cultivos ilícitos y en impedir el empoderamiento de la sociedad civil capaz de asumir la transformación de sus territorios y la autogestión de nuevas formas de vida que mejoren sus condiciones".

Aunque es cierto que tanto la masacre en Tandil como el asesinato de Jair Cortés y de los awá son materia de investigación, la coca y el conflicto de tierras se están comiendo a Tumaco. Detrás de la bonanza que infructuosamente intenta desmantelar el Gobierno a través de la sustitución de cultivos y erradicación forzada, se esconde una disputa que enfrenta a las comunidades.

Tierra sin linderos

De los 16 Consejos Comunitarios que ha reconocido el país a las comunidades afrodescendientes en este municipio, Alta Mira y Frontera recoge el drama que se vive en cada uno de estos territorios. ¿La razón? Aunque en 1997 el Misterio del Interior emitió una resolución que les legalizó las 16.000 hectáreas de tierra, el desplazamiento desbarató el contenido de esos papeles.

Con el Plan Colombia y la lucha antinarcóticos que se emprendió en el nuevo milenio, decenas de campesinos de Caquetá, Putumayo y Antioquia salieron huyendo de la aspersión con glifosato. Se asentaron en Tumaco y llegaron a alentar una economía que apenas estaba emergiendo. El punto era estratégico. Una sola vereda facilita la siembra, transformación y transporte de la droga. Por las buenas y por las malas, muchos llegaron a comprar y ocupar parcelas que no se podían comercializar porque pertenecían al Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera. Aún así se quedaron. Los afros perdieron el control del territorio y ahora todos los ocupantes reclaman un pedazo de tierra.

El problema se intensificó por el desconocimiento local. Pese a que legalmente el territorio estaba adjudicado, el Gobierno de Nariño reconoció la presencia de las Juntas de Acción Comunal dentro de una zona que ya les pertenecía a los afro, y con ello, dos poderes empezaron a chocar. En la disputa quedaron 5.000 familias afros y 8.000 de colonos.

"A pesar de la existencia de un amplio bloque normativo en amparo a los derechos colectivos de los habitantes de nuestro Consejo Comunitario, los problemas territoriales no han disminuido, y por el contrario, se han agravado. El crimen contra nuestro hermano Jair se dio como consecuencia de su decidida defensa del territorio y su apuesta por la sustitución de cultivos de uso ilícito, pese a las enormes fallas del gobierno en su implementación", advirtió el Consejo Comunitario.

Aunque se sabe que el problema agrario ha gravitado en el conflicto armado durante el último siglo y ha incidido en la persistencia de la violencia, la solución que salió de La Habana no ha empezado a arrojar resultados. El proyecto de tierras podría ser una gran oportunidad para hacer cambios pendientes durante medio siglo pero su trámite no despega en el Congreso.

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Mientras eso se resuelve, el próximo 23 de octubre una Mesa de Saneamiento se prepara para volver al Alto Mira y Frontera a desenredar el problema de la propiedad. "Hemos diseñado un plan para crear un programa de dotación de tierras que permita la reubicación de los colonos, siempre y cuando se comprometan con la sustitución de cultivos y (...) vamos a delimitar este territorio de 24.000 hectáreas, y los predios que hay en su interior para garantizarle seguridad jurídica a todos los actores", respondió Miguel Samper Strouss, director general de la Agencia Nacional de Tierras.

A su turno, Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, resaltó los esfuerzos que el Estado ha hecho en esta zona. Sin embargo, le hizo un llamado al Estado "para que garantice la integridad de las poblaciones, refuerce las medidas de protección de los líderes sociales y adelante las investigaciones judiciales que permitan establecer las responsabilidades de los hechos ocurridos recientemente".De hecho, voceros de la organización hacían parte de la comisión humanitaria que fue hostigada cuando se acercaba al lugar de la masacre.

Por eso, detalla que "es importante que las instituciones del Estado sigan avanzando en la articulación de sus programas, teniendo en cuenta que allí confluyen comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, con diferentes visiones sobre el territorio".

Los awá, en la mira

El pueblo awá, los indígenas que por siglos han ocupado Tumaco, también está en la mira de los violentos. Este lunes en la mañana, según conoció SEMANA, dos miembros de esa comunidad fueron asesinados cerca a su casa en la Guayacana, un sector cercano al corregimiento de Llorente y a la vía que conduce hacia Ipiales.

Según Riber Nastacuas, consejero mayor de la UNIPA, que recoge a buena parte de los awá, la información que han obtenido indica que las víctimas eran hermanos y que fueron baleados. También conocieron que a comienzos de ese año, otro miembro de esa misma familia había sido asesinado. Otros dos miembros de esa comunidad que se dedicaban a jornalear cayeron el pasado 5 de octubre, en la masacre de 6 personas que ocurrió en El Tandil. 

Las acciones recientes en contra de ese grupo étnico no se detienen ahí. La comunidad ha reportado la presencia de distintos actores armados en sus territorios, que incluyen a disidentes de las Farc, al parecer a grupos narcoparamilitares y también al Ejército.

SEMANA recorrió parte del territorio indígena awá el pasado 10 de octubre y pudo corroborar la situación. En la entrada al resguardo de Piedra Sellada, a media hora en lancha desde El Tandil, donde ocurrió la masacre, se vieron a cuatro personas, al menos una de ellas visiblemente armada, que presuntamente hacen parte de las disidencias.

Los mismos habitantes de la zona cuentan que desde el desarme de las Farc han rondado varios grupos que siguen controlando el negocio de la coca que, como en toda la región, también abunda en los territorios awá. Los miembros de esos grupos se han presentado bajo distintos nombres, entre los que ha sonado, por ejemplo, el de la Nueva Generación, que según un informe publicado este lunes por El Espectador, basado en información de Indepaz, es una organización narcoparamilitar con alto despliegue en el suroccidente del país.

A la presencia de los ilegales se suma también la del Ejército, que tampoco puede estar en un territorio donde la autonomía, por ley, es de la Guardia Indígena. Según la comunidad, la guardia de los awá fue el pasado 2 de octubre a verificar la presencia de un grupo de soldados en los límites del resguardo de Piedra Sellada y terminó enfrentada contra el Esmad, que arrojó gases lacrimógenos.

En la zona, cerca a la única escuela, también han encontrado minas antipersonales que, aseguran, hace unos meses no estaban ahí. La comunidad ya ha desactivado por su cuenta tres de esos artefactos para lo que han tenido que poner su vida en riesgo.

La situación de los awá es grave, teniendo en cuenta que Tumaco es su territorio principal, donde hay 16 resguardos habitados por alrededor de 12.000 personas, es decir, casi la mitad de la población total de esa comunidad, según las cuentas de Riber Nastacuas. Una muestra de la presión que hay sobre ellos, asegura ese consejero, es que alrededor de 14 líderes de la comunidad han tenido que recibir medidas de protección de la UNP.

Ante lo que denomina "la alteración del orden público", Nastacuas cuenta que los líderes de todos los resguardos de la zona se reunirán el próximo sábado para tomar medidas sobre la crisis de violencia que vive Tumaco y que también los golpea a ellos. Los awá, como el resto de las comunidades locales que están poniendo los muertos, buscan por su cuenta salidas a la crisis de violencia, pero son conscientes de que las soluciones de fondo están en manos del Estado.