JUSTICIA
Los indicios que llevaron a la cárcel a curador de Space
Carlos Alberto Ruiz Arango es el único imputado a quien Fiscalía pidió medida de aseguramiento. Tendrá casa por cárcel.
Desde que colapsó la torre seis del edificio Space, las miradas se dirigieron hacia el curador segundo de Medellín, Carlos Alberto Ruiz Arango, quien, para sorpresa de las primeras indagaciones, aparecía como dueño del apartamento 209 del bloque cuatro.
Ese solo hecho generó una suerte de suspicacias que se fueron haciendo más serias para la Fiscalía, cuando aparecieron en escena las licencias de construcción que este arquitecto le otorgó no solo a Space, sino a otros proyectos como Colores de Calasanía, Bosques 2 y Santa Fé de Pilarica, todos construidos por la firma CDO.
Pero además, según una carta fechada el 19 de diciembre de 2007, este hombre exoneró a la constructora de toda supervisión técnica para la ejecución de Space, aduciendo que CDO contaba con todas las calidades y la experiencia requeridas, que incluso estaban certificadas por el Icontec.
En el mismo documento, Ruiz alabó la suficiencia profesional del ingeniero de CDO Wilmar Antonio Seohanes Barros, de quien consignó que ejercía su profesión desde hacía más de cinco años.
En la audiencia de imputación de cargos, que se llevó a cabo en la mañana de este martes, el curador Ruiz llegó a la sala con un rumor a cuestas que se había filtrado en la prensa: que él sería el único a quien la Fiscalía pediría medida de aseguramiento.
Y así fue. La fiscal 80 de Vida, Amparo del Socorro Botero, inició con la lectura de la imputación por homicidio culposo en contra de Jorge Aristizábal Ochoa, el ingeniero calculista, persona a la que no consideró un peligro para la sociedad. Con ese argumento, la Fiscal declinó solicitar la medida de aseguramiento.
“Señor Aristizábal, usted diseñó el edificio Space con el incumplimiento de las normativas de capacidad de los muros (…) y generó una estructura incapaz de auto soportarse adecuadamente en caso de fallas de algunos elementos, como efectivamente ocurrió”, dijo la Fiscal.
Una vez enterado completamente de la acusación, Aristizábal, quien no aparecía públicamente desde un día antes del colapso del edificio, le manifestó a la juez que no aceptaba cargos e inmediatamente tomó su maletín y abandonó la sala. Lo mismo ocurrió con Pablo Villegas Mesa, gerente de CDO, la ingeniera María Cecilia Posada y con la excuradora Eliney Francis Llanos.
Ninguno de ellos aceptó cargos y, tal como lo hizo Aristizábal, se fueron yendo del recinto, ante la mirada de un ejército de cámaras y algunos pocos familiares de las doce víctimas mortales, que en medio de lágrimas no quisieron perderse un solo segundo de la diligencia.
Pero la audiencia fue suspendida y retomada un día después. El último en escuchar la imputación de la Fiscal fue el curador Ruiz. El delito que según el ente acusador cometió este hombre fue el de prevaricato por acción, que se configura cuando un funcionario público profiere una resolución, un dictamen o un concepto contrario a la ley y que, en el Código Penal Colombiano, contempla una pena de entre 48 y 144 meses de prisión.
El argumento de la Fiscalía es que el curador no revisó adecuadamente los diseños de la obra y aún así expidió las licencias, alimentando una cadena de errores que terminaron con la ejecución de una obra que ni si quiera se pudo sostener en pie.
Ruiz, un hombre de más de 60 años de edad al que se le percibió conturbado y en completo silencio, no aceptó el delito y también apeló la decisión de la juez 42 Penal Municipal de enviarlo a casa por cárcel, mientras continúa el juicio. La Fiscalía había solicitado la medida, arguyendo que Ruiz aún continuaba ejerciendo sus funciones como curador, lo que suponía poner en riesgo más vidas.
Vidas como la de James Andrés Arango, un obrero que falleció sepultado bajo las vigas y los escombros de Space. Su hermana Cristina Arango, quien estuvo de pie en todas las horas de la diligencia, consideró inaceptable que todos los imputados hubiesen negado los cargos. “Ellos son unos descarados porque saben que tienen culpabilidad ahí. Porque mire que la investigación de la Fiscalía dice que todo estaba mal construido. Ellos saben que hicieron las cosas mal y lo más justo es que al menos lo reconocieran”.