Cerro Matoso, la mina de la discordia

Nada despierta más el nacionalismo y la indignación de la gente que los temas relacionados con la explotación de los recursos naturales por parte de las multinacionales. Por eso no sorprende el gran debate nacional que ha provocado la noticia sobre la prórroga del contrato para la explotación de níquel en Cerro Matoso, a cargo de la compañía anglo-australiana BHP Billiton.

Desde hace varios meses, la operación de esta mina, la cuarta más grande del mundo en níquel, viene generando polémica en el país pues algunos analistas consideran que Colombia está recibiendo menos regalías de las que debería. La baja retribución social que hace la multinacional en la zona de explotación ha sido otro motivo de controversia y los daños ambientales se han sumado al debate.

Sin embargo, lo que ha caldeado más los ánimos es la revelación de una cláusula contenida en el contrato suscrito hace 16 años entre el gobierno colombiano y la minera anglo-australiana. Dicha cláusula tenía una presentación semioculta que permitía la prórroga automática de la concesión de Cerro Matoso hasta 2029.

El propósito de esa cláusula era la adjudicación de una nueva zona de explotación para la multinacional. En esta hasta ahora no se ha encontrado prácticamente nada. No obstante, en el texto se incluyó la expresión "se incorpora" para que la fecha de expiración de un nuevo contrato se aplicara también al viejo cuya vigencia originalmente solo llegaba hasta el 30 de septiembre de este año.

El debate llegó al Congreso después de la advertencia que hizo la Contraloría General sobre los riesgos de extender el contrato. Como era de esperarse no hubo parlamentario que no levantara su voz de protesta contra ese 'mico' que atenta no solo contra el patrimonio sino contra el patriotismo y el orgullo nacional, por estos días henchido por el desempeño de los atletas en los Olímpicos de Londres. Desde el Polo Democrático hasta el Partido Conservador se oyeron voces para pedir decretar la caducidad del contrato.

Los legisladores alegan que es inconveniente para los intereses del país y que Colombia saldrá tumbada con la prórroga, además, de que protestan por el bajo compromiso social BHP Billiton con Montelíbano, región en el departamento de Córdoba.

La realidad de este asunto es bastante más compleja. Independientemente de las legítimas y preocupantes denuncias por el impacto ambiental y el inconformismo por el aporte social de la minera, hay que decir que el contrato suscrito es válido y que Colombia es un país que respeta el orden legal, donde no se dan golpes de mano como en la Venezuela del presidente Hugo Chávez.

Durante los 16 años que lleva el contrato nadie lo ha demandado y es difícil ahora para el gobierno del presidente Santos sacar de la manga un argumento que sustente un acto arbitrario para incumplirlo. Obviamente el país no está en condiciones de asumir el manejo de la mina. Sería absurdo -como han planteado algunos- pensar que ISA o Ecopetrol pudieran operarla. Por eso la estrategia del gobierno, en medio del ambiente tan caldeado, no es amenazar sino buscar una salida con cabeza fría de tal manera que se respete el orden jurídico pero que también se mejoren las condiciones para el país.

La semana pasada el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, en un debate en el Congreso, fue enérgico con la compañía por las poca inversión social que ha hecho. Cárdenas denominó como una "burla para el pueblo cordobés" la propuesta de compensación ambiental y social de la multinacional para con el municipio de Montelíbano. Según el ministro mientras la empresa gana en billones de pesos, retribuye a la sociedad solo en millones.

De esta forma el gobierno busca presionar a la compañía para que no haya un desequilibrio tan grande entre los beneficios que obtiene y lo que recibe el país. Mientras ofrece inversiones sociales por 1,5 millones de dólares al año, las ventas de la mina ascienden a 800 millones de dólares. Durante las últimas tres décadas la mina ha registrado ventas por 21 billones de pesos y le ha pagado a la Nación solo 1,5 billones en regalías.

En la búsqueda de una compensación más justa, el gobierno no pretende renegociar el contrato a la brava, sino acudir a una figura similar a un otrosí, pero de común acuerdo. De esta manera se espera que aumente el porcentaje de regalías que actualmente está en el 12 por ciento. El gobierno también pretende que BHP Billiton haga mayores inversiones para que incremente la producción de níquel que ha venido descendiendo.

Es muy probable que las pretensiones del gobierno se puedan cumplir. En el fondo no se trata de un capricho arbitrario, sino de la expresión de un sentimiento nacional que se ha reflejado con mucha agresividad en el Congreso.

La multinacional se tiene que dar cuenta de que aunque su derecho jurídico está garantizado, no le conviene operar en el país en medio de un ambiente de inconformismo, malestar y hasta de escándalo. Así como este problema no se puede arreglar a las malas, sí se puede enderezar por las buenas. La solución de este impasse no está solo en manos del gobierno, sino también de BHP Billiton, la minera dueña de Cerro Matoso.