INFORME ESPECIAL
Buenaventura, la nueva capital del horror en Colombia
Los barrios de bajamar, donde se concentra la violencia, son estratégicos para el narcotráfico.
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Alianza BBC
24 de marzo de 2014
"Es como si toda la maldad de Colombia se hubiera concentrado en Buenaventura".
Monseñor Hernán Epalza habla con voz suave, pero lo que tiene para contar hiela la sangre.
Después de todo, Buenaventura se ha convertido en la nueva capital colombiana del horror y él es el obispo de este puerto del Pacífico colombiano.
Esta es la ciudad de "las casas de pique", donde bandas criminales de origen paramilitar, dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, descuartizan vivas a muchas de sus víctimas antes de arrojar los pedazos al agua.
La ciudad donde el silencio de la noche lo rompen los gritos de auxilio de aquellos que están siendo desmembrados.
La ciudad de los desaparecidos: al menos 150 entre enero del 2010 y diciembre del año pasado, según cifras oficiales. Más del doble que cualquier otro municipio colombiano.
Y, como apunta un reciente informe de Human Rigths Watch que da cuenta de estas atrocidades, lo más seguro es que la cifra real sea mucho mayor, pues el miedo hace que muchas desapariciones y otros crímenes no sean denunciados.
"La situación en Buenaventura es una de la más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y en la región", dice su director ejecutivo para América Latina, José Miguel Vivanco.
Y conversando con monseñor Epalza uno entiende por qué.
"Nada más hace dos días picaron a una pareja de personas, hombre y mujer", le cuenta a BBC Mundo.
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"Es lo peor: desmembrar a las personas. Y eso no es imaginación, eso es una vergüenza. Esa es la barbarie de hasta dónde ha llegado la violencia en Buenaventura", afirma, indignado.
"Es lo peor: desmembrar a las personas. Y eso no es imaginación, eso es una vergüenza. Esa es la barbarie de hasta dónde ha llegado la violencia en Buenaventura", afirma, indignado.
Cuando conversamos todavía faltan algunos días para que el Gobierno anuncie la completa militarización de Buenaventura y lleguen los primeros 700 efectivos militares adicionales, de los 2.400 llamados a devolver algo de tranquilidad a la ciudad puerto.
Pero el obispo anticipa la medida y me dice que no cree que ese tipo de decisiones baste para resolver el problema.
"Por un lado está la violencia de los grupos, pero también está la violencia institucionalizada", explica refiriéndose al olvido estatal evidente en los elevados niveles de pobreza de la ciudad, que en su opinión ayudan a perpetuar el problema.
"La militarización no es la solución. Buenaventura lo que necesita es inversión social", afirma.
"Cordial saludo de la organización La Empresa".
Así empieza el más reciente panfleto de la más antigua de las bandas criminales que operan en Buenaventura, fechado el 12 de febrero y regado en las calles de Buenaventura, metido bajo las puertas de las casas.
Según el comandante de Policía local, coronel José Correa, La Empresa controlaba las rutas para el tráfico de drogas y la extorsión en Buenaventura hasta la llegada de una organización rival, los Urabeños, hace poco menos de dos años.
El oficial explicó a BBC Mundo la reciente ola de violencia y los brutales actos de crueldad como un resultado del enfrentamiento entre ambos grupos, agravado por la muerte o la captura de muchos de sus principales integrantes.
Y el panfleto no tiene empacho en confirmarlo, en un surreal lenguaje burocrático.
"Por medio de la presente nos dirigimos a la población bonaverense para informarles lo siguiente: los hechos de terror y violencia que se han venido presentando en la ciudad no sólo son de parte de La Empresa, sino también de parte de la organización Los Urabeños", se lee en el comunicado.
"(Si) hay tantos homicidios y desapariciones es porque nos estamos defendiendo", agrega la banda, para luego despedirse con un "Atentamente".
Eso parece confirmar la hipótesis del coronel Correa, quien sostiene que muchas muertes y descuartizamientos no son sino pasadas de cuenta o movidas de aquellos que quieren hacerse con los liderazgos vacantes, aderezados con un poco de superstición local.
Aunque el miedo generado por la violencia salvaje también es una efectiva forma de control social.
Y los descuartizamientos hacen evidente el parentesco de las bandas criminales con los viejos grupos paramilitares, que durante años despojaron a miles de campesinos de sus tierras armados de motosierras.
Monseñor Epalza cree que los vínculos con el narcoparamilitarismo no bastan para explicar lo que está pasando en Buenaventura.
Está convencido de que la explicación de tanta violencia tiene que ver tanto con el futuro como con el pasado.
"Buenaventura es el corredor estratégico para la salida de la droga. Eso es una verdad de puño, como se dice", reconoce el prelado.
"Pero no es sólo la droga. Hay muchos otros intereses", le dice a BBC Mundo.
Al sacerdote no se le escapa que Buenaventura ya es el puerto que mueve mayor volumen de carga en Colombia y está llamado a ganar cada vez más importancia en la medida en que el país busca nuevos mercados en Asia y consolidar la llamada "Alianza del Pacífico" con México, Perú y Chile.
Y la violencia, hace notar, ha terminado arrinconando a los más pobres "obligándolos a vender lo poquito que tienen a un precio irrisorio".
"Los megaproyectos también han azuzado la violencia", denuncia monseñor Epalza.
Y tal vez por eso es que el caso de Buenaventura se ha convertido en emblemático: porque aquí, más que en ninguna otra parte, la promesa de una "nueva Colombia" choca con prácticas y horrores que parecían cosa del pasado.
Es por eso, dicen sus habitantes, que cuando a Colombia le tocó organizar la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, hace unos meses, lo hizo en la ciudad caribeña de Cartagena y no en la que muchos consideran su capital natural.
"Ahora usted no puede salirse de un barrio a otro barrio", me explica la mujer cuando le pregunto cómo es vivir en los barrios de Buenaventura controlados por las bandas criminales.
"Si yo me voy de aquí para allá donde está la pesquera, los de allá no aceptan que yo me vaya, me hacen algo. Por maldad. Porque creen que voy a denunciarlos, o creen que voy a aventarlos (delatarlos) por otras cosas. Entonces por eso me dan duro, o me desaparecen, o me matan", cuenta esta mujer negra, que se gana la vida "con lo que salga".
Estamos en San José, mejor conocido como Sanyú, el barrio más antiguo de la ciudad, construido sobre terrenos ganados al mar hace ya 473 años.
Es un barrio eminentemente afrocolombiano de viviendas palafíticas, es decir, casas de madera construidas sobre pilares.
Y aunque está ubicado a corta distancia de un puerto que genera cerca de US$2.000 millones al año en impuestos de aduana, no tiene agua potable ni alcantarillado.
Conversamos cerca del mar, una vez que estamos seguros de que no nos está oyendo ningún extraño.
"Es que hasta los peladitos de 10 años, de 8 años se meten a eso. Uno está creyendo que no son malos y son malos", cuenta.
"Con nadie se puede hablar de las cosas malas porque uno ya no sabe con quien está hablando, está hablando con el mismo enemigo. Ese va y le dice a otro y ese se encarga de venir a hacerla algo a uno".
Las potenciales consecuencias son, de hecho, razón suficiente para proteger su anonimato.
"A la gente la desaparecen, la cogen (agarran), la llevan en carro, la pican, la echan en costales y van a botarla al fondo del mar", explica.
"En veces se topan el brazo, en veces se topan el cuerpo, en veces la cabeza", dice de los vecinos de Sanyú y otros barrios de bajamar que se dedican a la pesca y, cuando baja la marea, a buscar el molusco que en esta zona de Colombia llaman piangua.
Los barrios de bajamar son los escenarios habituales de los horrores de Buenaventura.
Tal vez es porque, como explica monseñor Epalza, la falta de oportunidades hace de estos barrios pobres y abandonados por el Estado terreno fértil para el reclutamiento de las bandas criminales.
O porque, como le explicó a BBC Mundo el coronel Correa, su cercanía al mar los convierte en sitios estratégicos para sacar la droga o ingresar armas.
Todos tienen además otro elemento en común: se alzan en terrenos que adquirirán un gran valor si la ciudad crece hacia el mar, como esperan las autoridades.
Y cualquiera que sea la causa de la violencia, lo que señala monseñor Epalza es evidente: está obligando a la gente a abandonar sus casas.
"Todos esos palos que usté ve p allá abajo, son gente que había y que ya se fueron. Se han ido p arriba, pa la carretera", me dice la mujer de Sanyú mientras conversamos junto al agua.
"Porque no quieren vivir acá, por la violencia", explica.
Y la verdad es que las cifras del desplazamiento forzado son alarmantes: durante los últimos tres años Buenaventura ha sido el municipio de Colombia con más desplazados. Fueron 19.000 sólo el año pasado.
A la mayoría de la casas de Ciudadela San Antonio les falta color.
Pero no es eso lo que le preocupa a la mujer que me recibe en esta nueva urbanización, ubicada en la vía al aeropuerto, en la parte continental de Buenaventura, a una decena de kilómetros del puerto.
El proyecto habitacional fue financiado con dinero incautado a un narcotraficante apodado 'Chupeta' y las viviendas buscan beneficiar a los habitantes de Buenaventura que residen en zonas de alto riesgo. Originalmente eso quería decir en riesgo por inundaciones, deslaves o un tsunami.
Pero lo que ha terminado de empujar a muchos de los habitantes de los barrios de bajamar hasta aquí es la violencia.
"Primero se vinieron mis hijos, porque por allá se formó el pin, pin, pin", me dice la mujer.
"Luego me vine yo, hace tres meses. Porque eso allá está hecho una pólvora", le cuenta a BBC Mundo.
Pero si pudiera, afirma, se regresaría a su barrio. A su casa de madera a la orilla del mar; vieja, sí, pero mucho más espaciosa que la vivienda de dos habitaciones que le dio el Gobierno.
Afirma que la mayor parte de la gente que se mudó a San Antonio son pescadores que ahora están lejos del mar, de sus tradiciones y sus fuentes de sustento.
"Todo es malo acá, no tengo empleo", se queja.
Allá en la isla, como se conoce a la zona del puerto, ella trabajaba lavando ajeno y ganaba unos 100.000 pesos al mes, unos US$50.
A 1.200 pesos el viaje en carpati –como llaman aquí a los viejos jeep Willys que sirven de taxis colectivos– un mes de transporte hasta el centro le consumiría el 72 % de sus ingresos.
Y tan lejos del agua, la pesca y las pianguas, ya no pueden garantizar el alimento.
La urbanización, sin embargo, es nueva: las primeras 568 casas apenas fueron entregadas en febrero pasado y muchas de las instalaciones de la ciudadela aún están pendientes.
Y cuando le pregunto si cree que en otras circunstancias podría ser feliz aquí, la mujer responde que sí, si es que pudiera garantizarse un ingreso.
El desplazamiento total de los barrios de bajamar, sin embargo, terminaría por acabar con toda una forma de vida, con la cultura vinculada a las casas de palafitos que, para algunos, sólo afean el puerto.
Me voy de ciudadela San Antonio pensando que eso también está en juego en la cruenta guerra que vive Buenaventura.
No son sólo los más pobres de Buenaventura los que sufren por la presencia de La Empresa y Los Urabeños.
"Los comerciantes son víctimas de extorsión. Tienen niveles de extorsión superiores al 40 % o el 60% de la inversión en sus negocios", explica Ana Milena Alzate, directora de estudios económicos de la Cámara de Comercio de Buenaventura.
El aire acondicionado de las instalaciones, el mobiliario moderno y las reproducciones de cuadros de Botero me hacen sentir en un planeta diferente a Sanyú, a pesar de que estamos a unos pocos centenares de metros.
Pero Alzate afirma que todos están en el mismo barco cuando se trata de violencia.
"La mayor parte de los comerciantes de Buenaventura, de nuestros afiliados, son pequeños comerciantes", le dice a BBC Mundo.
"Y ya hay lugares en los que los clientes no les llegan. La queja es que a veces sobre un sector determinado ya hay un inri de que es peligroso y el mismo cliente ya no va hacia allá", cuenta.
Mientras en la propia terminal portuaria, ese oasis de seguridad en medio de la violencia, el gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Domingo Chinea, reconoce que en el largo plazo la misma viabilidad del puerto no se puede separar de la de la ciudad que lo alberga.
"Lamentablemente en los últimos años el desarrollo portuario ha sido mucho más dinámico que el desarrollo de la ciudad. La ciudad se ha quedado postrada", reconoce Chinea.
"Consideramos que sin la estabilidad económica y social de Buenaventura es casi imposible tener un puerto exitoso", afirma.
De regreso en Bogotá, el alto consejero presidencial para las regiones, David Luna, asegura que eso también lo tiene claro el Gobierno.
A inicios de marzo el presidente Juan Manuel Santos visitó Buenaventura y prometió mayor presencia policial y militar además de una mayor y más efectiva inversión social en la ciudad-puerto.
Una de las primeras medidas ordenadas por el Gobierno luego de ese viaje será la casi completa militarización de la ciudad "por el tiempo que haga falta".
Pronto se anunciará además que están prácticamente listos proyectos de inversión para Buenaventura y la región del Pacífico por el orden de US$600 millones.
Según Luna, quien tendrá a su cargo la recién creada Gerencia Social encargada de garantizar la buena marcha de esos proyectos, los años de trabajo detrás de los mismos son prueba de que el Gobierno no está actuando empujado por la coyuntura o los reportajes sobre las "casas de pique" que han abundado recientemente.
Hay además otras cosas que también están cambiando en Buenaventura: a inicios de marzo decenas de miles de personas salieron a las calles junto al obispo Epalza a exigir el fin de la violencia y poco después los comerciantes también organizaron su propia protesta.
Y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza de que algo cambie parece al menos igual de fuerte que el miedo.
Aunque para José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, igual de importante que actuar en Buenaventura es reconocer que el problema no es exclusivo del puerto.
"Cuando el Gobierno desmovilizó a los paramilitares en Buenaventura, hace una década, prometió seguridad, respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la ley. Pero en realidad los paramilitares no se desmovilizaron y nuevos grupos armados siguen usando sus mismas tácticas brutales para aterrorizar a la población", le dijo a BBC Mundo.
"Y Buenaventura es sólo un ejemplo extremo de una realidad que afecta varias regiones de Colombia, donde poderosas organizaciones criminales que descienden de los grupos paramilitares de extrema derecha continúan cometiendo serios abusos en contra de la población, incluidos asesinatos, desapariciones y desmembramientos", recordó Vivanco.
La moraleja, afirma, es que no basta con firmar un acuerdo de paz para garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de las zonas de conflicto.
Y esta es, señala, una lección fundamental de cara a las actuales conversaciones del Gobierno con la guerrilla de las FARC.
Porque muchísimos paramilitares nunca dejaron las armas, sólo cambiaron de nombre, pero conservaron negocios y prácticas.
Y permitir que eso vuelva a pasar sería la mejor manera de garantizar que la violencia del pasado termine convirtiendo los sueños del futuro en material de pesadilla, como está pasando ahorita en Buenaventura, en el Pacífico colombiano.
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