Sacerdote hará desalojar la última biblioteca comunitaria de un barrio

Si no hubiese existido la Biblioteca Comunitaria del barrio Niquía, en Bello, Antioquia, tal vez Víctor Quiroz, obrero de construcción y actor aficionado de teatro, jamás se habría leído ‘El Quijote’ completo.
 
Y no fue solo él. Leer la obra entera, en capítulos repartidos, fue una empresa en la que se embarcaron los asistentes al taller de lectura de la biblioteca, que cada jueves en la noche se reúne para desprenderse seriamente de la rutina, a veces alrededor de las velas, cuando desde la Parroquia les desconectan la energía.
 
Si no hubiese existido la biblioteca comunitaria, a lo mejor Libardo Alonso Mora Valencia no se habría decidido a terminar el bachillerato a los 50 años de edad ni se habría interesado por escarbar en las estanterías libros de Borges, Cortázar, Rulfo, Poe, y toda esa literatura a la que se volvió adicto después de viejo.
 
A esa misma biblioteca van estudiantes de décimo y once del colegio comercial Antonio Roldán Betancur y de la Institución Educativa Fe y Alegría Josefa Campos, para que les presten textos con el único compromiso de devolverlos al día siguiente. Allí también tiene su sede un grupo de teatro y un preuniversitario popular.
 
Sin embargo, Víctor, Libardo y unas treinta personas más que asisten aleatoriamente al taller de lectura saben que en cualquier momento llegará la Policía para desalojar el espacio que reclama la iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Un fallo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello le ordena a Jesús María Arango Saldarriaga devolverle a la Parroquia el salón donde funciona la biblioteca hace 40 años.
 
Jesús, quien ejerce desde entonces como bibliotecario sin cobrar sueldo, recibió el local en 1974 de manos del padre Luis Gaviria, sin firmar ningún papel. Los jóvenes de esa época –entre ellos Jesús- salieron por todo el barrio, montados en coches de caballo, para pedir regalados libros, sillas, mesas, escritorios y estantes de madera. Poco a poco la biblioteca se fue llenando de textos hasta llegar, en cuatro décadas, a 18.000 ejemplares aproximadamente. Jesús, hoy con 63 años, envejeció clasificando y ordenando los libros que fueron llegando.
 
Pero desde que llegó el sacerdote Jorge Mario Acosta, hace más de diez años, la biblioteca se convirtió en pugna. Según el fallo del juez, entre la parroquia y Jesús se configuró un comodato precario, por lo que el propietario, en este caso la iglesia, tiene el derecho de pedir su devolución.
 
Desde el punto de vista legal, al padre Acosta le dieron la razón. Según un comunicado difundido por el sacerdote, la “parroquia está en su legítimo derecho de custodiar los bienes a ella encomendada (…) por lo que en el año 2005 inició un proceso de restitución del bien”. Líneas más adelante, el párroco declara que hace diez años inició la construcción de una nueva biblioteca con 10.000 libros, más una sala de sistemas, para que estudiantes y la comunidad consulten.
 
“Colombia es un país de derecho, por eso me he sometido a la legislación vigente durante estos diez años para llegar a feliz término a favor de la Parroquia. El señor Arango Saldarriaga cree que por medidas de hecho o presión debe recuperar el espacio que legalmente ha sido toda la vida de la parroquia”, termina el comunicado del padre quien, según se lee en la demanda, destinará el local para otras actividades.
 
Además de devolver el salón, la sentencia le ordena a la parte demanda, es decir a don Jesús, pagar por agencias en derecho la suma de un millón de pesos. “Estamos pensando en que de la noche a la mañana llegan a hacernos el lanzamiento. Si hicieran eso, a la gente le tocaría consultar los libros afuera porque no tenemos a dónde llevarlos. Quedarían en el andén. Se acabaría la tercera y única biblioteca abierta a toda la comunidad del barrio Niquía, pues la que hizo construir el padre es de textos escolares muy específicos”, dice.
 
Por redes sociales ya hay varias personas pidiendo que no desalojen la biblioteca. En Facebook hay un grupo llamado Yo defiendo mi biblioteca. Cristina Gómez, la profesional que realiza los preuniversitarios populares en ese espacio, dice que en Niquía ya han cerrado dos bibliotecas comunitarias, por lo que considera injusta la determinación de desaparecer la última. “Todo lo que hay dentro de la biblioteca ha sido donado por la comunidad, lo que quiere decir que es de ellos. Y eso es lo más triste de todo”, dice.