La empresa de carnes que habría trabajado con las Farc

En la noche del domingo en una entrevista con Caracol Noticias el fiscal general aseguró que tenía listo el inventario de bienes de las Farc. Relató que el organismo que él dirige revisó 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de ese grupo guerrillero y aunque no quiso revelar ningún nombre, sí mencionó un caso. Aseguró que los billones de pesos de los insurgentes estarían invertidos en múltiples actividades, entre ellas “ganado, carne, como se vio hace dos semanas en un operativo de varios miles de millones de pesos que hizo la Fiscalía en el Valle”.

Néstor Humberto Martínez diijo que “en el curso de las próximas semanas podremos identificar varios proyectos de extinción de dominio de empresas muy, muy grandes que hemos establecido que están asociadas a actividades de las Farc y su patrimonio”. Renglón seguido el jefe del ente investigador lanzó una advertencia para esos particulares que serían testaferros del grupo guerrillero.

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“El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las Farc. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria”, dijo.

El caso que menciona el fiscal tiene que ver con una investigación en la que trabajan más de 300 personas y que tuvo como origen el análisis de todas las evidencias documentales incautadas durante años a esta guerrilla en busca de los bienes ilícitos. Martínez confirmó en su entrevista que uno de los casos está relacionado con el desmantelamiento de narco-frigoríficos en el Valle del Cauca, proceso por el cual hace apenas unas semanas fueron cobijadas con medida de aseguramiento cinco personas.
 
Según la información recogida por la Fiscalía, y que fue revelada por La W Radio en su momento, la comercialización de toneladas de carne en Cali era controlada por dos firmas permeadas por la mafia. El ente acusador adelantó las capturas de cinco socios y representantes legales de las empresas Andina de Carnes, y Carnes y Derivados de Occidente, además de adelantar una millonaria incautación de bienes que suman alrededor de 60.000 millones de pesos.

Este operativo, sin embargo, es apenas el comienzo de una investigación con la que la Fiscalía rastrea el que sería uno de los músculos financieros de las Farc. El ente investigador reveló que a través del testimonio de dos fuentes va tras la pista de una supuesta alianza entre las Farc y la mafia del norte del Valle, que es entre otras, promotora en su momento del paramilitarismo. De ser ciertos los indicios, además de los cultivos ilícitos en algunas zonas del país, la ganadería sería otro de los negocios en donde esta guerrilla terminó actuando al lado de capos.

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La diligencia de hace unas semanas golpeó el círculo familiar de Gabriel Puerta Parra, un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos y que tuvo vínculos con las AUC. Puerta Parra estuvo en el corazón del negocio del narcotráfico hasta principios de los años 90 cuando decidió asumir el riesgo de desafiar a Pablo Escobar. Fue uno de los primeros en crear las autodefensas en el Magdalena Medio y conoció de cerca el paso de las AUC al paramilitarismo. En medio de la guerra de los carteles de Cali y del norte del Valle se sentó frente a frente a los enemigos para que no se dieran más bala.

El CTI capturó a Isabel Cristina Gálvez Fernández, Ana Cristina Puerta Gálvez, Victoria Eugenia Gálvez Fernández, Clementina Fernández de Gálvez y José Antonio Fernández Díaz, quienes fueron cobijados con detención domiciliaria. Serán procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que sus nombres aparecen vinculados a las dos firmas sin que hasta el momento hayan podido soportar su origen ni tampoco las millonarias inyecciones de capital.

El descuadre de las cuentas salta a la vista. La empresa Andina de Carnes fue creada hace nueve años con un capital de 100 millones de pesos. Y pese a que las personas cercanas y familiares de Puerta, "no contaban con la capacidad económica" para ingresar a este cotizado sector, la declaración de renta ese mismo año alcanzó los 700 millones de pesos.

Posteriormente, en 2010 en Medellín, aparece la Inmobiliaria del Suroccidente, que incursiona en septiembre de ese año en el mercado de la propiedad raíz. La firma tenía aportes por 5.200 millones de pesos y sin soporte financiero alguno pasa a manos de los mismos dueños de Andina de Carnes. Lo más cuestionable es que esta empresa, sin cuentas ni movimientos bancarios, terminó declarando ingresos no operacionales de 9.000 millones de pesos en el año 2012.

La Fiscalía también encontró que uno de los socios implicados que nunca había hecho una transacción bancaria termina declarando un capital de 4.340 millones de pesos.

De otro lado, en el caso de Carnes y Derivados, la Fiscalía se encontró que desde 1992 está compañía recibe inversiones a través de la firma Agro Andes, cuyos accionistas eran los hijos del capo del norte del Valle Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol. La totalidad de los bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales.

El ganado de las Farc

Lo que ahora se intenta probar desde la Fiscalía es si a través de estas empresas se estarían comercializando de manera ilegal toneladas de carne que provenían de Meta y Caquetá. Esta línea de investigación comenzó en el año 2015, cuando el Estado logró recuperar poco más de 280.000 hectáreas de terrenos baldíos que habían sido ocupados de manera ilegal.

Las tierras son más o menos del tamaño del departamento de Quindío, y están avaluadas en 450.000 millones de pesos. En ellas, según constataron las autoridades, cuando realizaron la diligencia, se venían adelantando prácticas de ganadería extensiva con tecnología de punta.

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"Las Farc tenían un sistema económico para blanquear dinero y para alimentar su economía de guerra -digamos- de subsistencia. Tenían fincas, tierras y muchas cabezas de ganado (...) Esto era importante en el sentido que les permitía una subsistencia mínima pero la mayoría de plata está en caletas o en tierras", explicó el investigador social Ariel Ávila.

Pero para las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro que desarrollaron la operación Yari, el negocio conformado por nueve predios que habían sido presuntamente adquiridos por los Bloques Oriental y Sur de las Farc se proyectaba de enormes proporciones y en terrenos, hasta ese entonces, desconocidos para el Estado.

Camiones con placas de Cali transportaban cantidades incalculables de ganado por la improvisada red vial que se trazó en los predios de los que se apropiaron. "Se habló de cerca de 100 camiones diarios y que cada cabeza de ganado que costara 2 millones de pesos, haga usted la cuenta de todo lo que da", respondió a Semana.com una de las personas que participó del operativo que se llevó a cabo en Caquetá y Meta hace dos años.

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Como lo reportó el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, entre los bienes recuperados se encontraba una finca de poco más de 767 hectáreas el exjefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez. Además de los predios Villa Paola, Campamento Adán Izquierdo, El Jardín, La Esperanza, Casa Roja, Ye de los Negritos, Los Lagos y La Hacienda donde confiscaron un hato ganadero. Pero la recuperación más significativa fueron las 278.000 hectáreas de baldíos ocupados y que en su mayoría estaban en zona de reserva del Parque Tinigua.

Poco más de 40.000 cabezas de ganado encontraron las autoridades durante ese gran operativo de 2015. Según conoció Semana.com, las reses que pastaban sin restricción en los predios de La Macarena posteriormente eran sacados por Huila y Tolima hasta llegar a Cali. "No siempre era la misma ruta, ni el mismo origen de la carne", explicó una fuente.

Alrededor del tema son muchos los interrogantes que saltan a la vista y por eso el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también estaría bajo la lupa de la Fiscalía. Y es que para esas dimensiones comerciales que alcanzaba la ganadería en la zona, la primera duda que surge cómo realizaban los traslados sino es con la posible mirada complaciente de las autoridades.

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La versión alrededor de que eran las Farc las que estarían suministrando los insumos a los frigoríficos viene sonando desde 2012, cuando desde Parques Nacionales se comenzaron a adelantar acciones penales por la presencia de esta actividad en áreas protegidas como La Macarena. "La primera vez hicimos varios análisis y sobrevuelos con el fin de poder precisar y confirmar la información. Efectivamente se pudo detectar que existía la presencia de esa actividad ganadera dentro del parque. No estábamos hablando de un número pequeño de reses sino un número importante", explicó uno de los voceros.

El problema es que la ganadería obliga y requiere grandes extensiones de pasto. Cuando la actividad es ilegal, lo que muchas veces procede es la deforestación que lleva a una reducción significativa en la masa boscosa como actualmente ocurre en La Macarena, que conserva el título con la tasa más alta (de tala) registrada en el sistema. Sin duda, esta actividad "ha causado un impacto enorme" no solo en los bosques sino también en el suelo.

Aún quedan por revelarse varios de los pormenores de esta investigación, que se realiza cuando faltan dos meses de plazo para que las Farc entreguen la lista completa de los bienes que fueron obtenidos con dineros ilícitos. Con el tiempo corriendo contrarreloj, la guerrilla enfrenta el riesgo de que el ente investigador reporte una lista más larga de su patrimonio y con ello se ponga en duda el acceso a los beneficios del acuerdo.