Carlos Cárdenas contraataca por caso Colmenares

El ex novio de Laura Moreno, Carlos Cárdenas, ocupó los principales titulares de la prensa nacional en junio de 2012 cuando se dio cuenta de su captura como el principal responsable por la muerte de Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía, específicamente el fiscal Antonio Luis González ordenó su detención y lo presentó ante un juez acusándolo del supuesto crimen apoyado en la que parecía la prueba reina del caso: el relato de José Wilmer Ayola, el testigo que decía haber visto al joven Cárdenas dando instrucciones de golpear a Colmenares en el parque Virrey, al norte de Bogotá, en la noche de Halloween de 2010. 

Cárdenas fue enviado a prisión y luego su caso se desmoronó cuando se supo que el testigo y buena parte de los argumentos que presentó el fiscal González eran solo humo. El testigo Ayola resultó ser falso. Se probó que este individuo aquella noche estuvo realmente al otro lado de la ciudad, trabajando como vigilante, y él mismo confesó que fue quien González le dio un libreto que debía repetir ante los jueces, además aseguró que Alonso Colmenares, padre del joven muerto, le dio dinero e instrucciones.

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Ayola está condenado por falso testimonio y pasa sus días en la cárcel La Picota. Entre tanto, Antonio Luis González, salió de la fiscalía y se dedica al litigio, su caso conocido más reciente es la defensa de Jhonatan Vega, quien fue condenado por lanzar ácido en el rostro a Natalia Ponce de León. El ex fiscal además enfrenta tres investigaciones por las irregularidades que cometió durante el caso Colmenares, al cual logró introducir tres testigos, todos falsos, de cinco que aseguró tener. 

Por su parte, Alonso Colmenares recibió la semana pasada un duro revés cuando la juez que atendía el caso frente a las otras acusadas, Laura Moreno y Jessy Quintero, concluyó que la Fiscalía había cometido una sarta de irregularidades para llevar a engaño a la justicia, y que las estudiantes no tenían ninguna responsabilidad con un argumento demoledor: no hubo crimen, la muerte del joven se debió a un accidente.

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Y cuando el caso Colmenares está tomando un giro radical, ahora sabe de la demanda que instauró la defensa del Carlos Cárdenas. El joven fue absuelto por el juzgado de conocimiento y después, tras la apelación que instauró la Fiscalía y la familia Colmenares, el fallo fue ratificado con una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Esta sentencia de segunda instancia, que podría ser casada ante la Corte Suprema de Justicia, no fue apelada por la contraparte, con lo que jurídicamente el expediente llegó a su fin con la aceptación del fallo por todas las partes.

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De esa conclusión se deduce que los actos jurídicos contra Cárdenas, impulsados por la Fiscalía, fueron injustos y lesivos, razón por la cual sus abogados formularon una demanda contra el Estado por más de 1.500 millones de pesos. Hace un par de semanas la demanda fue formulada por el ex fiscal general Mario Iguarán, abogado titular de Cárdenas, y la diligencia más reciente se cumplió la semana pasada. Se trataba de la instancia de conciliación donde se buscaría una solución amigable. Pero esta no se dio porque la Fiscalía presentó un argumento inaceptable: según el representante del ente acusador los errores cometidos en el proceso contra Carlos Cárdenas eran responsabilidad de los jueces de la república “fue el juez quien legalizó la captura, imputación y encarcelamiento contra el señor Cárdenas”, aseguró el delegado de la Fiscalía.

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En la diligencia, a la cual asistió también un representante de la Procuraduría y uno de la judicatura, se le trató de hacer ver al funcionario que los jueces tomaron decisiones con base en los testigos falsos que presentó el entonces fiscal Antonio Luis González y se resaltó que sobre esos tres testigos ya hay sentencias condenatorias. Pero la Fiscalía no cambió de posición e insistió en que la responsabilidad es de los jueces. Así que la conciliación no llegó a buen puerto, con lo que la demanda de Carlos Cárdenas continua adelante por la pretensión económica señalada, además de daños morales. Los costos, tarde o temprano, tendrán que salir del erario público.

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