Las amenazas que persisten en el Cauca

El pasado miércoles 21 de junio un comando armado integrado por una docena de hombres vestidos de camuflado, botas pantaneras y guantes negros, incursionó en la finca de Mauricio Vélez López, un reconocido líder sindical que era el vicepresidente de la agremiación de universidades públicas y exgerente deportivo del club América de Cali.

De ese sitio lo sacaron a la fuerza y luego dejaron su cadáver abandonado, con un tiro de fusil en la cabeza y señales de tortura. Todo eso sucedió en Buenos Aires, Cauca, a escasos kilómetros de la Zona Veredal Transitoria, ZVT, conocida como La Elvira, donde se concentra un millar de guerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso de paz.

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Desde que la guerrilla empezó su agrupación y desmovilización, en febrero pasado, en los tres puntos asignados en el norte del Cauca (Miranda, Caldono y Buenos Aires) a la fecha 13 líderes sociales fueron acribillados, decenas de ellos amenazados y al menos cuatro exmiembros de las Farc y sus familias asesinados.

La misma Defensoría del Pueblo en Cauca advirtió el fenómeno en sus alertas tempranas y las organizaciones sociales de izquierda, los cabildos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos, lo vienen ratificando en varios informes de seguimiento en el que quince organizciones sociales acompañan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

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Y el pasado miércoles 4 de julio la Asamblea Departamental convocó a una sesión para tratar la difícil situación de derechos humanos en esa región del país, al tiempo que surgían denuncias sobre nuevas amenazas contra ocho líderes de organizaciones sociales, “un grupo paramilitar autodenominado Defensores-Frente de Guerra Sur Oriental contra los comunistas”, dice un comunicado de Marcha Patriótica.

Es decir, la zona norte de Cauca que fue considerado el vórtice de la guerra contrainsurgente, hoy padece varios de los temores planteados ante un eventual proceso de paz con las Farc y con un ingrediente adicional: justo en ese territorio se concentran las dos minorías étnicas (indígenas y negros) que representan el 40 por ciento de toda la población caucana.

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Existe un rosario de denuncias con detalles inéditos que dan cuenta de lo que viene ocurriendo en esa región del país. Homicidios selectivos, amenazas y desplazamientos se mezclan con la llegada de nuevos grupos armados ilegales quienes mediante el terror, intentan hacerse al control territorial de aquellos sitios abandonados por las Farc, tras el acuerdo de Paz. Las denuncias más delicadas provienen del corredor estratégico entre Toribío, Caloto, Corinto y Miranda.

Cabe destacar que esa zona era considerada el santuario de las Farc y donde se libraron los más sangrientos enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. El otro valor estratégico de ese corredor consiste en que por allí se mueve toda la ilegalidad de la región: desde el tráfico de armas, marihuana, cocaína y hasta secuestrados por la delincuencia común.

Todo ello hace que el norte del Cauca sea considerado la joya de la corona y de ahí que desde hace varios meses las comunidades hablan de dos nuevos grupos armados ilegales. Uno de ellos se hace llamar “Patria Grande Ejército del Pueblo” y el otro, algunas veces se presenta como EPL o ELN.

Aunque voceros del ELN niegan que estén cooptando zonas de las Farc, lo cierto es que en el Cauca los elenos hacen presencia con tres frentes y siete compañías, la mayoría ubicados en el sur del departamento.

Un oficial de inteligencia del Ejército y que pidió no ser citado, aseguró que esos nuevos grupos no son más que desertores de las Farc que prefirieron seguir delinquiendo, “no importa el brazalete o distintivo que se pongan, les da igual, lo que en realidad les interesa es tener el control de la zona para mover la droga que se produce en las montañas”.

Ese análisis coincide con un incidente de orden público ocurrido el pasado 3 de junio; ese día el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de alias Ácido o el Negro, un desertor de las Farc que al parecer cayó durante combates con el EPL, en Suárez, Cauca.

Deivi Hurtado, coordinador de Derechos Humanos de Marcha Patriótica en el suroccidente colombiano, explicó que la estrategia de esos nuevos grupos armados ilegales es simple, “llegan a las veredas, convocan a la comunidad y les notifican que ellos son los encargados de la seguirdad del sector”. Hurtado aclaró que como muchos presidentes de Juntas de Acción Comunal, JAC, se negaron a colaborar en sus pretensiones, “los declaran enemigos y objetivo militar”. El defensor regional del pueblo, Norman Germán Granja reconoció que algunas de las personas amanezadas “han sido asesinadas”.

Si bien en esa región del país ya no se habla de los continuos hostigamientos y ataques con cilindros bomba a las estaciones de Policía de sus municipios; como tampoco volvieron las temidas emboscadas donde eran masacrados los militares, algo muy grave se está cocinando en materia de orden público.

En la mira

Desde la concentración de las Farc en los tres puntos del norte del Cauca, se han registrado cuatro casos en los que las víctimas de homicidios selectivos eran guerrilleros desmovilizados o miembros de su núcleo familiar.

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Tal como sucedió el 25 de abril en Toribío, donde fue asesinado José Húber Yatacué Mestizo, integrante de las milicias de las Farc. Yatacué estaba asignado al Punto Transitorio de Normalización en Miranda. El día que lo mataron se hallaba con su familia en Toribío.

Pero tres días después ejecutaron otro homicidio; la víctima fue Guillermo Llamo Largo, padre de otro guerrillero concentrado en el punto transitorio de Miranda. El señor Llamo fue asesinado con un arma blanca cuando se encontraba en Corinto, Cauca.

La siguiente víctima fatal sería Jeison Rosero Muñoz, asesinado el 9 de mayo en el municipio de Argelia y quien era hijo de un exjefe de milicias de las Farc. Y el 21 de mayo las autoridades hallaron el cadáver del exguerrillero Eider Quitumbo Taquinás. El cuerpo sin vida presentaba heridas causadas con arma de fuego y lo arrojaron sobre la vía que conduce desde Buenos Aires hacia la zona veredal La Elvira, de donde fue expulsado por mal comportamiento.

A los 115.000 miembros de la etnia nasa que viven en ocho municipios de la región tampoco les ha ido bien. Según Mauricio Lectamo, coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, la organización que agrupa a los 20 resguardos, este año van 15 indigenas asesinados, mientras que en todo 2016 fueron 11 las víctimas fatales de su comunidad.

Añadió que en lo corrido de 2017 han sufrido cinco atentados criminales y ya suman cerca de 15 panfletos donde se intimida y destierra a los nasa, etnia reconocida por sus resistencias civiles en las que hacen respetar sus territorios ante la presencia grupos armados.

Lo paradójico es que todas esas cifras y hechos violentos contrastan con las estadísticas oficiales de criminalidad en la región.

Por ejemplo, la Policia de Cauca celebra que justamente en el norte hay municipios como Santander de Quilichao y Buenos Aires, donde bajaron los homicidios un 62 y 67 por ciento, al registrar 21 y 2 muertes menos. Pero también hay lunares como los de Toribío y Suárez, cuyos incrementos fueron del 100 y 120 por ciento.  Lo cierto es que en todo el departamento hasta comienzos de junio se habían cometido 187 homicidios, dos casos por debajo de 2016.

Sin duda todos esos hechos violentos son los ingredientes perfectos para hacer del Cauca una olla a presión a punto de estallar en medio del posconflicto, y que las autoridades tendrán que desactivar a tiempo.