El lío de las armas en Cali

En octubre pasado causó cierto estruendo la noticia de 80 armas que desaparecieron mientras estaban bajo la custodia del Ejército en Cali. Pero resulta que esa es apenas la punta del iceberg de lo que puede convertirse en un gran escándalo.

En ese momento esta revista reveló como funciona ese mortal carrusel: las armas que les son decomisadas a los criminales son puestas a disposición de la Tercera Brigada de esa ciudad y de allí desaparecen como por arte de magia. Muchas de ellas, se cree, vuelven a las calles para seguir en el mercado de la muerte.

La noticia ahora es que la Fiscalía decidió seguir con el inventario y, en la medida en que avanza, descubre que son más las armas desaparecidas. De las 1.000 verificadas hasta la fecha, cerca de 500 no están y se desconoce su paradero. De ellas, 44 son fusiles.

Si la tendencia se mantiene, casi la mitad de los 16.000 revólveres, pistolas, metralletas y fusiles que debían estar en custodia en esa Brigada estarían hoy, posiblemente, en malas manos. El problema no es de poca monta. Con las 500 armas perdidas hasta ahora se podría dotar a las bandas criminales de Urabeños y Rastrojos que azotan a Valle.

A finales de diciembre, el caso volvió a moverse judicialmente, tras la captura de cuatro personas, entre ellas dos militares activos, un sargento viceprimero y un cabo que eran custodios de esas armas. El general Luis Fernando Rojas, comandante de esa guarnición militar, aclaró que para garantizar la transparencia en el proceso judicial, “toda la investigación la está realizando directamente la Fiscalía”.

Expertos en temas de seguridad coinciden en afirmar que el problema caleño tocó fondo y requiere acciones inmediatas. La delincuencia organizada se enquistó en la ciudad y desde hace varios años funciona como franquicias criminales, que venden sus servicios al mejor postor. Por esa razón, explican, el tráfico de armas se disparó.

Hace poco, la Policía golpeó bandas dedicadas al mercado de armas ilegales. El negocio se ha sofisticado tanto, que estas tienen a su servicio oficinas donde las alquilan y también les expiden salvoconductos falsos. Las pandillas de Aguablanca, en Cali, cada día tienen más fácil acceso “ya no a pistolas o revólveres hechizos, sino originales, que alquilan dependiendo de la ‘vuelta’, por cifras que van desde los 20.000 hasta los 100.000 pesos”, dijo una persona que conoce de cerca a estos jóvenes.

En dos golpes dados por las autoridades se ha puesto al descubierto parte del engranaje. En el primero, en Palmira (a media hora de Cali), la Policía capturó a alias El Peludo y le decomisó armas y seis motocicletas que, según los investigadores, alquilaba a las bandas. En la otra operación, en el sur de Cali, cayó un hombre en una oficina en la que falsificaban salvoconductos. “Tenía las planchas para imprimir otros 80”, dijo el investigador.

En la capital de Valle las armas de fuego son la principal causa de homicidios. Hace dos meses una organización internacional publicó el escalafón de las 50 ciudades más violentas del mundo y Cali ocupó el puesto 11, con 77,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2013 se cometieron cerca de 1.800 crímenes, el 89 por ciento de lo cuales con armas de fuego.

El tema de los homicidios es tan delicado, que desde hace varios meses el personero Andrés Santamaría, el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero y el arzobispo Darío Monsalve lideran infructuosamente una propuesta que busca institucionalizar el plan desarme en esa ciudad. “Es una vergüenza para el gobierno colombiano que sus ciudadanos tengamos que suplicarle de rodillas e inútilmente a la autoridad militar que apruebe una medida de esa índole”, expresó Monsalve.

Ante las marchas que se programaron en diciembre y el llamado de varios sectores por el desarme, al final la autoridad castrense cedió y durante la Feria de Cali lo decretó de manera parcial y sectorizada. Muchos, sin embargo, vieron ese gesto más como una manera de bajarle temperatura al tema, que como un compromiso permanente.

No deja de ser una paradoja que, mientras los líderes cívicos y religiosos piden que los caleños se desarmen, desde las guarniciones castrenses insisten en que hacerlo “es una tarea muy difícil” en una sociedad como la valluna. “¿Cómo convencer al colectivo municipal de que no se arme en un país violento?”, le respondió a un concejal un comandante que estuvo encargado de la Tercera Brigada.