Buenaventura sigue siendo tierra de nadie

Sobre la media noche del primero de enero, los habitantes del barrio la Playita de Buenaventura quedaron aterrados al ver correr a un hombre ensangrentado, con las manos atadas con cabuya, gritando: “Me van a matar”. En su espalda, tenía una profunda herida causada por un machete.

Al amanecer, Pompilio Castillo, uno de los coordinadores de la 'Zona Humanitaria', una especie de territorio de paz que los vecinos de este y otros barrios marginales crearon para evitar la presencia de grupos armados y frenar sus actos criminales, averiguó que el hombre herido que se había escapado de sus verdugos, quienes “lo iban a 'picar' y arrojar al mar. Llegó a una casa de pique con otras personas, pero ellas al parecer sí fueron asesinadas”.

Este tipo de actos, unido al hallazgo que las autoridades han hecho de fosas con cadáveres descuartizados o carcomidos por el uso de ácidos para evitar su identificación, han dejado claro que las fuerzas del orden y del Estado no han logrado consolidar su tarea. Como se recuerda, hace un año el presidente Juan Manuel Santos ordenó militarizar y volcar la atención de todas las instituciones del Gobierno hacia Buenaventura. “Hoy seguimos humillados por la violencia”, dijo Emiro Castillo, uno de los coordinadores de la Zona Humanitaria a los enviados de SEMANA.

Además de la llegada de 2.400 efectivos, el Gobierno anunció la inversión de 260.000 millones de pesos en 30 obras sociales inmediatas y otros 400 millones de dólares para proyectos a largo plazo, tanto en Buenaventura como en el resto del Pacífico. Con semejante esfuerzo estatal, ¿por qué persisten esos macabros brotes de violencia en el puerto?

En el 2014 los homicidios bajaron levemente en sólo seis casos frente al 2013, que fue uno de los años más violentos tras la guerra entre bandas con 148 crímenes. Mientras las desapariciones se redujeron de 78 a 44 casos. En lo corrido de este año ya se reportaron cuatro denuncias.

Pero las desapariciones siguen siendo la 'piedra angular' de la violencia en el puerto. Ante el hallazgo de las fosas comunes, se avivó el debate en torno a la existencia de los temidos cementerios clandestinos, usados por los delincuentes para ocultar sus crímenes.

Datos oficiales infieren que esa práctica viene ocurriendo desde hace una década en esa ciudad portuaria. Un documento de inteligencia policial en poder de esta revista dice que “la evolución del fenómeno de las desapariciones obedece a una estrategia de los grupos armados generadores de violencia para evitar las acciones disuasivas y reactivas de la fuerza pública, a causa del recrudecimiento de los homicidios”, dice textualmente al referirse al periodo 2006-2010. En otras palabras, cuando suben los asesinatos bajan las desapariciones y viceversa. Sólo por citar un ejemplo concreto: en el 2006 la cifra de homicidios fue de 408, mientras que las desapariciones sumaban 42 casos. Pero en el 2008 los homicidios bajaron a 206 y las desapariciones subieron a 182.

La personera encargada de Buenaventura, Zully Rentería, hizo la advertencia tras los recientes hallazgos, “porque deja de ser un mito para convertirse en realidad que las bandas criminales están utilizando la desaparición para que sus hechos delictivos queden en la impunidad”.

Pese a estas cifras, otros valoran el papel que ha cumplido la retoma de Buenaventura por parte del Estado. A la fecha, las autoridades lograron la captura 311 delincuentes pertenecientes a los Rastrojos y Urabeños, bandas que se pelean el control territorial. Además, se crearon comisiones especiales que investigan hechos delictivos, no sólo homicidios, sino la violencia de género y las desapariciones, entre otros.

Luis Gilberto Murillo, gerente de la Zona Pacífico delegado por la Presidencia, considera que “la violencia en Buenaventura, generada por el conflicto armado, el narcotráfico y las expectativas en torno a intereses económicos, es un fenómeno que requiere respuestas de largo plazo porque no tiene soluciones inmediatas”.

Eso explicaría el por qué en este caso específico los resultados parecen no llegar, pese a la mano dura del Estado al militarizar la ciudad, junto a la inyección de millonarios recursos en obras sociales para una ciudad que lidera todos los índices de pobreza; donde el agua potable llega por horas y las marchas de protesta son el pan de cada día.

Un factor para tener en cuenta es que casi todas las obras prometidas por el Gobierno, como cámaras de seguridad, polideportivos, colegios, mejoramiento del acueducto y programas para el fomento al empleo están en construcción. Por su parte, los proyectos a largo plazo ya fueron estructurados dentro del Master Plan 2050 de Buenaventura.

Murillo insiste en que la degradación de las expresiones de violencia en Buenaventura implica mantener una intervención integral, robusta y sistemática. “La misión que nos dio el presidente Santos y la estrategia planteada va en la dirección correcta y está produciendo resultados positivos. La acción de la fuerza pública contra los criminales y las investigaciones de la Fiscalía son más efectivas”, concluyó.

En parte el funcionario tiene razón porque una de las razones del descubrimiento de las fosas comunes es el trabajo de investigación que realizó la Fiscalía. Sin embargo, aun con todo ese esfuerzo oficial, la violencia sigue preocupando.

Por eso muchas autoridades que conocen de fondo los problemas de Buenaventura no dudan en admitir que la violencia ha sido cíclica, “la niñez viene de tener como referente la cultura mafiosa del todo vale como fuente de poder; y ahora es el te mato, te pico”, explicó el sacerdote Jhon Reina, coordinador de la Pastoral Social.

Su tesis tiene origen en que por décadas el puerto ha sido el trofeo de grupos al margen de la ley. Primero fue la guerrilla la que controlaba los barrios de bajamar e imponía su régimen de terror. Luego aparecieron los paramilitares con sus motosierras y ahora la pelea es entre dos bandas criminales: Rastrojos y Urabeños.

Pero no sólo el problema es cultural. Desde la Iglesia Católica también se insiste en otra tesis que, según ellos, contribuyó al recrudecimiento de la violencia: la relación entre la expansión portuaria y los focos de violencia. El sacerdote Reina y el obispo Héctor Epalza cuestionan que los barrios que concentran los conflictos más sangrientos sean justamente aquellos donde “se han hecho o se harán grandes proyectos de infraestructura portuaria o públicas, como el malecón que se está haciendo actualmente”, argumentó el religioso. Es decir, los homicidios y el desplazamiento aparecen con mayor crudeza en aquellas zonas donde se hará una obra.

Tal vez todo el problema de Buenaventura se resume a una reflexión que hizo una curtida fiscal que investiga la sevicia criminal de las bandas que delinquen en esa ciudad portuaria, “no obedece a una directriz superior, sino al degradamiento de sus integrantes que se quieren imponer a punta de sangre. Recientemente fueron capturados en flagrancia de cuatro menores de edad (11, 14, 15 y 17 años), miembros de los Urabeños, “quienes estaban torturando con choques eléctricos a dos indigentes, para hacerlos confesar un robo y luego pretendían picarlos”.