Asesinatos de líderes sociales: ¿crímenes sistemáticos?

Los asesinatos de civiles relacionados con la coca no paran. Este domingo, SEMANA informó que, según los registros de la Fundación Paz y Reconciliación, este año han sido asesinados 81 líderes sociales (una cifra que ya casi duplica la del año pasado), muchos de ellos por situaciones relacionadas con el cultivo ilícito. El mismo día se conoció que un grupo de hombres armados mató a Miguel Pérez en Tarazá, Antioquia.

Pérez era miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, también de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y militante de Marcha Patriótica. Así mismo, impulsaba la sustitución voluntaria de coca en su región.

A ese asesinato se le sumó que justo ayer, Iván Darío Muñoz murió en un hospital de Tumaco, luego de dos semanas de lucha, y se convirtió en la séptima víctima mortal de la masacre ocurrida en El Tandil el pasado 5 de octubre, cuando un grupo de campesinos se manifestaba en contra de la erradicación forzada. En el mismo municipio, la semana pasada asesinaron a José Jair Cortés, un líder afro que apoyaba la sustitución voluntaria de coca.

En video: ¿Cómo parar el desangre de líderes sociales?

Con esa trágica racha, la seguridad de los líderes en las zonas de cultivos de coca pasó a ser la prioridad por estos días en la implementación de los acuerdos de La Habana. Justo este lunes, el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y Pastor Alape, en representación de la Farc, el movimiento político surgido tras el desarme de la guerrilla, se vieron la cara en la inauguración de un evento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y, como era inevitable, se refirieron al tema.

"Hay armados que no quieren la paz porque viven de la renta de la coca", dijo Pardo, y agregó que asesinatos como el de Pérez tienen que ver con el hecho de que era un líder que apoyaba la erradicación. Sin embargo, el funcionario, en la misma línea de lo que habia dicho el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, señaló que no se trata de crímenes sistemáticos. "No se puede decir que los asesinatos son sistemáticos porque no hay un solo patrón. Provienen de varias fuentes".

Justamente, sobre los actores que estarían relacionados con los últimos crímenes contra líderes, Pardo puntualizó que "en zonas altas de Tumaco ha habido amenazas de Bacrim y en Antioquia de los Grupos Armados Organizados", como el Clan del Golfo.

La determinación de la sistematicidad es clave para entender si se trata de un exterminio planeado y continuado de estos líderes sociales, que pudiera seguir escalando. Pero para Alape, es claro que sí son hechos sistemáticos. "Cuando se empiezan a desconocer realidades es difícil encontrar soluciones", sostuvo.

De hecho, varios investigadores, como lo señaló SEMANA en su última edición, han coincidido con Alape, y eso lo determina a partir de que en la mayoría de los casos se ven patrones de violencia: hay rentas ilícitas en los territorios donde ocurren y actores criminales que luchan por controlar el dinero que producen.

En contexto: El doloroso asesinato de 81 líderes (este año)

Es claro que en el último mes Tumaco se convirtió en un triste espejo del gran reto de acabar con la coca en territorios plagados de actores armados ilegales. "Tumaco tiene todos los problemas y sobre todo una cultura del narcotráfico que viene desde el siglo pasado. Planteamos la necesidad de poner allá una mesa permanente de todos los actores para solucionar esos temas del narcotráfico, la tierra y la miseria", sostuvo Alape.

"Hay que trabajar para dar alternativas", dijo Pardo sobre el municipio nariñense, donde se han visto con más claridad los líos de la erradicación. "Queremos ir más rápido en sustitución pero hay quienes quieren que vayamos lento", aseguró. "Se tiene que lograr la meta en sustitución de cultivos. Pero cuántos recursos se están destinando a erradicación forzada y cuánto a sustitución", dijo Alape. Justo sobre ese punto, la proporción de hectáreas erradicadas a la fuerza frente a las sustituidas voluntariamente en el municipio con más coca de Colombia es de 9 a 1.

Lo claro es que el asesinato de civiles por la puja de la coca y en especial la crisis del puerto nariñense están en el primer renglón de las preocupaciones de los actores involucrados con la meta de acabar esos cultivos. Ahora, lo que esperan en los territorios, es que las intenciones se traduzcan en acciones eficientes para frenar los asesinatos.