Plebiscito: la corte tiene la palabra

El acuerdo del jueves pasado sobre cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, se veía venir. Había estado a punto de ser anunciado en las últimas semanas, pero en varias oportunidades se había frustrado en el último minuto por falta de acuerdo sobre algunos detalles. Y sobre todo por la inclusión, en el acto legislativo que establece mecanismos para blindar los acuerdos de La Habana, de un artículo que dispone que todo lo pactado solo entrará a regir después de la refrendación de lo convenido en la mesa. Pero se sabía que esos escollos estaban a punto de ser superados.

Lo que no se preveía era que en la ceremonia del jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana se divulgara un acuerdo sobre el plebiscito como fórmula de refrendación. Este punto no forma parte del capítulo tres de la agenda –ya cerrado– sino del seis –que aún no se ha negociado–. Según el texto, “el gobierno de Colombia y las Farc, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria n.º 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado”, que es, precisamente, el plebiscito.

El tema era complejo. El gobierno y las Farc habían establecido, en el acuerdo general que fijó las reglas para los diálogos, que el proceso terminaría con algún tipo de refrendación. En otras palabras, que las conclusiones de La Habana se someterían a un mecanismo para formalizarlas, legitimarlas y vincularlas a la normatividad. El presidente Juan Manuel Santos insistió siempre en que el camino tendría que recoger la voluntad de los ciudadanos en las urnas. “Los colombianos tendrán la última palabra”, dijo varias veces. Sin embargo, las Farc habían defendido la convocatoria de una asamblea constituyente, una vieja bandera suya que establecía un paralelo con el proceso de paz del M-19 de 1990, que terminó con la Asamblea de 1991 y con una nueva Constitución. Acercar dos posiciones tan disímiles no era fácil.

Santos había intentado varias fórmulas que resultaron fallidas. Una era la aprobación de una reforma, en 2015, que habría permitido algún tipo de consulta el mismo día de las elecciones de alcaldes y gobernadores el 25 de octubre. La norma se aprobó, pero no se pudo utilizar. Por una parte, porque cuando llegó la fecha de las elecciones regionales aún no había concluido la negociación de la mesa. Y por otra, porque las Farc la rechazaron porque era una idea unilateral del gobierno y no una fórmula pactada.

Lo mismo había ocurrido con la inclusión del plebiscito aprobado por el Congreso para blindar los acuerdos. En este se introduce un “umbral decisivo” –13 por ciento de los votos (cerca de 4.500.000) para aprobar o rechazar los convenios– en lugar de un “umbral de participación” (mínimo de votos totales emitidos a favor o en contra). También hay normas que aclaran cómo será la campaña para la refrendación: quienes apoyen el Sí y el No tendrán las mismas garantías, lo cual implica que ninguno de estos grupos tendrá financiación estatal para sus campañas y contarán con un acceso equitativo a los espacios institucionales de los medios un mes antes de la votación. Adicionalmente, se fijan reglas de juego sobre hasta dónde pueden participar los funcionarios en las campañas.

Las Farc expresaron su insatisfacción con esta receta, porque no había sido acordada con ellos y porque persistían en la alternativa de la Constituyente. Ante el bloqueo en la búsqueda de un punto de convergencia, ya el partido de La U estaba explorando más fórmulas: el senador Roy Barreras, miembro del equipo negociador del gobierno, propuso una consulta promovida por varios partidos, que habría requerido un trámite más sencillo que el del plebiscito.

Pero con el anuncio del jueves se despejó el camino y el presidente Santos se salió con la suya: las Farc aceptaron el plebiscito y descartaron la constituyente. La fórmula, sin embargo, tiene elementos que le permiten a esta organización lavarse la cara. En primer lugar, la convocatoria a las urnas se complementa con la adopción de los pactos de La Habana como “acuerdos especiales” según los Tratados de Ginebra, que fue su iniciativa. En segundo lugar, la última palabra quedó en manos de la Corte Constitucional, que en la actualidad estudia la ley emanada del Congreso para evaluar su exequibilidad. Y en tercer lugar, su propuesta sobre una asamblea constituyente deja de ser un camino para la refrendación, pero sigue viva para hacer reformas estructurales en el mediano plazo.

El cambio de la posición de las Farc se explica, también, por la ponencia positiva que recientemente presentó el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, sobre la reforma que hizo el Congreso para permitir el plebiscito. La señal de que este organismo estaría inclinado a aceptar la fórmula sirvió para destrabar la sinsalida a la que se había llegado en La Habana, porque el grupo guerrillero pudo aceptarla, no como una concesión al gobierno, sino como acatamiento a una decisión del alto tribunal. Lo cual, de paso, es un gesto de gran simbolismo de un grupo que hasta ahora estaba alzado en armas contra las instituciones.

El camino tiene escollos. En principio, los otros ocho magistrados pueden decidir en contra de la ponencia del magistrado Vargas. Eso es normal en los procedimientos de la Corte Constitucional. Más aún en un fallo sobre temas polémicos, que la oposición ha criticado con dureza. El cambio en el umbral, la aceleración de los trámites legislativos, la posibilidad de votar en bloque y no por temas, y las facultades al presidente para legislar sobre algunos asuntos pactados con las Farc pueden generar desacuerdos en el seno de la corte. Hay voces que consideran que esas figuras tuercen el cuello de la Constitución.

También hay una carrera contra el tiempo. Para que el proceso termine de ser implementado el 31 de diciembre –la fecha que se deduce de los anuncios del jueves pasado– habría que realizar el plebiscito hacia finales de septiembre. Pero, desde el punto de vista administrativo, ese plazo resulta forzado. La Registraduría no puede empezar a organizar la elección –equivalente a una presidencial–, ni el Ministerio de Hacienda puede asignar fondos sin que la corte haya proferido su fallo. Y a partir de su impredecible decisión, la puesta en marcha del operativo toma un periodo cuya duración no es clara. Algunos consideran –en el gobierno mismo– que se puede hacer en un mes y medio, pero en la Registraduría algunas voces abogan por el doble de ese tiempo.

Más allá de los detalles logísticos, con los anuncios del jueves en La Habana se abre un escenario inédito para la política colombiana, cuyo antecedente más parecido sería –si acaso– el plebiscito votado en 1957 para sellar el Frente Nacional y terminar la violencia liberal-conservadora. En esta ocasión es previsible que se reorganicen fuerzas a favor del Sí y No a los acuerdos, y que en torno a esas dos banderas se alineen los partidos y organizaciones sociales. Por la aprobación estarían los miembros de la Unidad Nacional –La U, liberales, Cambio Radical y parte del conservatismo– y la izquierda –Polo Democrático y Alianza Verde–. También estaría el Mira. En el otro lado, el Centro Democrático –que no ha decidido si vota por el No o se abstiene– y un grupo de conservadores.

Aunque, más que un pulso entre partidos políticos, habrá una decisión ciudadana sobre los acuerdos surgidos del proceso de paz con las Farc. La gente tendrá la última palabra. Un hito histórico.