17 clínicas y hospitales están en crisis: les deben 1,8 billones

El sistema de salud vive una crisis financiera que este año se agudizó aún más con las liquidaciones de Saludcoop y Caprecom en diciembre pasado. En 2016 más de cinco millones de usuarios de estas extintas EPS tuvieron que acomodarse en otras entidades que les garantizaran la prestación del servicio.

El gobierno, y los respectivos liquidadores, están en la tarea de pagar las deudas que dejaron las EPS con las IPS, es decir, con las clínicas y hospitales de la red pública y privada. Estos últimos se están quedando sin aire, pues no cuentan con recursos.

Esta situación quedó en evidencia una vez más. Algunas IPS del Valle de Aburrá y el oriente Antioqueño, que hacen parte de la alianza ‘Somos 14 más 1’, enviaron una misiva al presidente Juan Manuel Santos donde le piden recursos adicionales “urgentes” para poder hacer su trabajo.

“A pesar de todos nuestros esfuerzos por seguir funcionando no vemos en el Gobierno Nacional medidas y resultados suficientes para superar la crisis económica y social que estamos atravesando por la falta de pagos. (...) Las megaliquidaciones decretadas por el Gobierno han intensificado la cesación de pagos y las EPS que asumieron los pacientes tampoco nos pagan oportunamente para atender nuestras obligaciones”, dice la carta.

Y es que según las 17 clínicas y hospitales que enviaron la misiva, a octubre 31 de 2016 las EPS y otras “entidades responsables” les deben 1,86 billones de pesos. “En los últimos tres años la deuda se duplicó”, dicen.

Aseguran que el recaudo por los servicios prestados a los pacientes se tarda, en promedio, 243 días (más de 8 meses) en ser pagados. Por esa razón, manifiestan, no ha podido cumplirles a los más de 22.000 empleados y pagar las facturas a más de 1.000 proveedores de medicamentos e insumos.

“Una de las EPS más importantes por su cobertura en Antioquia es Savia Salud. Esta sola aseguradora nos adeuda $ 397.434 millones con una edad de 264 días. Es necesario que el Gobierno (nacional, departamental y municipal) le aporten los recursos necesarios para que pueda seguir funcionando”, puntualizan.

Y agregan: “Señor presidente Santos: esta situación es de tal gravedad, que necesitamos su urgente intervención y voluntad política para revertir esta tendencia de cartera, ya que nuestras entidades no pueden asumir los costos y fallas estructurales del sistema. Solos no podemos resolver este problema”.

Pero la crisis financiera no es desconocida para el Gobierno. El pasado 17 de noviembre, el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, aseguró en entrevista con Semana.com que sabía que este había sido el “año de la depuración”. Sin embargo dijo que esperaba que en el 2017 todo mejorara y que, incluso, ingresaran al sistema cerca de 2 billones con las liquidaciones de Saludcoop y Caprecom.

“Nosotros le dijimos a los liquidadores que con el dinero que llegue se empiece a pagar lo que se debe. Esa plata se regará en todo el sistema y oxigenará, sobre todo, a las IPS. (...) Más la plata que se recogerá con los impuestos a las bebidas azucaradas y a los cigarrillos. Eso generará un horizonte de estabilidad desde el próximo año”.

Precisamente por eso es el afán del Ministerio de Salud en conseguir que el Congreso de la República apruebe los impuestos. Sobre todo porque el año próximo el sistema de salud tendrá grandes retos que asumir, pues se cumplen dos años de la Ley Estatutaria, lo que implica, entre otras cosas, acabar con el Plan Obligatorio de Salud. Es decir que, aunque pueden llegar nuevos ingresos, también habrán gastos mayores.

La crisis financiera no es desconocida. Incluso la Asociación de Industriales de Colombia (Andi) -que está en contra del impuesto a las gaseosas- hizo un llamado este miércoles sobre la situación. “Una crisis financiera profunda del sector salud puede ser, tanto o más grave, que una del sector financiero”, manifestaron.

El gremio hizo una propuesta osada: destinar el recaudo del 4 x 1000 -que es el impuesto del gravamen a los movimientos financieros (GMF)- al sistema de salud.

¿Por qué? Para la Andi hay un déficit en la prestación de los servicios debido a las deudas acumuladas y a los pocos recursos. También consideran que es inminente la necesidad de que el Gobierno garantice la cobertura universal en salud e igualación en los planes de beneficios, sobre todo porque en febrero de 2017 entra en vigencia la ley estatutaria.

"Adicionalmente, es indispensable que el Sistema de Salud cuente con los recursos requeridos para afiliar y garantizar el servicio a toda la población de territorios, víctimas del conflicto armado y desmovilizados de los grupos al margen de la ley, que ingresarán al Régimen Subsidiado en Salud según lo ha informado el Ministerio de Salud", puntualizan.

Y por último aseguran que el impuesto del 4 x 1000 ha evidenciado "su carácter de permanente y de resguardo" para situaciones críticas.