"Capitán nunca juzgará a coronel"

SEMANA: ¿Cómo llegó a ser juez?
Alexánder Cortés: Después de un concurso de méritos y habiendo ocupado el sexto puesto dentro de la lista de elegibles, fui nombrado por parte de la doctora Luz Marina Gil, quien era la directora de la Justicia Penal Militar, como juez 94 de instrucción penal militar en el Urabá antioqueño. Ella consideró que yo era el indicado debido a mi experiencia en derechos humanos, en investigación criminal, en el área penal, además de mis más de diez años al servicio del Ejército, del que me retiré voluntariamente en el grado de capitán.

SEMANA: ¿Cuándo llegó a Urabá?
A.C.: Llegué el primero de marzo de 2007 adscrito a la 17 brigada con sede en Carepa, Antioquia.

SEMANA: ¿Qué encontró al llegar?
A.C.: Encontré decenas de expedientes que estaban estancados. Había incluso investigaciones del año 98 sobre homicidios en combate cuestionados.

SEMANA: ¿Usted qué hizo?
A.C.: Encontré varios casos de denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales, una vez se efectuó un análisis de pruebas, testimonios y demás diligencias, se pudo concluir que deberían ser remitidas por competencia a la justicia ordinaria.

SEMANA: ¿Qué hacía que fueran casos para la justicia ordinaria?
A.C.: Había inconsistencias entre la forma como los militares decían que habían sucedido los hechos, y otra muy distinta arrojaba el análisis probatorio. Tomé todas esas decisiones con el acompañamiento de la Procuraduría y de la Dirección de la Justicia Penal Militar.

SEMANA: ¿Cuántos casos envió?
A.C.: Remití 24 investigaciones a la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín y 31 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de hechos ocurridos entre 1998 a 2008.

SEMANA: ¿Cuáles ocurrieron durante los años que usted estuvo en Urabá?
A.C.: Durante mi permanencia alcancé a remitir una docena de casos de combates con bajas cuestionadas.

SEMANA: ¿Cuál fue la actitud de los militares cuando usted remitía estos casos a la justicia ordinaria?
A.C.: Era más que evidente el ambiente hostil hacia mí y la animadversión como consecuencia de mis decisiones. Terminé condenado a ser un paria dentro de las instalaciones de la brigada en donde por razones de seguridad me tocaba vivir.

SEMANA: ¿Tuvo miedo?
A.C.: Sí. Tuve que cambiar mis rutinas permanentemente y llegué a tener que dormir en el suelo por temor a que atentaran contra mi vida. Justo al frente de mi dormitorio vivía uno de los oficiales que me tocó investigar, el cual era uno de los más comprometidos con ‘falsos positivos’, relaciones con paramilitares y narcotráfico.

SEMANA: ¿Usted le contaba a sus jefes en Bogotá lo que estaba ocurriendo?
A.C.: Claro. Siempre enteré a la doctora Luz Marina Gil, que era la directora de la Justicia Penal Militar. Ella siempre me alentó para seguir con mi trabajo y me respaldó incondicionalmente porque estaba comprometida con llegar al fondo del tema de ‘falsos positivos’. Cuando mi situación de seguridad en Urabá se volvió muy crítica, ella consideró que era urgente mi traslado a un lugar más seguro.

SEMANA: ¿Quién más estaba enterado de lo que usted encontró en Urabá?
A.C.: Cuando se retiró la doctora Gil como directora de la Justicia Penal Militar, le informé a quien la estaba reemplazando, el coronel Édgar Ávila. Él viajó hasta Urabá y lo enteré de primera mano sobre lo que estaba pasando. Uno días más tarde, a mediados de mayo de 2009, me informaron que debía viajar a Bogotá para una cita con el entonces ministro Juan Manuel Santos, para enterarlo de lo que estaba pasando. Me tuvieron durante dos días en Bogotá y nunca me dejaron hablar con él.

SEMANA: ¿Qué pasó después con usted?
A.C.: Fui trasladado a Chiquinquirá, y para sorpresa encuentro que allá también habían ocurrido casos de bajas cuestionadas y represamiento de procesos que me vi obligado a remitir a la justicia ordinaria.

SEMANA: Si usted estaba cumpliendo con su labor, ¿por qué lo sacan entonces?
A.C.: No sé. Mi hoja de vida estaba llena de felicitaciones y capacitaciones, y jamás tuve ni siquiera un solo llamado de atención. A comienzos de 2010 me llegó la declaración de insubsistencia de manera inexplicable.

SEMANA: ¿Qué cree que pasó?
A.C.: Las directrices que se habían trazado cuando estuvo Santos en el Ministerio de Defensa para investigar y prevenir los ‘falsos positivos’ sufrieron un giro de 180 grados en el último año. La independencia de los jueces penales militares se perdió. Hay una gran presión para dilatar e incluso no enviar casos claramente cuestionados a la Fiscalía. Sé que más de una docena de mis colegas han corrido la misma suerte que yo y han pagado con la pérdida de sus trabajos sus valerosas decisiones. Muchos de ellos están asustados y temen por su vida.

SEMANA: ¿Y usted por qué decidió hablar?
A.C.: A mí me condenaron, entre otras cosas, a una muerte laboral. Instauré, y fue admitida, una demanda por mi despido injustificado.

SEMANA: ¿Qué piensa ahora de la justicia penal militar?
A.C.: Se deben adoptar cambios estructurales. Los jueces penales militares deben ser profesionales de carrera que no dependan de los caprichos del director de turno. Se debe desligar por completo de la línea de mando para evitar las presiones que vienen por los rangos. ¿Qué imparcialidad puede tener un capitán de fila a quien le toca investigar la actuación de un coronel?