Ante la OEA y la CIDH, Petro denunciará atentado en su contra en Cúcuta

El precandidato Gustavo Petro pondrá en conocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) la información que tiene sobre el atentado del que fue víctima el viernes pasado en Cúcuta, cuando la caravana en la que se desplazaba hacia una manifestación en el parque General Santader fue impactada por objetos que aún no se han identificado pero que lograron quebrar el blindaje del vehículo. 

Aprovechando su visita en Washington, el aspirante de Colombia Humana también llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No se sabe aún si interpondrá algún tipo de recurso contra el Estado colombiano, pero sí tiene como objetivo que haya presión internacional para que su caso sea investigado y esclarecido.

El lunes, el CTI de la Fiscalía aseguró que los impactos no fueron producidos por proyectiles o balas, pero tampoco hizo claridad sobre qué clase objetos fueron los que quebraron el blindaje. El candidato ha responsabilizado a un sector “corrupto” de la Policía de Cúcuta de tenderle una trampa e incluso ha dicho que detrás de todo está el exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado por parapolítica.

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“Lo que aconteció aquí fue que algunos funcionarios del Estado, empezando por el alcalde de Cúcuta (César Rojas), intentaron sabotear esta manifestación”, dijo Petro ese viernes minutos después de los confusos hechos.

La campaña de Petro dijo en un comunicado que el aspirante “el día 8 de marzo se reunirá con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Posteriormente, a las 11 de la mañana, tendrá una cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

En la mañana de este martes, antes de que se hiciera público este comunicado, el concejal Hollman Morris, muy cercano a Petro, le dijo a SEMANA que esa posibilidad -la de ir ante la OEA- se estaba analizando, pues, a su juicio, si el atentado lo hubiera sufrido otra persona el tema habría tomado otra dimensión. “No puede haber atentados de primera y de segunda”, aseguró.

Que Petro y su campaña vayan ante la OEA es natural, pues sU trabajo en torno a los derechos humanos le han permitido tener buenas relaciones con quienes integran esa instancia. No obstante, legalmente no procede aún ningún tipo de recurso, ya que esta órbita solo se activa cuando en el Estado principal, en este caso Colombia, las investigaciones sobre los hechos informados no hayan avanzado.

Sin embargo el sistema interamericano es uno de los escenarios dilectos de Petro. Acudió a la CIDH en 2013 luego de la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría por el cambio del modelo de recolección de Basuras en Bogotá. Reclamó medidas cautelares con el argumento que una autoridad administrativa no podía destituir del cargo a un funcionario elegido por voto popular, algo que está consagrado en la Carta democrática Interamericana. 

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La CIDH le concedió medidas cautelares y un tribunal en Colombia también las otorgó, por lo que el gobierno nacional tuvo que restituirlo en el cargo. Ahora Petro vuelve a este organismo porque considera que en Colombia no se le ha dado trascendencia a los hechos que pusieron en riesgo su seguridad mientras ejercía actos propios de su actividad política. 

En el caso de Petro aún el caso está en análisis. Eso sí, este tipo de presión política hace que los ojos de la comunidad internacional se vuelquen sobre Colombia. Algunos sectores, sin embargo, leen este paso como un acto más de campaña.

De otro lado, este martes el presidente Juan Manuel Santos reiteró su rechazo a las agresiones contra cualquier campaña política y advirtió que los líderes de todos los partidos políticos deben hacer lo propio.

El Jefe de Estado, sin hacer mención directa a nadie, aseguró que "no podemos tolerar esa violencia; tenemos que respetar las diferencias entre los colombianos".

Esta advertencia la hizo durante la firma del Pacto Nacional por la Vida, una iniciativa con la que se busca reducir la violencia en el país y que lideran el presidente Santos y su vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo.

En esto también participan -entre otros- la Fiscalía General, la Fuerza Pública y varios mandatarios regionales.