La cruzada por el matrimonio gay

El pasado 20 de septiembre, en el juzgado 48 civil de Bogotá, tuvo lugar una escena muy singular. Julio Cantor y William Franco, dos vendedores ambulantes que llevan 27 años viviendo juntos, llegaron allí para casarse. El momento, aunque pasó inadvertido, era histórico. 

Por primera vez en Colombia un juez se atrevía a unir a dos personas del mismo sexo dándole al contrato civil el nombre de ‘matrimonio’. En un caso anterior, muy sonado, la juez 67 también de Bogotá había casado a otros dos hombres, pero en el contrato suscrito entre los novios la juez se cuidó de usar la palabra ‘matrimonio’ y los declaró “civilmente casados”.

Pero lo más peculiar de lo ocurrido en el juzgado 48 es que otro hombre se les atravesó en el camino. Como en las películas, cuando alguien llega a última hora a la iglesia y grita desde el fondo “¡me opongo!”, en este caso el procurador judicial Gustavo Trujillo Cortés puso una tutela para anular el contrato. No era la primera vez que Trujillo trataba de poner palos en la rueda. 

En otras bodas gay, que se han llevado a cabo desde el 20 de junio de 2013, ha interpuesto hasta seis recursos jurídicos para tratar de evitar que los novios se den el sí ante un juez. En una de ellas, incluso, se apareció en el juzgado y tomó la palabra durante dos horas, ante la mirada atónita de todos. En la cruzada de la Procuraduría contra el matrimonio igualitario, Trujillo es una especie de Torquemada, o por lo menos su asesor principal.

Luego de que se consumó el ‘matrimonio’ del 20 de septiembre, ese mismo procurador interpuso una tutela, que la semana pasada ganó, “en defensa del ordenamiento jurídico y del derecho al debido proceso”. Más allá de los cuestionamientos puntuales, esa tutela no es una simple anécdota.

Este fallo es el pitazo inicial de lo que será la batalla final por el matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia. Esa tutela debe llegar a la Corte Constitucional y esta, que hace dos años le pasó el balón al Congreso, tendrá entonces que decir si los gay pueden utilizar o no la palabra ‘matrimonio’.

Lo que está ocurriendo tiene varias implicaciones. En primer lugar, demuestra que el procurador Alejandro Ordóñez, inspirado en sus creencias religiosas, ha comenzado una nueva cruzada. Está repitiendo el esquema que usó contra el fallo que aprobó el aborto en tres casos. En ese caso la guerra fue tan dura que la Corte obligó a Ordóñez a rectificar.

Ahora, la concejal Angélica Lozano denunció penalmente al procurador Trujillo por “abuso de poder”. Y se apoya en el fallo de la Corte que dice:  “Las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar un vínculo contractual que les permita constituir una familia”. Y a los “jueces y notarios” la Corte les dice que “su actuación no se ordena a título de colaboración o como una concesión graciosa”, sino “como cumplimiento de la Constitución”. ¿Por qué la Procuraduría pone a uno de sus altos funcionarios a perseguir a quienes quieren aplicar lo que la Corte les permitió?

En segundo lugar, tal y como van las cosas el caso ‘matrimonio gay’ puede dar pie a otro choque de trenes entre el procurador y el fiscal. La concejal Lozano interpuso su denuncia ante el fiscal Eduardo Montealegre, y este ya había fijado una posición contraria a la de Ordóñez. “Las parejas homosexuales podrán formalizar un vínculo contractual de matrimonio”, ha dicho el Fiscal. Y si el procurador se opone, según dijo, “tendría que actuar la Fiscalía por una extralimitación de poder y un abuso de autoridad” . ¿Se le medirá Montealegre a este nuevo round con Ordóñez?

Y en tercer lugar, el efecto más importante es que la pelea puede complicarse. Si la tutela llega a la Corte Constitucional no está garantizado que el ‘matrimonio’ sea avalado. Los votos están tres a favor, tres en contra y tres que aún no se sabe. A favor ya se han pronunciado los magistrados María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas. En contra, Nilson Pinilla, Jorge Pretelt y Gabriel Mendoza. Mientras que los votos de Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero y Alberto Rojas son un interrogante. 

El hecho de que Guerrero haya llegado a la Corte apoyado por la bancada conservadora, y que Rojas haya recibido gran impulso de su colega Jorge Pretelt, podría hacer creer que la causa de los gay está perdida. Sin embargo, también es cierto que la historia ha demostrado que los magistrados suelen sorprender con su independencia.