La Corte Constitucional seleccionó la tutela que Carolina Giraldo interpuso para acudir al suicidio asistido por salud mental, un asistencia en el que el médico le entrega los medicamentos con los que ella misma se quitará la vida. Su caso ha tomado revuelo porque aunque esa práctica está despenalizada en Colombia, sería el primer caso que no se sustentaría por temás físicos, sino mentales.
Catalina Giraldo tiene 30 años de edad, es psicóloga de profesión y ha buscado a su EPS para ponerle fin al transtorno depresivo mayor severo y persistente, al transtorno límite de personalidad y al transtorno de ansiedad con los que habría sido diagnosticada.
Catalina Giraldo, DescLAB, la Defensoría del Pueblo, Facultades de Derecho y organizaciones sociales que trabajan por el #DerechoAMorirDignamente ha solicitado a la @CConstitucional que seleccione el primer caso de asistencia médica al 5u1c1d10 en Colombia y en LATAM! pic.twitter.com/BGqNFslG6s
— DescLAB (@DescLABcol) May 7, 2026
Toda esa situación la ha llevado a tener robustos esquemas farmacológicos, distintos procesos de terapias y varias hospitalizaciones que hasta el momento no han dejado ningún tipo de mejoría en la calidad de vida de la mujer.
Ese panorama que ha tenido que vivir frente a su salud mental la llevó a finales del año pasado a pedir una asistencia médica al suicidio a su EPS Sanitas, pero la solicitud fue rechazada con el argumento de que ese tipo de procedimientos no estaban reglamentados por el Ministerio de Salud.
El Labotatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), quien ha acompañado a la mujer en el proceso judicial, estuvo adelantando una campaña a través de sus redes sociales, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, facultades de derecho y organizaciones sociales para que la Corte seleccionara este caso.
Desde DescLab manifestaron: “La Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de redefinir la forma como abordamos el suicidio para que lo único disponible no sea la prevención, sino que podamos tener conversaciones abiertas sobre el deseo de morir y que pueda ser seguro, acompañado y protegido”.
Ese pronunciamiento iba acompañado de un video de Catalina Giraldo en el que manifestó: “Mi EPS ha sido evasiva con su respuesta a mi solicitud de asistencia médica al suicidio. Se negaron a analizar mi petición por falta de reglamentación y afirmaron que no tengo una enfermedad grave”.
Por eso, Giraldo le pidió a la Corte que seleccione y falle de fondo su caso para que el suicidio asistido se vuelva un derecho de morir dignamente. Ahora los magistrados de ese alto tribunal deberán definir qué pasa con el caso de la mujer y el futuro que le espera a esa práctica médica en Colombia.
Desde mayo de 2022, la Corte Constitucional legalizó el suicidio medicamente asistido en Colombia, después de que eliminó un inciso del artículo 107 del Código Penal en el que se penalizaba esa práctica.