Benedetti, a responder ante la Corte por “carrusel” de la educación en Córdoba

Las explosivas declaraciones de dos testigos en el caso por el millonario fraude al Fondo del magisterio acaban de ser compulsadas a la Corte Suprema de Justicia. El principal implicado es el Senador del Partido de La U Armando Benedetti.

El fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías, Alfredo Parada Ayala, pidió que se investiguen las declaraciones de Jaime Enor Agamez Pineda, abogado fallecido, y Álvaro Enrique Burgos del Toro, abogado recluido en la cárcel de Montería. Este último, señala a Benedetti de pedir el 20 % del dinero que estaba siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.

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Según la Fiscalía, las personas que fueron imputadas por estos hechos son abogados y funcionarios judiciales que, presuntamente, a través de procesos ejecutivos laborales utilizaban pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos, para lograr cobrar los dineros del Magisterio de Córdoba.

El fiscal del caso también ha indicado que la juez del municipio de Lorica, en Córdoba, Isabel Montes Oyola, a sabiendas de que esas resoluciones no provenían de la Fiduciaria, de manera inmediata libraba los procedimientos ejecutivos, por medio de los cuales embargaba las cuentas de ahorro y crédito.

Así, con la presentación de certificaciones falsas de docentes, los procesados presentaban demandas ejecutivas laborales en contra de la fiduciaria La Previsora, entidad encargada de administrar los recursos de la Nación, el Magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Según Bustos del Toro, Benedetti recibió a través de emisarios una coima de 2.000 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Prestaciones.

El alto tribunal deberá investigar la relación del senador Armando Benedetti con los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, acaba también de concederle el principio de oportunidad a favor del testigo  Burgos del Toro, quien también es uno de los "cerebros" del desfalco, con lo que se le concederá la suspensión de la acción penal por el término de un año. La condición es que siga fungiendo como testigo de cargo para demostrar la responsabilidad penal de las personas involucradas en los hechos.

“Me quieren ensuciar”

“Estoy más que tranquilo”. Esa fue la primera reacción del senador Benedetti cuando conoció, por los medios de comunicación, que la Fiscalía había compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia. “Probablemente abran la investigación, pero estoy más que tranquilo”.

El presidente del partido de la U aseguró que nada tiene que ver en el desfalco de las pensiones de maestros en Córdoba, que fue orquestado por una empresa criminal de la que hacían parte docentes falsos, empresarios que expedían documentos falsos, jueces “comprados” y unos abogados que coordinaban los reclamos pensionales. “Luego en esa empresa criminal no necesitaban a ningún senador y mucho menos a mí”.

El senador dice que la vinculación de su nombre en este caso sólo fue para que “se volviera taquillero” el principio de oportunidad de Álvaro Burgos del Toro, acusado por el desfalco. 

Por eso, Benedetti asegura que hay intereses políticos detrás de esta investigación. “Es obvio. Vienen del Centro Democrático, del mismo Germán Vargas Lleras, enemigos políticos que uno tiene pero que no saben jugar limpio, sino que tratan de ensuciarme como el país ha visto que están haciendo”.