Los 10 cambios fundamentales que trae el nuevo acuerdo

Al cumplirse 41 días del Plebiscito por la Paz, el Gobierno y las Farc anuncian un nuevo texto de acuerdo que incluye cambios en casi 60 temas. Con modficaciones importantes pero manteniendo su estructura inicial planteada, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicaron cómo queda la Jurisdicción Especial para la Paz.

Precisiones en enfoque de género y la no entrega de curules “a dedo” para las FARC son algunos de los otros puntos anunciados. El gran interrogante que queda en el aire después de los anuncios es ¿cómo será la refrendación?

Semana.com presenta 10 temas clave: 

1. Acuerdo de paz no entra completo al bloque de constitucionalidad:

Uno de los puntos más importantes es que se tomó la decisión de no insistir en que todo el Acuerdo de Paz sea consierado parte del bloque de constitucionalidad. El tema era importante para las FARC pues se buscaba que así se blindara lo pactado y se garantizará la seguridad jurídica. Quitar algunas partes de esta fórmula representa que la guerrilla cedió en algo. 

Los voceros del No nunca estuvieron de acuerdo con sumar 297 páginas adicionales a la Constitución Política. Según Humberto de la Calle “el principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica”.  

El Presidente Santos explicó en su alocución que sólo quedarán los temas de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, “que ya de por si hacen parte de la Constitución”. Esto porque hoy los tratados internacionales sobre esta materia se entienden incorporados a la carta política por la vía también del bloque de constitucionalidad.

Limitar a esos temas esa figura tiene sentido además por otra que le gusta a la guerrilla: los acuerdos especiales del DIH. En este concepto solo podrían incluirse los temas relacionados con el fin de la guerra, lo cual sería compatible con lo que dispone el nuevo acuerdo.  

Actualmente, la Corte Constitucional estudia demandas contra el Acto Legislativo para la Paz. Aunque el punto del bloque de constitucionalidad ya no sería necesario, sigue teniendo importancia el mecanismo del Fast Track para que la implementación del acuerdo pueda ser aprobada por vía rápida en el Congreso.

2. Corte Constitucional revisará tutela contra decisiones de la Jurisdicción

Aunque el nuevo acuerdo no acoge la fórmula planteada por el No de tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz, sí integra la justicia transicional al sistema ordinario a través de la Corte Constitucional. En este sentido, establece que será este tribunal el encargado de resolver las acciones en contra de las decisiones de la JEP.

Es una fórmula que armoniza lo planteado por el No y por las altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), ya que abre la posibilidad de que por vía de excepción de la tutela, la Corte Constitucional sea el tribunal de cierre total y definitivo.

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El punto agrada a la Rama Judicial, pero puede generar problemas en la implementación de los acuerdos pues en Colombia por la vía de la tutelas importantes decisiones han dado un giro y en ese escenario es díficil garantizar la seguridad jurídica de quienes sean condenados o exonerados por la JEP. De ahí que la elección de los cinco nuevos magistrados de la Corte Constitucional sea muchísimo más relevante bajo este nuevo acuerdo. Esos nuevos magistrados tendrán en sus manos el proceso de paz.  

3.  Límites a la restricción de la libertad

Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. En este sentido, se establece que el Tribunal para la Paz debe fijar espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción.

También se deberá imponer el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. Se incluyó además que todo el tiempo que pasen en zonas veredales, incluyendo antes del funcionamiento la Jurisdicción de Paz, serán descontadas de la sanción siempre y cuando desarrollen actividades de reparación. Este es uno de los puntos que satisface con mayor precisión las pretensiones de los voceros del No. Ellos nunca pidieron cárcel propiamente, sino que exigían que las zonas donde estuvieran retenidos los guerrilleros fueran restringidas.

4. Conexidad del narcotráfico, en el marco de jurisprudencia de la Corte

Aunque este punto era considerado más un vacío que una diferencia sustancial, el acuerdo renegociado aclaró que la normatividad aplicable será la del Código Penal colombiano  y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal. También se deja claro que alrededor de la conexidad del narcotráfico con el delito político, se tendrá en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas. Al respecto, al Corte Suprema de Justicia ha dicho que existe esta conexidad, siempre y cuando la actividad del narcotráfico haya sido con el fin de financiar la guerra.

Sin embargo, eso no significa que la posición de la Corte Suprema no pueda cambiar. En el pasado, existieron profundas divisiones dentro de ese alto tribunal pues un grupo de magistrados era partidario de que el delito de narcotráfico sí fuera conexo a los delitos políticos.  

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5. Magistrados colombianos

El nuevo acuerdo elimina la posibilidad de que magistrados extranjeros integren la Jurisdicción Especial para la Paz, aunque acepta la presencia expertos extranjeros para que rindan conceptos sobre los casos que se tramiten. El Presidente Juan Manuel Santos anunció que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá una duración de 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años.

"Otro tema que exigieron muchos de los del No era que no hubiera jueces extranjeros. Eso también se eliminó. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes", dijo Santos en su intervención.

6. Curules no serán entregadas “a dedo”

El nuevo acuerdo establece que el partido político que se cree con la reincorporación de las FARC a la vida civil no podrá inscribir candidatos para que ocupen las 16 curules transitorias que vienen en el acuerdo de paz. Estas curules serán entregadas a las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto.

También se eliminó la disposición que establecía que el partido de las FARC contara con el 30 por ciento de financiación, de manera que quedará en igualdad de condiciones con los demás partidos.En este mismo capítulo, quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

7. Respeto a la libertad de culto y definición de enfoque de género

Ante los cuestionamientos de la iglesia, los cristianos y voceros del No, las FARC y el Gobierno definieron qué se entiende por enfoque de género: “Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno.

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"Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, dijo Santos. En esa precisión, el presidente no incluyó expresamente a la comunidad LGBTI, sin embargo, tampoco hizo alusión a nada que haga pensar que habrá un desmedro en sus derechos.

En ese sentido, se incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. En atención a los reclamos, el acuerdo indica que se respetará libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad.

8. Listado de bienes de las FARC

Una de los temas espinosos es la entrega de bienes por parte de las FARC para la reparación de víctimas. Esto, en cuanto a que se desconoce la cantidad de dinero con el que cuenta este este grupo guerrillero para resarcir a los afectados por la guerra. Alrededor de este punto se establece que durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.

Este punto, ocasionó en el pasado un choque entre Jesús Santrich y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien les pidió que registraran los bienes y les advirtió que la Fiscalía perseguiría con toda contundencia la fortuna de las FARC.

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9. Terceros podrán ir a la Jurisdicción Especial para la Paz

Desde su primer pronunciamiento después de los resultados del Plebiscito, el expresidente Uribe pidió que se excluyera de la competencia de la Jurisdicción para la Paz a terceros. Sin embargo, el nuevo acuerdo reitera esta competencia para revisar conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves.

Alrededor de este punto se establece que quienes contribuyen a las medidas de verdad y reparación, se les pueden aplicar beneficios como la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso. “Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria”, dijo el Presidente Santos. Además, anunció que las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar: “Solo presentarán información que sea valorada y contrarrestada por los jueces y magistrados del tribunal”.

10. Comisión experta para revisar legislación agraria

Aunque el Presidente Santos indicó que la nueva legislación agraria no está incluida en el acuerdo de La Habana, se creará una comisión de expertos para que revise lo referente a este punto, dada la cantidad de inquietudes. Dejó claro que no se autorizarán nuevas Zonas de Reserva Campesina más allá de lo vigente y que nada de lo acordado afectará el derecho a la propiedad privada. También explicó que el catastro no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.