Este martes 19 de noviembre, cuando se cumple un año de conocerse el fallo de La Haya, María Ángela Holguín, canciller de Colombia, aseguró que lo último que el país necesita es una confrontación con Nicaragua o con cualquier país.
En cuanto a las últimas suspicacias del avión ruso que violó el espacio aéreo colombiano, la canciller indicó que sí cree en
el comunicado de ese país donde se sostiene que Rusia no apoyaría a Nicaragua en caso de un conflicto. “Obviamente conocemos que el gobierno ruso tiene unos acuerdos donde hay compra de embarcaciones o de aeronaves con Venezuela y Nicaragua, pero no quiere decir que Rusia intervendrá en la región”, señaló Holguín.
Después de conocerse el fallo de La Haya que le concedió a Nicaragua 75.000 kilómetros de mar territorial que históricamente le ha pertenecido a Colombia, la canciller Holguín asegura que las relaciones con el vecino país son buenas, pero aseveró que “hasta tener claridad sobre el ordenamiento jurídico interno, no hemos pensado en tener ningún tipo de diálogo respecto a este tema con el presidente Ortega”.
Holguín ratificó que el Gobierno cree que sólo a través de un tratado se podrían modificar los límites y, por ello, Colombia se retira del Pacto de Bogotá, el mismo que suscribieron los países del continente americano para soluciones pacíficas y que confirió la competencia a la Corte Internacional de Justicia para la solución de conflictos.
En su intervención, Holguín respondió a las inquietudes que hizo recientemente Noemí Sanín. La excandidata presidencial le envió
una carta el presidente Santos en la que asegura que Nicaragua firmó un contrato para la construcción del canal de ese país 19 días antes del fallo de La Haya lo que, según Sanín, sería un “hecho nuevo” que permitiría la revisión de la decisión del CIJ.
La canciller aclaró que ya han consultado ese punto con cuatro firmas jurídicas internacionales y la conclusión es que no hay nada que afecte la soberanía. “De hacerse un canal, la entrada de buques es entre dos y seis millas en ese país, cuando el mar territorial de Nicaragua tiene 12. Entonces, está dentro de su zona. El canal de Nicaragua no afecta la soberanía colombiana”, indicó Holguín.
Sin embargo, en la rueda de prensa sí se determinó que el aumento de tránsit de buques afectaría la zona de reserva de Seaflower que, hasta el momento, pertenece a Colombia.
Sobre esa zona, Holguín indicó que el Gobierno se mantiene en no explotar hidrocarburos en Seaflower.
“Veremos un San Andrés distinto de aquí a cuatro ó cinco años”, agregó la canciller, quien aseguró que en este último año se han invertido 300.000 millones de pesos mediante el Plan Fronteras y el Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En la fecha que se cumple un año del fallo de La Haya, la Armada Nacional ratificó que mantiene su presencia en todas las islas del archipiélago y que protegerá a los pescadores colombianos. Por su parte, Holguín recordó que este fallo no tiene apelación sino recursos de revisión, interpretación y aclaración, que se podría dar en caso de que se conozca un hecho nuevo que ni los litigantes ni la CIJ conocieran antes del veredicto del 19 de noviembre del 2012.
Las acciones a un año del fallo
Según el tratado Esguerra-Bárcenas, ese territorio que la CIJ le concedió a Nicaragua era colombiano. Por ello,
la primera reacción de la canciller Holguín hace un año, cuando conoció el fallo, fue declarar que “esta no la vamos a pasar así no más”.
La primera reacción del Gobierno fue decir que denunciaría los vacíos jurídicos ante el secretario General de la ONU y que contemplaría retirarse del Pacto de Bogotá.
En efecto, Colombia
anunció su retiro de dicho acuerdo 10 días después de la decisión de la CIJ y en septiembre del 2013 radicó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá, pues la Constitución de 1991 asegura que los límites con otros países de definen por tratados entre las Naciones.
En agosto del 2013, Nicaragua aseguró que sus pretensiones también estaban en ampliar su territorio hacia Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica.
En septiembre del mismo año, casi diez meses después de pensar una salida jurídica, el presidente colombiano dijo que el fallo del CIJ
se acata pero no se aplica. “No es y no será aplicable mientras no se celebre un tratado que defienda los derechos de los colombianos”, sostuvo Santos en ese momento.
Hasta ahora, Colombia sigue estudiando las posibilidades jurídicas que tiene ante la Corte Internacional. De hecho, ya ha pasado por seis despachos de abogados para estudiar la situación. Por otra parte, en la Corte de La Haya saben que un fallo puede tardar, en promedio, entre cinco y siete años en ser aplicado y que los países requieren tiempo para dar respuestas.
Incluso, en el antecedente más recordado por su tardanza, se demoraron casi medio siglo en resolver la disputa. El caso de Albania contra Gran Bretaña, por los estrechos de Corfú, se resolvió en 1949 y los británicos se demoraron 43 años en acatarlo.