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Tumaco y Briceño: dos de las zonas con más cultivos en Colombia
En la primera se adelanta una erradicación forzada en medio de grupos criminales y protestas de los cocaleros. En la segunda, se está probando el nuevo esquema pactado en La Habana, consultado con la comunidad y con apoyo de las Farc.
El puerto de Tumaco, Nariño, es hoy un mar de contradicciones. Sus pobladores deberían festejar que casi 300 guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc, están concentrados en una zona veredal y entregaron sus armas, pero la realidad es otra. Por el contrario, justo cuando los insurgentes llegaban a los campamentos, 1.300 campesinos cocaleros se enfrentaban en una batalla campal con efectivos del Esmad en la vía principal que une a Tumaco con Pasto. Tenían bloqueada la carretera más importante de ese departamento para protestar porque el Ejército había comenzado la erradicación forzosa de sus cultivos.
Tumaco es el municipio que más produce hoja de coca, pues concentra el 18 por ciento de todas las hectáreas sembradas en el país. Por décadas, guerrillas, paramilitares y bandas criminales se han peleado este puerto nariñense considerado el santuario cocalero de Colombia. Sus numerosos esteros, selvas tupidas y ríos que desembocan en el océano Pacífico, lo convierten en la ‘joya de la corona’ del narcotráfico. Como afirma el sacerdote Arnulfo Mina, encargado de la Diócesis, “desde Tumaco se llega a cualquier parte del mundo”.
Por ello ese municipio es el llamado a dar ejemplo sobre la efectividad de los programas de sustitución de cultivos ilícitos que promueve el gobierno, pactados en los puntos uno y cuatro del acuerdo de paz firmado en La Habana. Por ahora, es una de las cuatro zonas priorizadas por el Ministerio de Defensa para la erradicación forzosa. Pero este fin de semana se intentará un acuerdo con las comunidades para hacerla voluntariamente.
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Es una política de ‘garrote y zanahoria’. El propio presidente Santos dijo el 28 de febrero, al concluir la tercera sesión del gabinete del posconflicto, que en las regiones donde no logre acuerdos con los campesinos, el gobierno “mantendrá y va a intensificar las labores de erradicación que lidera la fuerza pública”. Este año ya han erradicado 5.000 hectáreas, 424 de ellas en Tumaco y la meta total para 2017 es de 50.000.
Si bien oficialmente en Tumaco hay 16.900 hectáreas sembradas con coca, la cifra podría llegar a 29.000, pues todas las fuentes coinciden en que en las mediciones hay subregistro. En promedio cada hectárea corresponde a una familia con ingresos trimestrales de 4 millones de pesos.
Alrededor de esos cultivos se mueve toda una economía que va desde jornaleros que raspan la hoja de coca hasta caseríos donde se instalan pequeñas ventas, “la migración de raspachines sostiene el comercio veredal”, explicó una mujer que vende almuerzos cerca del corregimiento de Llorente.
En efecto, un buen recolector de hoja de coca que en un día raspa hasta diez arrobas, puede ganarse 70.000 pesos; “mientras que si trabaja en un cultivo de aceite de palma, no le pagan más de 35.000 al día”, explicó Donaldo, un campesino que sembró 10.000 matas de coca en una hectárea.
Célimo Cortés, líder de Recompas, una asociación que agrupa a los 15 consejos comunitarios asentados en Tumaco, advierte que solo en sus territorios se estiman 21.000 hectáreas. Todo ello sin contar los resguardos indígenas y las comunidades campesinas que viven en las 363 veredas del puerto. “Nuestras bases firmaron la carta de intención de sustitución voluntaria, porque en los próximos tres meses se harán las asambleas para definir junto con el gobierno, los proyectos que requiere la comunidad”, argumentó el líder afro.
Walter Aldana, delegado de la Dirección de Atención Integral de Lucha Contra las Drogas, lo corrobora. Según el funcionario, 10.000 familias de Recompas ya firmaron esas cartas. Si eso es así, ¿por qué persisten las protestas?
Básicamente porque 5.000 familias campesinas aún están por fuera del proceso de sustitución voluntaria. Están agrupadas en tres organizaciones (Asominuma, Asoporca y Asocret) que en Tumaco consideran la base social de las Farc y que ahora se aglutinan en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (Coccam), Nariño.
Héctor Escobar, vocero de los campesinos cultivadores de coca resume el problema, “el fondo del asunto es la desconfianza mutua. No podemos firmar una carta de intención cuando el gobierno aún no tiene en el papel los proyectos integrales para garantizar el desarrollo agrario para esas familias que sustituirán los cultivos de coca”, advirtió.
Tanta desconfianza no es gratuita, ya que en Nariño y especialmente en Tumaco, desde hace dos décadas el gobierno viene promoviendo programas de sustitución que fracasaron. Por esas tierras pasaron desde el sonado ‘La Mata que mata’, ‘Nariño sin coca’, ‘Consolidación Territorial’ y el proyecto ‘Plante’.
A la sombra de esos programas estatales surgieron cultivos de cacao, yuca y con mejor resultado la palma de aceite, “pero en el caso del cacao nos quebró la intermediación, el precio no era estable y muchas veces los campesinos se quedaban con sus cosechas porque no tenían vías para sacar el producto”, explicó Ubaldo Obando, presidente de la JAC de la vereda San José.
Briceño, el corazón del posconflicto
Al otro lado del país está a prueba el proyecto de erradicación concertada. Los equipos negociadores del gobierno y las Farc decidieron que Pueblo Nuevo, corregimiento de Briceño, en el norte de Antioquia, era un buen ejemplo del abandono estatal histórico, de la presencia de la guerrilla y de campesinos que, a falta de buena infraestructura, se dedicaron a cultivar hoja de coca. Por esto, pensaron que sería una buena zona para implementar el Plan Voluntario de Sustitución de Cultivos.
Desde noviembre la delegación de las Farc en la zona, conformada por seis exguerrilleros del frente 36, con influencia en Pueblo Nuevo, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y miembros de la comunidad están trabajando en seis mesas temáticas para definir el mejor camino para sustituir cultivos. Las mesas abarcan temas de divulgación y sensibilización comunitaria; infraestructura; tierra, agua y medio ambiente; desarrollo social; desarrollo productivo; seguridad, y una anexa de mujeres.
En palabras de Julián Subverso, de 31 años, zootecnista, casi filósofo, que pertenecía al frente 57 y pasó un año por las comisiones de paz instaladas en La Habana, “este esfuerzo conjunto tiene como protagonista a las comunidades y pretende cambiar el enfoque a lo que siempre ha sido la política la lucha contra las drogas, una política encubierta de ataque a la subversión y a los movimientos sociales, una política punitiva. Se quiere hacer sustitución voluntaria. No llegar con el Ejército y arrancarle las matas al campesino, hay que mirar al campesino como víctima. Como una persona que necesita alternativas de vida. Ese es el enfoque en el que está basado este acuerdo de paz, de sustitución voluntaria”.
En la vereda Pueblo Nuevo, Briceño, Antioquia, funciona el plan piloto de erradicación conjunta entre el gobierno y las Farc. En la foto miembros de ese grupo que lideran el proceso.
Y al hablar con los lugareños, es evidente que todos quieren cambiar sus cultivos ilícitos pero piden garantías, como verdaderos proyectos productivos, seguridad alimentaria e infraestructura, justo lo que nunca han tenido. Así lo dice Ocaris de Jesús Echavarría, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo: “La gente quiere cambiar de cultivos, además porque eso ya no está dando mucho resultado porque las tierras se van acabando de tanto veneno y químico, los cocales se van secando. No queremos más violencia y eso genera solo violencia. Hemos tomado la decisión de tener más tranquilidad y estar más tranquilos en cuestiones de conflictos”.
En las últimas semanas los avances han sido significativos. En las asambleas comunitarias de las veredas La América, El Pescado, El Roblal, Gurimán y Palmichal, la totalidad de las familias se preinscribieron al programa nacional de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según el cronograma, las preinscripciones terminan el 18 de marzo para las 11 veredas que comenzaron con el esfuerzo conjunto, y se espera que se preinscriban alrededor de 800 familias.
Sin embargo, el esfuerzo no será solo para la zona microfocalizada. Se espera que empiecen pronto las preinscripciones para las otras 24 veredas, para que en abril se firme el acuerdo colectivo oficial, encabezado por el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; los delegados de la comunidad y las Farc. En ese momento se iniciarán el proceso de sustitución e implementación de los proyectos productivos, la asistencia alimentaria, las obras de pequeña infraestructura comunitaria, mientras se avanza en la formulación y puesta en marcha del plan integral municipal y comunitario de sustitución y desarrollo alternativo desde las mesas temáticas.
