Así está el ‘choque de trenes’ entre Gobierno y Congreso por las curules de paz

Lo que comenzó como una tradicional controversia política en año preelectoral, precipitada por el desgaste normal de un Gobierno que va de salida y que pierde manejo legislativo, desembocó en un duro choque de trenes -con una alta dosis judicial- entre dos de los tres poderes públicos pilares del Estado colombiano: el Ejecutivo y el Legislativo. Y todo por cuenta de las circunscripciones de paz.

La controversia ha tenido todo tipo de componentes, desde recursos jurídicos calificados como desproporcionados, decretos que podrían justificar nuevos procedimientos en los estrados judiciales y hasta advertencias del Congreso de no enviar nada que sea ordenado por tutela para sanción presidencial. Prácticamente a diario se está escribiendo un capítulo nuevo de este novelón por 16 curules que, en teoría, se crearían en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado.

Los antecedentes

Todo comenzó por las dos votaciones que tuvo en la plenaria del Senado la conciliación de la reforma constitucional que les daba vida jurídica a dichas circunscripciones. La primera se realizó el 28 de noviembre y el proyecto solo registró 38 votos a favor, por lo que al no lograr mayorías para aprobarse o hundirse se dejó en espera para otra sesión. Y la segunda, la de mayor polémica, se registró el último día de vigencia del fast track, el 30 de noviembre.

Aquel jueves, en horas de la tarde, esta controversial reforma constitucional alcanzó 50 votos a favor y 7 en contra, por lo que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, notificó que por la falta de sufragios favorables para lograr una mayoría absoluta no cumplía los requisitos de aprobación y, por lo tanto, se declaraba hundido. Ese mismo día, minutos después, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aceptó la derrota parlamentaria y acusó a los legisladores de darle un portazo a la participación de las víctimas en el Congreso.

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Sin embargo, la Casa de Nariño, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, corrigió a su Ministro del Interior y decidió comprar la tesis de algunos escuderos de la paz, como el senador Roy Barreras, en el sentido de que al existir tres sillas vacías por haber igual número de senadores de la U presos el quórum cambia y las mayorías también. Eso quiere decir que, de acuerdo con el Gobierno, el Senado se redujo de 102 a 99 integrantes y así la mayoría de aprobación sí se logra con 50 votos.

Ahí comenzó la batalla política más fuerte que ha tenido la implementación del posconflicto. El Ejecutivo le pidió al Congreso rectificar su decisión y lo acusó de haberse equivocado, pero el presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó esa postura y se ratificó en que las circunscripciones se hundieron. Esta fue la génesis del choque de trenes entre el Gobierno y el Legislativo.

La búsqueda de una victoria judicial

Fue entonces cuando el ministro Rivera, apoyado por el presidente Santos, decidió acudir a los estrados judiciales para intentar revivir el proyecto y buscar en la Rama Judicial la victoria que le fue esquiva en el Capitolio por la falta de gobernabilidad que sufre el Gobierno en la recta final del mandato.

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpuso una acción de cumplimiento que se debe resolver en unos 20 días, movida que despertó inquietudes en la oposición porque el magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, fue elegido como suplente para ser uno de los magistrados de las salas de la JEP.  Y el presidente Santos, a su turno, le pidió a la Corte Constitucional que asumiera este debate, pero el alto tribunal le respondió que no podía conocer de algo que no existe, pues -al final de cuentas- esa reforma constitucional no se aprobó en el Congreso.

Por otro frente, pero con el cual el Ejecutivo niega cualquier vínculo, un defensor de Derechos Humanos llamado Robinson López Descanse, oriundo del Putumayo, la tierra natal del Ministro del Interior, presentó una acción de tutela ante un juez administrativo de Bogotá para que se obligara al Congreso a enviar a sanción ejecutiva la reforma constitucional de las circunscripciones de paz.

Dicho despacho admitió la tutela y, en una medida cautelar, ordenó al Presidente del Senado enviar a la Casa de Nariño ese proyecto, pero tan solo 24 horas después el Capitolio la calificó de “improcedente” y se negó a darle cumplimento. El argumento es que un juez no puede apropiarse de las funciones constitucionales del Legislativo, porque eso, se dijo desde este poder público, desequilibra la democracia.

De paso, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara (avalado por Cambio Radical, partido que no apoyó el proyecto), advirtió que no enviará nada a sanción o promulgación presidencial si es ordenado por un juez. Esto, en plata blanda, significa que toda la Rama Legislativa cerró filas en torno a su tesis y su "independencia".

Y aunque el Gobierno negó cualquier relación con esa tutela, entre la oposición y sectores de opinión generó suspicacia el hecho de que días antes de que se radicara ese recurso el Ministerio de Justicia emitió un decreto en el que, en resumidas cuentas, se autoriza a juzgados de un rango menor a estudiar este tipo de recursos jurídicos cuando están relacionados, precisamente, con el Congreso. Antes había mayores exigencias y un juzgado como el bogotano que emitió la medida cautelar no podía hacerlo.

En lo que va el ‘choque de trenes’

Como esta polémica ha desatado un duro ‘choque de trenes’ entre el Congreso y el Gobierno, el cual al final será resuelto por la Rama Judicial, varios sectores han intentado proponer soluciones para evitar que el Estado sea el perjudicado.

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El presidente del Senado, Efraín Cepeda, creó una subcomisión accidental en el Congreso para evaluar medidas legislativas para buscar un mecanismo que le dé participación a las víctimas en el Congreso. Pero el ministro Rivera respondió que tiene “dudas jurídicas con esa propuesta” y, de paso, descartó un Estado de excepción. Igual, sigue el choque.

Los uribistas, por ejemplo, propusieron tramitar una reforma constitucional avalada por varios sectores políticos para que a finales del 2018 esas curules para las víctimas estuvieran tarde. La liberal Sofía Gaviria habló de un proyecto de ley que daría vida a esa representación y desde la Alianza Verde, Juanita Goebertus -exnegociadora del Gobierno en La Habana-, dijo que la solución sería abrir la puerta a la participación de los afectados por el conflicto en las regionales de 2019. Hay propuestas de todo, como en botica.

La última vez que hubo una controversia similar fue en el 2012, cuando el Congreso aprobó una controvertida reforma de la justicia que la Casa de Nariño se vio obligada a objetar cuando ya se la habían enviado para promulgación ejecutiva. Esto no es viable jurídicamente, pero el Consejo de Estado avaló la medida de emergencia por una sola vez.

En todo caso, este controversial choque entre el Gobierno y el Congreso va para largo y tiene en ascuas al mundo político, pues el que al final resulte ganando la puja, que se resolverá en los estrados judiciales, podría marcar un hito -con efectos aún desconocidos- para la democracia colombiana. Por primera vez en varios años dos ramas del poder público se enfrentan de esta forma y solo el poder judicial, otra vez, tendrá la última palabra.