Cajamarca: ¿el punto de quiebre para la minería?

La minería a nivel mundial tiene adeptos y detractores. Los primeros señalan que ésta crea empleo, trae inversión al país y, en el caso colombiano, protege los terriotios de la ilegalidad, mientras que los segundos afirman que se crean daños irreparables a los recursos naturales. Sin embargo, los resultados a favor del No a la extracción de oro en Cajamarca fueron tan avasalladores (con más del 97 por ciento de la votación), y las celebraciones de líderes políticos, ambientalistas y muchos colombianos fueron tan entusiastas que hoy muchos se preguntan no sólo que motivó tal movimiento sino si este será un punto de quiebre para el ejercicio de la minería en Colombia.

Lo primero que hay que decir es que, además del factor ambiental, existe otro elemento clave del debate: el poder de las regiones. Irónicamente, pese a que esta actividad se realiza en los municipios, por muchos años éstos han sido relegados a un segundo plano en las decisiones esenciales sobre la extracción de sus recursos naturales.

En parte, ese ‘olvido’ se matizaba en el pasado con las regalías, millones de pesos que entraban a las arcas municipales cada año en compensación por la actividad extractiva. Sin embargo, cuando el gobierno Santos cambió el esquema de repartición de esos recursos, con la famosa teoría de que había que esparcir la mermelada en todo el pan, los municipios mineros se quedaron sin el dinero, pero no menguaron los impactos que esa actividad produce en el territorio.

Esta situación inclina considerablemente la balanza, pues quienen votan en las consultas son precisamente los habitantes de las lugares en las que se realizan las extracciones. En el caso de Cajamarca, el municipio tiene una vocación agrícola y muchos de sus habitantes creen que esa actividad estaría en riesgo. Los resultados habrían sido totalmente opuestos si la consulta se hubiera realizado en Vetas y California, los dos pueblos de Santurbán que llevan en la minería desde la colonia y no han conocido otra actividad. Sin embargo, aún en ese caso, por mucho que una explotación minera sea ambientalmente sostenible o que cumpla con los parámetros de reforestación y manejo del agua, dificilmente podrá ser aceptada por una comunidad si se piensa como una imposición realizada desde Bogotá.

Al respecto, durante muchos años se entendió que en virtud del artículo 332 de la Constitución es la Nación y no las entidades territoriales la compentente para adoptar las decisiones más importantes en relación con la determinación de los sitios en los cuales podría llevarse a cabo la minería. En virtud de ello, el artículo 37 del Código de Minas señalaba expresamente que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 permitía al sector central determinar zonas de reservas mineras estratégicas para la Nación.

Sin embargo, en los últimos años la Corte Constitucional revirtió esta tendencia, señalando que las entidades territoriales y las comunidades locales también tienen competencia para adoptar decisiones sobre los proyectos de minería que se lleven a cabo en sus territorios.

La Sentencia C-035 de 2016 declaró exequible la norma del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al sector central crear zonas de reservas mineras estratégicas para la Nación en el entendido que deberá concertarse con las autoridades locales de los municipios. Por su parte, la Sentencia C-273 de 2016 fue mucho más allá y declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas que señalaba expresamente que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.

Estas decisiones han sido los detonantes para que se inicien procesos de consulta en muchas partes de Colombia para determinar si las comunidades desean o no que se exploten recursos naturales en sus territorios. Tras décadas de exclusión, las comunidades tienen por primera vez voz para pronunciarse. Asimismo, por cuenta de la reforma a la ley de regalías, esta situación también ha creado la falsa idea de que todas las garancias económicas también se trasladan a la capital, desconociéndose que las entidades territoriales reciben millones de dólares en tributos derivados de la minería. Solo que ahora también reciben los municipios que no tienen esa actividad.

Sin embargo, en época de campañas políticas es mucho más rentable un discurso regionalista que uno técnico. Especialmente con las elecciones del Congreso y la Presidencia a la vuelta de la esquina. En este escenario, en el próximo año las consultas populares mineras podrían convertirse en combustible para las campañas. Así, se anticipa que en muchas regiones habrá una mezcla de política con decisiones técnicas trascendentales para el futuro de los municipios.

Las diferencias entre el Gobierno y las regiones son cada vez más profundas. La falta de consenso es evidente en las urnas, donde vienen ganando los argumentos en favor del No y se alistan en una decena de departamentos consultas que pretenden frenar proyectos en diferentes frentes. En Ibagué, un viraje de última hora, obligó a reformular la pregunta de la consulta que busca frenar la megaminería a cielo abierto. En Cumaral (Meta) sus habitantes se alistan para decidir si aprueban o no la explotación de hidrocarburos en su territorio. Hace pocas semanas, en Cabrera (Cundinamarca) la comunidad dijo No al proyecto hidroeléctrico en Sumapaz con el que EMGESA pretendía desarrollar minicentrales en su territorio. 

 “La Ley no prevé el poder de veto de los municipios. Sé que hay acciones de tutela que han dado esta impresión, pero las facultades legales se crean en la Ley no en los fallos”, indicó el Ministro de Minas, Germán Arce, quien ha sido muy crítico de la interpretación y el alcance de las decisiones de las altas cortes.  El Ministro insiste que la Constitución le otorga una facultad de “paternidad responsable” a la Nación al darle facultades para administrar los recursos naturales y el subsuelo; y le entregó la facultad a los municipios y autoridades locales para ordenar el territorio.

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Para el Ministro Arce, la consulta de Cajamarca no solamente pone en riesgo la exploración que adelanta la multinacional Anglo Gold Ashanti con miras a la extracción de oro en La Colosa, sino que una interpretación literal de la pregunta también tendría como efecto el fin de extracción de materiales de construcción y cualquier otra actividad de extracción. “Una decisión de carácter político no tiene una aplicación automática, se tendrá que incorporar en los instrumentos de carácter legal que se desarrollan en el territorio. Este es un proceso que empieza con la manifestación de la comunidad, respetable desde todo punto de vista, pero requerirá una disposición de orden legal”, indicó Arce.

Por todo lo anterior, se require un proyecto de Ley que establezca las reglas para una coordinación entre Nación y región con el fin de evitar las consecuencias de una locomotora del desarrollo frenada. Santiago Ángel, director de la Agencia Colombiana de Minería, aseguró que la opción de recurrir a las consultas está cogiendo fuerza, lo que implica que en materia de inversión habrá un nuevo elemento para tener en cuenta. “La voluntad popular buscará expresarse en todas las materias que tengan interés en los temas municipales. Esto es un debate preocupante, ahonda nuestros mensajes de inseguridad jurídica que hemos venido mandando”, indicó. 

Para Ángel, se están mandando señales de inversión que generan un “sinsabor” muy grande, donde será el Congreso el que defina cómo se hace ese mecanismo de coordinación frente a competencias nacionales y territoriales. 

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"Dada la magnitud de lo que se vive en las consultas populares hay un interés de regular el tema. El gobierno ha venido trabajando en un proyecto, me imagino que los legisladores también y creo que es momento que nos sentemos a trabajar en una propuesta que busque armonizar dos competencias los territoriales y nacionales", indicó.

Los argumentos para el otro lado también son poderosos. El director de Dejusticia, Cesar Rodriguez, contrario a lo que dijoel ministro Arce, afirmó que el resultado de la consulta en Cajamarca es obligatorio y aplica a títulos de Anglo Gold porque aún no tienen licencia ambiental. El ex ministro Manuel Rodríguez aseguró además que “para construir la paz desde los territorios el gobierno deben respetar las decisiones que tomen las comunidades sobre su destino”.

El tema ambiental tiene un enorme peso. Para nadie es un secreto que la minería, aún bien manejada, deja un impacto irreversible en el territorio. Si a eso se suma que durante años en Colombia existió lo que se conoce como una “piñata de titulos mineros” la situación es aún más preocupante. Cuando el debate por Santurbán comenzó, la Procuraduría alertó que 108.000 hectáreas de páramo habrían sido objeto ya de 391 títulos mineros, al igual que otros ecosistemas estratégicos, como humedales y reservas forestales. Aunque el gobierno ha intentado poner un tatequieto a esa situación, por ejemplo delimitando los páramos, lo cierto es que la falta de claridad ha creado un limbo jurídico en ese aspecto.

El debate que se ha creado por cuenta de sí la consulta es vinculante o no es otra demostración de ese limbo, que de no tener respuestas claras, le hará mucho daño al país.