La CIDH pide que se suspenda la destitución de Petro

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, le solicitó este martes al Estado colombiano que proteja con medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que por tanto impida que sea destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas, según lo decidido el pasado 9 de diciembre de 2013 por la Procuraduría General de la Nación. De esta forma, el alcalde, a pesar del revés que sufrió en distintos tribunales donde impugnó el fallo de la Procuraduría, permanecerá en el cargo y solo podrá ser desalojado del Palacio Liévano si en las urnas triunfa la revocatoria de su propio mandato.

“La Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011”, dice el comunicado de la CIDH. Ahora falta saber si el presidente Juan Manuel Santos acatará la determinación del organismo de la OEA.

"La Comisión también solicita al Gobierno que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica", agrega el documento.

Según este organismo del Sistema Interamericano, "tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho" presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que "los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia".

Petro celebró la noticia. “Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar”, escribió en su cuenta de twitter.

El alcalde tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. Viajó junto con sus abogados a Washington y expuso su situación ante los miembros de la comisión. Para él, era claro que el dictamen del despacho de Alejandro Ordóñez violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita por Colombia en los años 70, donde se señala que los derechos políticos solo pueden suspenderse mediante decisiones de “juez competente, en proceso penal”, cosa distinta a lo sucedido con el alcalde.

No es extraño que la CIDH pida a un Estado que adopte medidas cautelares en determinadas ocasiones. Suele hacerlo, según establece su propio reglamento, para proteger a una persona de un daño irreparable en momentos de gravedad y urgencia. En los últimos años, el ejemplo más sonado en la CIDH, referente a violación de derechos políticos, tuvo lugar en 2005, cuando el exministro mexicano de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda pidió medidas cautelares tras habérsele prohibido inscribirse como candidato presidencial por un partido independiente.

La CIDH es una entidad de la OEA que opera de forma autónoma en la protección de los derechos humanos. Comenzó a funcionar en 1979 y consta de siete miembros que son la jamaiquina Tracy Robinson, el mexicano José de Jesús Orozco, la paraguaya Rosa María Ortiz, el chileno Felipe González, el brasileño Paulo Vanucchi, el estadounidense James Cavallaro, así como Rose-Marie Belle Antoine, que tiene dos nacionalidades: la de Santa Lucía y la de Trinidad y Tobago. En la Comisión existe además una secretaría ejecutiva, cargo ocupado en la actualidad por el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

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