¿Podrá la CIDH frenar extradición de taxistas?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en Colombia hace pocos días pidiendo al presidente Santos que se abstuviera de destituir al exalcalde Gustavo Petro hasta que ese organismo no estudiara de fondo el recurso de medidas cautelares interpuesto por los abogados del exmandatario.

Como se sabe, su solicitud no fue acatada y Petro tuvo que salir del cargo. Ahora, y por segunda vez, en menos de dos meses, la CIDH intenta estudiar otro sonado caso en Colombia: la inminente extradición de siete taxistas involucrados en la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson.

Todo porque uno de los juristas que representa a la mayoría de los implicados solicitó a ese organismo internacional una medida cautelar de urgencia para frenar la extradición que cuenta con el visto bueno de la Corte Suprema y del presidente Santos.

El pasado 11 de abril la CIDH, a través de un delegado de la secretaría ejecutiva, envió una comunicación al estado colombiano donde solicita información relevante sobre la decisión de enviar a los taxistas a Estados Unidos para que sean juzgados.

En la comunicación se solicita la información de los posibles delitos por los que serían procesados los implicados en Estados Unidos y las penas que, de ser hallados culpables, les podrían ser aplicadas. También se indaga

La CIDH también le preguntó al Estado colombiano si los procesados han alegado alguna situación de riesgo para su vida e integridad personal si la extradición es ejecutada. También solicita certificar al gobierno si hay una fecha específica de extradición de los taxistas y pide sus observaciones sobre la solicitud de las medidas cautelares interpuesta por la defensa de cinco de los extraditables.

En la carta le piden al Estado entregar su respuesta en un plazo máximo de 72 horas, con el objetivo de que el organismo analice rápidamente la información pertinente al caso.

Miguel Ángel Ramírez, abogado que interpuso la acción, señaló que el Gobierno colombiano debe responder a la mayor brevedad posible, ya que eso evitaría “una mayor vulneración del derecho al debido proceso de sus defendidos”.

El abogado recordó que el gobierno también debe responder a un último recurso interpuesto por él tras la firma presidencial de la extradición. En ese recurso argumentó que los nacionales colombianos no pueden ser juzgados en otro sitio por un delito cometido en su país. Este recurso sin embargo, según los entendidos, no tiene mayor futuro.

¿Podrá la CIDH frenar la extradición de los taxistas? Amanecerá y veremos.