Campo Rubiales está que arde

Aunque esta semana Campo Rubiales volverá a producir 225.000 barriles diarios de petróleo, su ritmo habitual, nadie puede cantar victoria. Los hechos violentos que protagonizaron 600 empleados y contratistas generaron pérdidas millonarias a la Nación, pues el bombeo del crudo se paralizó durante dos días, cada uno de los cuales le representan al erario 20 millones de dólares. Y la crisis está lejos de ser conjurada.

Esta nueva revuelta, que incluyó 12 bloqueos, quema de vehículos, y confinamiento del personal, así como cese de todas las actividades dentro del campo, demostró que efectivamente sí hay un problema de salarios y contratos, y que si no se fortalece la presencia del gobierno en el campo, las cosas pueden empeorar en cuanto a violencia se refiere, pues la polarización salta a la vista.

¿Qué reclaman los trabajadores y contratistas en Campo Rubiales? Héctor Sánchez, líder de las protestas que se desempeña hace un año como oficial de construcción de la firma JM, dice que todo estalló porque Pacific Rubiales no les exige a los contratistas el pago de los salarios a los que tienen derecho los obreros no calificados de la región.

"Muchos contratistas pagan por debajo de lo acordado y cuando quieren se demoran en hacerlo. Vivir a 180 kilómetros de Puerto Gaitán, lejos de la civilización, es un detonante que se activa más fácil cuando uno llega a dormir a alojamientos incómodos, sin agua, o le sirven comida mala", dice.

Campo Rubiales tiene 400 pozos de cuya producción está encargada Pacific Rubiales, con una participación de Ecopetrol que representa el 80 por ciento. Pacific emplea de manera directa a 500 personas en el campo, que equivale apenas al 3,8 del personal. Contrata el resto de las labores especializadas unas 150 firmas, que a su vez subcontratan otras tantas. En este entramado de empresas hay de todo: desde especialistas en exploración, sísmica y pozos, hasta soldadores, servicios de comida y alojamiento de las 13.000 personas que conviven allí.

Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) afirma que el Ministerio de Protección Social ha realizado auditorías, y aunque se encontraron algunas fallas, dice que las condiciones de trabajo en general son buenas. "Sí hay compañías que incumplen, la responsabilidad es de la operadora (Pacific), pues tener contratistas no los exonera de culpa", dice.

Para Camilo Valencia, vicepresidente ejecutivo de Pacific Rubiales, la toma hostil que realizó un grupo de trabajadores no se justifica. Explica que en materia laboral cada contratista tiene un salario de 1.050.000 pesos que, sumado al servicio de alimentación, de lavado y planchado de ropa y alojamiento, genera un costo cercano a los cuatro millones de pesos por persona. "Tampoco se dan despidos masivos como se reclama, y cuando se acaban unos contratos, hay convenios para que ese personal sea nuevamente enganchado en una próxima contratación", afirma.

Hay versiones de que las protestas pueden están siendo promovidas por la guerrilla, sin embargo nadie en el campo se atreve a confirmarlo. También hay quienes piensan que el ambiente se ha caldeado por la campaña electoral. Puerto Gaitán recibe al año casi 100.000 millones de pesos en regalías, que son un bocado de cardenal para muchos políticos locales que podrían estar echándole leña al fuego de la inconformidad para ganar votos.

También se acusa a la Unión Sindical Obrera (USO) de estar buscando reactivarse a nivel nacional, con la sindicalización de los trabajadores de toda la industria petrolera y no solo de los empleados de Ecopetrol.

"La USO quiere fortalecer su sindicato con más afiliados, y se ha metido a las negociaciones, así no representen ni a la comunidad ni a los empleados directos", agrega Alejandro Martínez.

Frente a ese señalamiento, Rodolfo Vecino, presidente de la USO, advierte que su única intención es asesorar a los trabajadores. "Esa población tiene derecho a la libertad sindical y a la libre asociación. Exigimos reintegros en caso de despidos masivos y garantías salariales", dice. Algo que por supuesto es absolutamente legítimo, si no se usan las vías de hecho y la violencia como ha ocurrido en estos meses.

La preocupación que existe entre todos los involucrados es que pocas cosas han cambiado desde julio, cuando se presentó la primera protesta en el campo. En esa ocasión el vicepresidente Angelino Garzón asumió el liderazgo para sentar a los protagonistas de la controversia en nueve mesas de diálogo para buscar soluciones. En ellas han venido reuniéndose periódicamente directivos de Pacific Rubiales, miembros de la comunidad de Puerto Gaitán, la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad, los ministerios de Minas y Energía y de Protección Social, y representantes sindicales. Pero mucha gente sigue inconforme, como se demostró esta semana.

Aunque en Campo Rubiales los taladros se encendieron de nuevo tras los acuerdos a los que se llegó el jueves pasado, y después de haber duplicado la presencia de la fuerza pública que pasó de 600 a 1.200 efectivos, el problema sigue latente. Como dijo Javier Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol, "La institucionalidad es la mejor vía para erradicar esa inconformidad. La presencia de los ministerios respectivos debe ser permanente y no cuestión de días".

Y es que este campo de 60.000 hectáreas es apenas una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en muchas partes del país, donde hay un auge económico sin precedentes, evidentes abusos de las empresas, y muchos sectores interesados en pescar en río revuelto. Por eso la presencia integral del gobierno es urgente para dar soluciones de largo plazo y no solo apagar los incendios cada vez que estos se presentan. Porque lo que está en juego es mucho. Es la sostenibilidad de la operación petrolera y la convivencia de grandes empresas con la población de regiones apartadas y conflictivas, donde se vive una bonanza sin precedentes.