S.O.S desde el Chocó: HRW denuncia abusos del ELN y Autodefensas

Dos personas que se dedicaban a conducir embarcaciones fueron secuestradas y posteriormente asesinadas en la comunidad de Pichimá Playa, una mujer fue herida para que hablara de los líderes comunitarios de su zona, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas siguen reclutando menores para que se sumen a sus filas o sirvan de informantes, como si ese escenario no fuera lo suficientemente ensombrecedor, niñas de 12 años son presionadas para que sean las parejas sexuales de los comandantes de los grupo delictivos.

Todos son víctimas sin rostro. Tienen miedo de hablar. No quieren dejar una sola pista que permita dar con su paradero. Son testigos de la violencia que permanece más viva que nunca en Chocó pero prefieren solo referirse a ella como simples observadores.

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En el Pacífico colombiano "la promesa de paz seguirá siendo solamente una lejana ilusión", advirtió Human Rights Watch en Washington. En un informe de 12 páginas que formalmente presentó la organización humanitaria este miércoles, registra los homicidios, los casos de reclutamiento, de desplazamiento y las restricciones a la movilidad que se vienen presentando en esa región del país.

Pero en Chocó no se puede hablar de la violencia en nombre propio. "A uno le da temor hablar", dijo un lugareño quien explicó que "uno no sabe quién es quién aquí y lo hacen matar". "Mientras se disputan el control del río San Juan, el ELN y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades, restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia", advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En ocho de las 16 comunidades que el organismo internacional visitó en marzo, varios residentes dijeron que como consecuencia de las acciones de uno o ambos grupos no podían realizar plenamente sus actividades económicas diarias como: pescar, talar madera y cultivar. Les resulta difícil conseguir alimentos y agua potable. El 19 de febrero, indígenas wounaan informaron que el ELN les prohibió salir a trabajar.

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"Estamos aguantando hambre porque la gente armada está en el monte donde nosotros trabajamos", dijo una mujer wounaan. "No podemos hacer el pan coger, artesanía o levantar caña". La restricción es tal, que en algunos casos se ha limitado el tránsito por ríos a determinadas horas o durante ciertos periodos.

El problema, según explica la ONG, es que "los montes cercanos a las comunidades son utilizados por los grupos armados para protegerse y el río es un codiciado corredor hacia el océano Pacífico". De ahí que ambos grupos pretendan controlar las áreas y extender sus tentáculos a los espacios que en enero desocuparon las Farc.

Pese a los insistentes mensajes que se han enviado desde el Gobierno, para Vivanco "estas comunidades están abandonadas a su suerte". La respuesta institucional se quedó corta y con frecuencia "las familias desplazadas son obligadas a elegir entre condiciones de hacinamiento insalubres en las ciudades o miedo a sufrir abusos por parte de grupos armados en sus comunidades".

Incluso, horas antes de que se conociera el informe el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, argumentaba ante el Senado de la República que a las “Fuerzas Armadas no les queda grande el territorio nacional ni las amenazas existentes ni el crimen organizado residual de las Farc, ni los nuevos problemas que se vendrán con el medioambiente y deforestación”. Aseguró que de esos 425 municipios, “160 son priorizados para ejercer allí una presencia más masiva, eficaz y coordinada con nuestra fuerza pública. Esa es la misión y objetivo del plan Victoria y Comunidades Seguras y en Paz”.

Sin embargo, los testimonios que se escuchan en terreno apuntan a otra cosa. Además de los problemas de hacinamiento, amenazas e intimidaciones hay tres males que no desaparecerán con la dejación de armas de las Farc: el reclutamiento forzado, las minas antipersonal y la violencia sexual.

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"Mi mamá no hizo nada, mi papá tampoco, porque tienen miedo", contó la hermana de una niña de 12 años que dio a luz a la hija de un miembro de las Autodefensas Gaitanistas en marzo de 2016. "Ella huyó con la bebé recién nacida por temor del grupo". Según explicó un funcionario de la Defensoría del Pueblo, los familiares por lo general no denuncian las violaciones por temor a sufrir represalias.

"Como los padres sueles ser reticentes a denunciar el reclutamiento, algunos casos solo se conocen cuando los niños mueren en combate o son arrestados". Un funcionario de justicia le dijo a la ONG que "una niña en las filas del ELN murió durante un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares".

A estos abusos se suma que en muchas ocasiones los grupos armados han limitado el acceso a la educación a través de combates armados y ocupando escuelas. Los alumnos y docentes temen sufrir abusos o quedar entre enfrentamientos armados, los cuales a veces han ocurrido cerca de las escuelas.

"Un docente se vio obligado a escapar hacia una ciudad cercana después de que miembros del ELN lo llamaron por teléfono y lo amenazaron con que lo desaparecerían si no dejaba la escuela o les pagana cinco millones". Aunque el ELN negó la acusación hace unos meses, esa es la versión que mantienen los pobladores. En el caso de los niños, muchos padres optaron por no mandarlos a estudiar y así evitar que en el recorrido a su escuela sea raptados por algún grupo armado.

Las autodefensas y el ELN están traicionando otro sueño que se construyó en La Habana con las Farc. Mientras varias ONG y las autoridades se las ingenian para descontaminar más de 52 millones de metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonal, en Chocó los siguen instalando. Unos entierras y los otros desentierran.

"Hace tres meses miembros de la Armada arrestaron a dos integrantes de las autodefensas que tenían en su poder tres minas antipersonal, en las proximidades de una comunidad afrocolombiana sobre el río San Juan", se lee en el informe. Incluso, se reporta que en enero tres minas explotaron cerca de la boca de agua usada por esta comunidad.

La violencia no da tregua, incluso este mismo miércoles que se conoció la advertencia de HRW, la Comisión Intereclecial de Justicia y Paz informó que a las seis de la tarde de este lunes, un grupo de integrantes de las Autodefensas convocó con carácter obligatorio a una reunión de todos los integrantes de la EcoAldea de Paz Nueva Esperanza, antiguamente Zona Humanitaria.

"El domingo 4 de junio un grupo de integrantes de las AGC ingresó a la comunidad del Limón reiterando que se habían quedado en el territorio colectivo de Cacarica. Los armados agregaron que con ellos estaba el progreso. Debido a la dificultad de la comunicación y la ausencia de respuesta a las medidas materiales de la UNP en comunicación las comunidades carecen de herramientas para activar alertas tempranas", advirtió el organismo que detalló como desde el pasado 20 de enero más de 200 hombres armados vestidos de camuflado ingresaron a ese territorio.

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Finalmente, HRW hizo un llamado al Estado por la forma como está atendiendo los desplazamientos masivos que se presentan en esa región del país. "Casi 4.000 personas se desplazaron hacia Litoral de San Juan o dentro de esa región entre 2015-2016. Todas las familias vivían en casas con techos de plástico y esto, según dijeron, hacía que el calor fuera insoportable y los espacios insalubres". En el mejor de los casos, muchos miembros de las comunidades fueron enviados a un centro comunitario sin paredes divisorias, donde durmieron en el piso durante ocho meses.

"La pobreza, la falta de oportunidades económicas y el acceso limitado a los servicios básico han creado un entorno propicio para que los grupos armado pueda reclutar miembros fácilmente", concluye el informe. Las alarmas están encendidas. A los lugares de los que salieron las Farc llegaron, antes que la fuerza pública, otros grupos armados ilegales.