¿Está en aumento el sicariato en Colombia?

Si la imagen de Colombia se edificara sobre los últimos hechos de violencia ocurridos en varias regiones del país, cualquier turista o compatriota en el exterior lo pensaría dos veces antes de pisar suelo colombiano.

A la histórica violencia (guerrilla, paramilitares y narcotráfico), que según estudios académicos ya causó la muerte de más de 200.000 personas, se suma ahora el azote del sicariato selectivo.

En los últimos días los gatilleros a sueldo aterraron a pobladores de los departamentos de Córdoba, Magdalena y Valle, donde fueron asesinados o heridos en atentados fallidos un líder reclamante de tierras, un defensor público, un funcionario municipal y un periodista.

Los dos últimos episodios ocurrieron en el Valle del Cauca este martes 29 de noviembre, donde fue asesinado el secretario jurídico de la alcaldía de Jamundí, Milton Fabián Gutiérrez.

El funcionario, que tenía una amplia trayectoria política, fue ultimado a tiros por un sicario que lo abordó cuando se encontraba en una pesebrera en las afueras de Jamundí, un pequeño pueblo ubicado a escasos quince minutos de la capital del Valle.

Ese mismo día, pero en Cali y en horas de la noche, un sicario atentó contra Diego Gómez, comunicador que se desempeña como director del canal universitario de Univalle. En este caso, por fortuna el sicario falló y el periodista se encuentra en cuidados intensivos en una clínica de la capital del Valle.

Aunque ambos hechos son aislados, impactaron a los caleños que hace apenas dos semanas debieron padecer una masacre donde murieron cinco personas y otras ocho resultaron heridas.

El coronel Hoover Penilla, recién designado comandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestó que ambos atentados criminales son materia de investigación. Precisó que en cuanto al ataque contra el comunicador, se ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quien suministre información relevante.

Dijo además, que indagan la versión en torno a supuestas amenazas que habría recibido meses atrás, “eso lo vamos a corroborar con la propia víctima, una vez se recupere”.

En torno a las muertes sistemáticas en su jurisdicción, el oficial manifestó que en el caso concreto de Cali “son consecuencias de la permisividad ante ciertos fenómenos que vienen de tiempo atrás”.

Un día antes de los dos atentados en Cali y Jamundí, es decir el lunes 18 de noviembre, los sicarios escandalizaron a los samarios tras el ataque a bala contra Vicente Noguera Linero, director administrativo de gestión de la Defensoría del Pueblo en Magdalena.

El servidor público fue interceptado cuando llegaba a su casa y pese a la crueldad del ataque, logró salir con vida y se encuentra estable en la clínica La Milagrosa de Santa Marta. Ese atentado de inmediato disparó las alarmas de las autoridades, ya que Noguera Linero es un reconocido defensor de los derechos de las víctimas en esa región del país. Frente a ese hecho de violencia, Jorge Armando Otálora, director de la Defensoría, pidió celeridad en la investigación.

Quien no corrió con la misma suerte del defensor samario fue el líder reclamante de tierras Gildardo Padilla Ortega, asesinado el domingo 17 de noviembre en el municipio de Valencia, Córdoba.

Según recordó el presidente de la fundación Forjando Futuros, Padilla Ortega era un campesino reclamante de tierras cuya familia fue víctima de asesinatos y despojos por parte del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en versiones libres de Justicia y Paz “confesó haber ordenado el asesinato de los padres y hermanos de Gildardo”.

Sumado a los anteriores hechos de sangre, esta semana se conoció el supuesto atentado del que fue objeto una de las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá.

Las autoridades hallaron rastros de un proyectil que entró por la ventana y se incrustó en la silla de uno de los funcionarios que laboran en la oficina de Veedurías ubicada en el piso 22 de la entidad, a tan solo tres pisos donde despacha el procurador Alejandro Ordóñez.

Si bien todos esos casos de violencia son aislados y no responden a ataques sistemáticos contra un sector específico de la población, sí dejan en evidencia que en Colombia existe un aumento del sicariato.