Así fue el paso de Google y Facebook por la Corte Constitucional

La extensa sesión de por lo menos nueve horas estuvo dividida en tres ejes temáticos, donde tuvieron la oportunidad de participar pesos pesados como Google y Facebook, políticos, funcionarios, líderes de opinión, académicos y los ciudadanos de a pie que están involucrados en los cuatro casos centrales.

Rafael Ricardo, acordionista y vallenatero, acusó públicamente a través de sus redes a Rafael Manjarrez, miembro directivo de SAYCO. Éste último puso una tutela contra el cantante vallenatero por injuria y calumnia. Foto: León Darío Peláez/SEMANA

Si bien el reciente debate en las redes se ha generado por políticos que llaman "putas" a mujeres con cierta tendencia política o candidatos que, despectivamente, llaman "pastuso" a su contrincante, la Corte trajo a colación casos del pueblo y para el pueblo. No se trató de personalidades reconocidas, sino de ciudadanos del común. En todas las situaciones una persona llamó a la otra “ladrón, estafador o corrupto” y los insultos se diseminaron a través de redes sociales con fotos del individuo señalado, mensajes que es común encontrar al revisar las post en Instagram o el muro de Facebook.

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Los ciudadanos señalados en las redes interpusieron tutelas para amparar su derecho a la honra y el buen nombre. En uno de los casos, un accionante no dudó en responsabilizar al gran pez Google de permitir que esa información “difamatoria” perdurara circulando en las turbulentas aguas de la web.  

El primer eje temático de la audiencia se llamó El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales. Aquí se plantearon preguntas como ¿cuál es el límite del derecho a efectuar reclamos en contextos delictivos, por ejemplo, en relaciones comerciales, civiles, laborales, etc.? ¿Existe una carga soportable del insulto o la agresión en el marco de las plataformas digitales? Y por ende, ¿existiría un derecho al insulto? Si bien no existen respuestas tranquilizadoras ni tampoco muy concisas, es posible recoger (con pinzas) las siguientes conclusiones:  

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Lo que se protege offline, se protege online

Así lo expresó Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, para explicar que las libertades que rigen en el "mundo real" también lo hacen en el mundo de los cibernautas: “Las garantías no tienen porqué variar en el entorno donde yo me muevo”, argumentó. Es por eso que expresiones ofensivas, reclamos o denuncias de delitos, protegidas por la libertad de expresión, están permitidas en ambas realidades.

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El fiscal aseguró estar de acuerdo en que las plataformas digitales no son responsables de los contenidos que suben los usuarios. Sin embargo, se encargó de señalar los límites de las libertades de los cibernautas. Foto: León Darío Peláez/SEMANA.

Así mismo, los delitos también rigen en todas partes. Es por eso que el Fiscal General quiso mostrar “de qué manera el derecho penal trata los desbordamientos a esa libre acción de los ciudadanos en las plataformas digitales”. Según Néstor Humberto Martínez, delitos que se cometen en el mundo offline como la injuria, la calumnia, falsedad personal o suplantación de identidad, trata de personas y pornagrafía infantil también se pueden castigar en la versión online del mundo contemporáneo.

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Es posible decir que Internet es la mayor extensión de la democracia a todas las personas que antes estaban separadas de ella. Allí, en esta cancha de juego, también rigen las normas de convivencia y derechos adquiridos a lo largo de la historia para cada individuo.

Las redes sociales tienen un rol pasivo y uno activo

Es importante aclarar que las plataformas digitales, convocadas al estrado por la Corte, cumplen dos papeles principales, pero diferentes. El primero es un "rol activo", en que las plataformas tienen un modelo de negocio basado en la comercialización de nuestros datos personales. El segundo es un "rol pasivo" desde el cual las plataformas cumplen simplemente el papel de intermediarios entre la fuente de información y la audiencia que la recibe a través de diferentes canales (YouTube, Instagram, WhatsApp, etc). Así lo explicó Vivian Newman, directora de Dejusticia, durante su ponencia ante la Corte.

Si bien ambos roles están profundamente ligados y representan diferentes amenazas para los usuarios, los casos traídos a colación para la audiencia no permiten deliberar frente al papel de las plataformas como empresas que comercializan datos personales. De eso no se trata este debate.

Sin embargo, para plantear una mayor regulación de las plataformas digitales, varios ponentes apelaron a peligros como la recolección masiva de información personal en bases de datos (Big Data), la perfilación de los individuos a través de información recopilada y agrupada para determinar gustos, orientación sexual y política (profiling) o las venganzas virtuales entre personas que publican fotos íntimas de sus exparejas (pornrevenge). Este es otro debate muy distinto para el cual, según Newman, es necesario plantear una legislación más minuciosa.

Es hora para poner en juicio a las redes

Esta fue tal vez una de las posiciones más polémicas en la arena del debate. El Senador José David Name sí aboga abiertamente por una regulación a las plataformas digitales que le ponga un tatequieto a las “malas costumbres” en internet. No en vano ha adelantado un proyecto de ley para crear normas específicas para el “buen uso y funcionamiento de redes sociales”.

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La iniciativa –que ya hace carrera en el Congreso– busca que los usuarios puedan hacer una denuncia en caso de que se le violente algún derecho fundamental y que las plataformas digitales estén obligadas a brindar una “pronta respuesta” en menos de 72 horas.

Esto levanta grandes interrogantes y preocupaciones sobre la responsabilidad que podrían llegar a tener las grandes plataformas digitales en Colombia para decidir cuándo se está violando un derecho y cuándo un contenido sí está protegido por la libertad de expresión. Esos cuestionamientos dieron paso al segundo eje del debate, titulado Control y responsabilidad en punto de las publicaciones hechas por los usuarios y el tratamiento de los datos personales.

Las plataformas no son responsables del contenido de sus usuarios

Las plataformas globales reivindicaron su exoneración de responsabilidad frente a toda la audiencia. Para Google y Facebook el solo hecho de pensar en que pudieran tener un control preliminar de los contenidos que suben los usuarios ya representa varias problemáticas. En primer lugar, sería una violación al ejercicio de la libertad de expresión, ya que dicha actividad se conoce como censura previa.

Lorenzo Villegas aseguró que Google cuenta con políticas claras para que los usuarios puedan denunciar irregularidades en los contenidos de las plataformas. Foto: León Darío Peláez/SEMANA

A su turno Lorenzo Villegas, el representante de Google y YouTube para esta audiencia, señaló la imposibilidad de poder revisar todos los contenidos que se suben a sus plataformas de manera previa. Se estima que en YouTube se suben 400 horas de video por minuto, esto equivale a un contenido diario que exige 65 años de tiempo real para observarlo. Una cifra distópica si se pensara en el personal (¿robots?) necesario para cumplir con esta titánica labor.

Solo los jueces tienen competencia para declarar ilegal un contenido

En la misma línea, los grandes de internet no dudaron en dejar claro que los únicos que tienen la responsabilidad de dirimir estos conflictos son los jueces. Esta premisa fue respaldada por muchos exponentes.

“Cualquier restricción a la libertad de expresión tiene reserva judicial, no se puede delegar a autoridades administrativas ni a las plataformas digitales, que están reguladas por un modelo de negocios. Esto lo tiene que definir un juez de conformidad con el debido proceso y con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló Botero.

Pero ¿qué pasa cuando no hay un responsable? En uno de los casos que analizó la audiencia, un particular interpuso una tutela porque en un blog anónimo de Google, un usuario lo acusó “injustamente” de ladrón y estafador. El tutelante responsabilizó a la plataforma ya que no había a alguien a quién señalar con nombre propio para pedirle una rectificación. Para Vivian Newman, solo en este caso procede accionar legalmente contra la plataforma.

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“Si no tenemos una persona a quién pedirle que rectifique, la plataforma aparece como el ente que puede tener una carga para responder en ese caso, dependiendo de lo que decida la Corte. No para censurar, ni para quitar contenido, sino para dar más información”, aseguró la investigadora de Dejusticia.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, recordó además que si una autoridad judicial quiere suprimir un contenido, dicha decisión tiene que pasar por el llamado “test tripartito” establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 1) Las limitaciones a la libre expresión deben ser claras en la ley 2) estos límites deben estar orientados a un objetivo imperioso 3) deben pasar un examen riguroso respecto a su idoneidad. En plata blanca, el Estado no puede poner restricciones con conceptos jurídicos vagos o difusos.

En suma, la situación para las grandes plataformas digitales parece un terreno allanado por todas las posiciones a su favor. Sin embargo, voces como la del Senador Name podrían ampliarse y amenazar la libertad de expresión a través de una peligrosa regulación que imponga a la plataformas la toga de juez para que sean estas quienes diriman entre los ciudadanos los virulentos pleitos que arman en las redes día a día. No es un paso deseable, de ahí que lo importante sea que cada usuario aporte lo suyo y haga uso de las redes con la misma moderación con que se trata al compañero de pupitre.