Choque entre Gobierno y Procuraduría por matrimonio igualitario

En la audiencia sobre el matrimonio igualitario que se desarrolla este jueves en la Corte Constitucional, la administración de Santos se la jugó por la población LGBTI como nunca lo había hecho un gobierno en el pasado.

Ante el estrado, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, afirmó que "no existe ningún motivo que en este caso justifique un trato diferenciado entre las parejas heterosexuales y las homosexuales. Ambas constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común, con vocación de permanencia y basado en el afecto”.

Agregó que “la Corte Constitucional tiene la competencia para saldar la deuda que tiene el Estado colombiano con esta comunidad”.

En un tono similar expuso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al manifestar que “la unión marital de hecho es insuficiente para la constitución de una familia LGBTI por su déficit de protección”.

El consejero presidencial Guillermo Rivera también hizo público un concepto en el que el Gobierno pide que exista un mecanismo transitorio para garantizar dicho derecho a la comunidad LGBTI, mientras la Corte define el asunto.
 
Procuraduría contraataca

Por su parte, la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fue fiel a los postulados defendidos por el procurador general, Alejandro Ordóñez. “Se ha endilgado un supuesto derecho a casarse, lo cierto es que ese derecho no se contempla por parte de la Constitución ni por la misma Corte Constitucional, por lo cual no es válido”, defendió.

Para la funcionaria, “los derechos fundamentales se deben interpretar de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, no pueden ser expertos teóricos los que le pongan punto final al tema”, expresó para luego añadir que “un hombre y una mujer son diferentes, asumir la posición donde no existe la diferencia sería inhumanizante”.

En visión del Ministerio Público, como ya lo había expresado procurador Ordóñez mediante la Circular 013 de 2013, el Congreso debe legislar “de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo” o “sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que (…) afecta a las mencionadas parejas”.

“Igualmente se solicitó al Ministerio de Justicia que presente al Congreso proyectos donde se resuelva el interrogante planteado por la Corte Constitucional en el punto 5 de la sentencia c-577 de 2015, que deja abierta la posibilidad de una unión solemne mas no permite la realización de matrimonios”, dijo la representante de la Procuraduría.

Reiteró que “si lo que se pretende es imponer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, es el Congreso el encargado de hacerlo, mientras que la decisión de la Corte Constitucional tiene que estar ajustada a los tratados internacionales (…). A la Corte le está prohibido vetar la obligación que tiene de respetar la constitución y las normas vigentes en el ordenamiento jurídico”.

Apoyo oficial

El apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos se ha dado en pasos pequeños y grandes. Por un lado, el Gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo y ha impulsado a las ciudades y departamentos para hacer lo mismo. Por otro lado, ha intentado tener un papel en las discusiones que sobre este tema se han dado en la opinión pública.

Un ejemplo de esto fue el caso de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó el año pasado por cuenta de la discriminación que sufría en su colegio. El ministro Cristo entró a mediar en esa causa. Ha acompañado a la madre del joven, Alba Lucía Reyes, y pidió al entonces presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, seleccionar su caso para ser analizado por ese alto tribunal.

Pero quizás el paso más grande que han dado ha tenido que ver con la población transexual. Hasta hace unos meses, quienes querían cambiarse de sexo en Colombia tenían que padecer un trámite indignante. Se les pedía, por ejemplo, un dictamen psiquiátrico que autentificara que tenían un trastorno mental que no les permitía vivir con la identidad sexual que tenían.

Desde junio, eso cambió. Un decreto de los Ministerios del Interior y de Justicia estableció que para cambiarse de sexo lo único que se necesitaba era ir a una notaría. Así, en los últimos dos meses, decenas de personas han podido ejercer ese derecho, entre ellas la reconocida directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste.

Esa decisión abrió una enorme discusión jurídica, pues de inmediato, muchos dijeron que los ‘trans’ iban a cambiarse de sexo para poder casarse o para tener beneficios pensionales. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, salió de inmediato a respaldar la medida. En una entrevista afirmó que “el cambio de sexo que se permite legalmente es para que (los ‘trans’) adquieran jurídicamente la nueva condición con todos los derechos y obligaciones que la misma supone. Una persona que legalmente pasa a ser mujer puede casarse con una persona que legalmente sea hombre”.

Progresismo

El apoyo del gobierno nacional se ha dado también por otras vías. La Fundación Buen Gobierno, que es la que tenía Santos antes de ser presidente y que hoy dirige su hijo Martin Santos, hizo hace algunos meses un foro con Colombia Diversa. En ese escenario el Gobierno también envió el mensaje de que estaba de acuerdo no sólo con el matrimonio, sino también con la adopción de las parejas del mismo sexo.

“Apoyamos a la comunidad LGBTI en su lucha por la igualdad. Somos conscientes de que esa igualdad pasa hoy por conseguir el matrimonio y la adopción igualitaria. América Latina avanza poco a poco en estos temas y nosotros como Gobierno quisiéramos avanzar en esa tendencia y no quedarnos con los que vienen atrás”, dijo entonces el ministro Cristo.

Por eso, la intervención que ambos funcionarios dieron este jueves en la Corte Constitucional era tan predecible como importante para quienes creen que ese tribunal debe dar el sí. El espaldarazo del Gobierno, si bien no será definitivo en la decisión que tome la corte, sí puede ser un empujón importante.

El día que se firmó el decreto en una notaría en el norte de Bogotá, el ministro Reyes leyó una frase de Gabriel García Márquez para explicar el paso que el país estaba dando. “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.